Dina Boluarte solo cuenta con siete por ciento de aprobación, los peores datos en 20 años para un mandatario peruano, pero ha conseguido blindarse en el cargo gracias a que hipotecó su gestión a las fuerzas ultraconservadoras en el Congreso

Perú vive un nuevo capítulo de su larga crisis política con la presidenta Dina Boluarte en el ojo de la tormenta, sometida a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que activó pedidos de renuncia en el Parlamento y protestas en contra de su impopular gobierno.

En los últimos seis años Perú ha tenido seis presidentes y aún no se recupera de la recesión económica de 2023, sufre la peor epidemia de dengue de su historia, experimenta un incremento de la delincuencia y la pobreza extrema se incrementó de cinco por ciento en 2022 a 5.7 el pasado año. Cifras que evidencian un retroceso no solo en relación con el año anterior, sino con la crisis sanitaria de 2020, durante la pandemia de covid-19.

Boluarte llegó al poder en julio de 2021, como vicepresidenta y ministra del presidente Pedro Castillo. En diciembre de 2022 se convirtió en mandataria, sucediendo a Castillo, destituido por el Parlamento y sacado abruptamente por la derecha de toda la vida política, y puesto en la cárcel, donde todavía está encerrado. 

Antes de 2021 era una modesta funcionaria de una oficina de registro de identidad. Hoy es la primera mujer que dirige esa nación andina y, por no contar con una mayoría parlamentaria, hipotecó su gestión a una coalición de partidos de extrema derecha, a los que permite todo tipo de privilegios.

Con un índice de aprobación de siete por ciento, es además objeto de una investigación de la Fiscalía General por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar bienes en agravio del Estado. La mandataria presuntamente no consignó relojes de lujo, joyas, ni un depósito por 400 000 dólares en su declaración de ingresos y bienes que están obligados a hacer todos los funcionarios.

La pesquisa se inició luego de que el programa periodístico local “La Encerrona” difundió, el 14 de marzo último, un reportaje que mostraba cómo la mandataria usaba públicamente varios relojes, en especial uno marca Rolex, cuyo costo triplica su sueldo mensual de 4 200 dólares, además de pulseras de oro con diamantes, anillos y collares. La ley indica que un funcionario está obligado a declarar joyas cuyo precio sobrepase los 2 791 dólares. La saga de escándalos tras las investigaciones siguió hasta su hermano y su abogado, a quienes un equipo especial de fiscales detuvo de manera preliminar, por espacio de 10 días.

A Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda se les imputan los cargos de organización criminal y tráfico de influencias en la designación de subprefectos para financiar una red criminal y a su vez lograr la recolección de firmas para la inscripción de un partido político. Ante tanta escaramuza, los protegidos partidos de derecha del Parlamento rechazaron dos pedidos para destituir a Boluarte.

Promovidas por un bloque de fuerzas de izquierda, las resoluciones no alcanzaron los 48 votos necesarios para pasar al debate. Otro grupo de congresistas de oposición, en su mayoría de izquierda, presentó una moción de vacancia (destitución) contra ella, por supuesta incapacidad moral para ejercer el cargo, pero tampoco fructificó.

Afincada en esa estabilidad que le brinda la bancada ultraderechista a la que vendió su alma, hace tres días Boluarte ratificó su intención de gobernar hasta 2026, pese al asedio de investigaciones del ministerio Público y al rechazo masivo de la población que reflejan las encuestas, pero que ella desdeña.

En un discurso aludió a las indagaciones y críticas que afronta y dijo: “Aquí estamos firmes, fuertes y dignos, nada nos va a distraer para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro querido Perú”.

“Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio del 2026, porque así el pueblo eligió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe respetar”, aseveró.

Con ella, son seis los presidentes implicados en casos de corrupción en el último cuarto de siglo. En apenas ocho años, seis mandatarios se asentaron en el Palacio de Gobierno y protagonizaron la peor ola de inestabilidad de la historia moderna peruana.

Igual que en los casos anteriores, y si la fiscalía decide acusarla formalmente, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, aun cuando los investigadores encuentren motivos fundamentados para hacerlo. Así lo fija la Constitución.