La política que Estados Unidos presenta de “presión” contra Cuba sería reconocida de inmediato como asfixia y castigo colectivo si lo padeciera su propia población

Hace unos días, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Estados Unidos a levantar de inmediato las sanciones que se han ido acumulando contra Cuba desde enero, al considerar que “unos regímenes de sanciones tan severos […], indiscriminados y extremadamente gravosos para la población son incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos”.

Türk mencionó algunos datos que ilustran la devastación causada por medidas entre las que se encuentra la amenaza de imponer sanciones punitivas a los países que suministren petróleo: desde la imposición de las restricciones sobre el combustible, la mortalidad infantil se ha duplicado hasta alcanzar 9.9 muertes por cada 1 000 nacimientos, mientras la tasa de supervivencia de los niños con cáncer ha pasado de 85 por ciento a 65 por ciento.

Pero ¿qué ocurriría si Estados Unidos viviera durante semanas un cerco petrolero semejante al que aplica contra Cuba? ¿Qué pasaría si sus hospitales dependieran de generadores con combustible limitado, si las cadenas de frío colapsaran, si las plantas de agua se detuvieran, si las torres celulares quedaran mudas, si todas sus ciudades se quedaran sin electricidad, sin comunicaciones, sin servicios básicos?

Debido a que Cuba se niega a someterse a la Doctrina Monroe –es decir, al proyecto imperial del gobierno de EE.UU.–, las sanciones estadounidenses han condenado a nuestro país a un genocidio lento. Esta situación se desarrolla en tiempo real y los cubanos enfrentan a diario escasez de alimentos, apagones que duran días, epidemias de enfermedades transmitidas por mosquitos y más.

Desde enero de 2026, Washington ha buscado frenar casi todos los cargamentos petroleros destinados a Cuba mediante tácticas coercitivas, incluidas intercepciones de buques por la Guardia Costera estadounidense y amenazas de represalias comerciales contra países exportadores de petróleo. El 29 de enero de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva –en vigor desde el día siguiente– que autorizó la imposición de aranceles adicionales a cualquier nación que suministre petróleo a Cuba. La medida afectó de manera directa el flujo de crudo venezolano y aumentó la presión sobre otros proveedores.

En mayo de 2026, otra orden ejecutiva amplió las sanciones a personas y entidades vinculadas con los sectores energético, minero, de defensa y seguridad de Cuba, así como también a quienes brinden apoyo material, financiero o tecnológico al gobierno cubano o a individuos previamente sancionados. A continuación de esta medida, llegó el anuncio de enjuiciar al líder Raúl Castro y de nuevas sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra altos funcionarios e instituciones cubanas.

El discurso del alto comisionado Türk refuerza el mensaje del ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez, quien denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU las medidas de la Casa Blanca como “una agresión unilateral sin precedente y sin justificación alguna”, con las que Trump pretende obligar a todos los estados a participar “en contra de su voluntad en sus políticas atroces contra Cuba”. La comunidad internacional debe atender el llamado del canciller Rodríguez a movilizarse para evitar una catástrofe humanitaria generada por un bloqueo manifiestamente criminal. La aquiescencia con la agresión trumpista no solo significa dar la espalda a millones de víctimas; igualmente incrementa el riesgo de que otros pueblos sean condenados.