La disputa entre la administración Trump y un Congreso dividido desencadenó la mayor paralización gubernamental registrada en el país norteamericano
Estados Unidos vivió casi 43 días de cierre del gobierno por falta de recursos, el más largo de la historia por la disputa de republicanos y demócratas para prorrogar el presupuesto. Miles de funcionarios se incorporaron al trabajo pero sin cobrar. Otros siguieron en sus puestos, aunque tampoco percibieron un salario. Y otros tantos fueron enviados a casa hasta el fin del shutdown, como se conoce en inglés el cierre.
Decenas de agencias federales estuvieron suspendidas. Museos, parques nacionales, oficinas administrativas y otros servicios estatales colgaron durante 43 días el cartel de cerrado. La reapertura ahora es escalonada y, en algunos servicios, más lenta de lo esperado.
El bloqueo administrativo afectó a los aeropuertos. A mediados de octubre, el secretario de Transportes, Sean Duffy, ordenó restringir el tráfico aéreo en 40 de los principales centros aéreos del país por la situación de tensión que sufría el sistema ante la escasez de personal.
Miles de controladores de estas instalaciones se ausentaron de sus puestos de trabajo o pidieron bajas médicas durante las seis semanas que duró el cierre. Así que muchos tuvieron que buscar otros empleos para poder pagar la hipoteca de su casa, el colegio de los hijos, la letra del auto o simplemente la comida. En el país más rico del mundo, un alto porcentaje de familias vive al día.
A comienzos de noviembre, más de 4 000 vuelos resultaron retrasados y cancelados. Alrededor de 100 000 viajeros sufrieron algún tipo de incidencia debido al recorte del tránsito aéreo. Entre el viernes y el pasado miércoles se reportaron colas, retrasos y se cancelaron más de 10 000 viajes, con cientos de miles de personas afectadas.

La Administración de Aviación Federal sigue manteniendo oficialmente una reducción del seis por ciento en 40 de los aeropuertos más transitados del país, en tanto los funcionarios federales congelaron los planes para ampliar esas restricciones.
Más allá de estas incidencias, funcionarios de decenas de agencias federales volvieron a la oficina, y los tribunales federales, museos, oficinas y otros servicios restablecieron su actividad. El regreso fue paulatino en algunas agencias.
El Instituto Smithsonian, el complejo museístico, educativo y de investigación más grande del mundo, con 21 instituciones, anunció una apertura escalonada. También la red de parques nacionales recuperó su actividad normal. Aunque la mayoría de los 63 centros mantuvieron las puertas abiertas, muchos de ellos trabajaron con servicios limitados, debido a la falta de personal.
El cierre federal fue consecuencia directa de un enfrentamiento político entre la administración de Donald Trump y el Congreso dividido.
La Cámara de Representantes, bajo control republicano, impulsó un presupuesto que excluye la renovación de varios programas sociales, entre ellos los subsidios de salud de la Ley de Cuidado Asequible (Obamacare). El Senado, con influencia demócrata, se negó a aprobarlo.
Al no alcanzarse una resolución provisional (continuing resolution) antes del 1º de octubre, el gobierno quedó sin autorización legal para gastar, lo que obligó a suspender gran parte de las operaciones federales.


















