Tardíamente el demócrata cumplió la promesa que hiciera al asumir su función de jefe de Estado

El 14 de enero de 2025, a pocos días de concluir su mandato, el presidente Joe Biden retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La Casa Blanca argumentó con la ausencia del apoyo antillano a actividades extremistas en los seis meses previos y las garantías de no hacerlo en el futuro.

La secretaria de Prensa, en una nota simultánea, hizo referencia a esta medida y a otras acciones que la administración adoptó bajo el auspicio del papa Francisco y la Iglesia Católica. En paralelo, La Habana anunció la liberación de 553 personas sancionadas por diversos delitos.

Esta decisión revirtió la inclusión ordenada por Donald Trump en enero de 2021, que tuvo un alto costo humano. La política representaba un retroceso respecto al gobierno de Barack Obama, quien en mayo de 2015 retiró a Cuba del registro, donde había sido anotada por primera vez en 1982, bajo la gestión Ronald Reagan.

La necesidad de salida se acentuó tras el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en diciembre de 2014 y la visita de Obama a La Habana en marzo de 2016. No supuso el fin del bloqueo, pero abrió la posibilidad de un nuevo marco de vínculos en el que, por primera vez, se permitió el libre envío de remesas y los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba. Ambas, entre otras, devinieron balón de oxígeno para nuestra economía, mermada por el castigo financiero, tecnológico y mediático impuesto desde el exterior.

La presidencia de Donald Trump, iniciada en enero de 2017, estuvo marcada por una política de máxima presión hacia nuestro país y estuvo influenciada por el poderoso lobby de Miami. Su administración frenó el proceso de impulsado por Obama mediante el Memorando de Seguridad Nacional 5 (posteriormente rescindido por Biden). Esta directiva intensificó la regulación económica y apuntó a sectores como el de la salud. Además, ordenó el cierre de la legación de Washington en La Habana, bajo el argumento de «ataques sónicos» a su personal y activó el Título III de la Ley Helms-Burton, por el cual las empresas o ciudadanos de Estados Unidos demandan a cualquier firma o particular que realice negocios con propiedades nacionalizadas por Cuba tras la Revolución.

La decisión de Biden podría revertirse. Las presiones del Congreso republicano y la postura dura del Departamento de Estado en el primer mandato del magnate sugieren una alta probabilidad de que la nueva administración reinstaure la etiqueta de «promotor del terrorismo» a Cuba e incluso amplíe la lista de países sancionados. En declaraciones recientes, el designado secretario de Estado, Marco Rubio, insinuó que la decisión de Biden no es irreversible, y la calificó como «no vinculante». 

Una etiqueta a conveniencia

La justificación para incluir a Cuba como nación terrorista durante la Guerra Fría se basa en la solidaridad que brindó a grupos de resistencia y revolucionarios en América Latina y África. Estos movimientos luchaban en sus respectivos territorios por la justicia social, la liberación nacional o en contra del apartheid. Mientras, el país era víctima, precisamente, de acciones terroristas perpetradas por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, a través de miembros de la emigración cubana como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, o mercenarios de terceros territorios: desde bombas en hoteles hasta en un vuelo de Cubana de Aviación que explotó en el aire en 1976 y provocó el asesinato de 73 personas, conocido como crimen de Barbados. Además, se registraron intentos de envenenamiento y plagas en los cultivos, con productos lanzados desde avionetas procedentes de Miami, así como más de 600 planes de asesinato contra Fidel Castro.

En la actualidad, tres naciones acompañaban a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo: Siria, desde diciembre de 1979; Irán a partir de enero de 1984 y Corea del Norte desde noviembre de 2017. Parece evidente que la premisa para que EE.UU. incorpore a otros territorios tiene que ver más con sus intereses geopolíticos que con los hechos en sí.

Geopolítica en juego

Tras la caída del campo socialista en Europa del Este, Cuba se presenta como un desafío ideológico y un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, en tanto es aliada de los principales retadores hegemónicos de Washington. Solo ello explica que la nación siga padeciendo un bloqueo, decretado oficialmente en 1962 pero con antecedentes desde 1960, que asfixia la macro y la micro economías. La administración Obama vino a constatar y a reconocer, parcialmente, este anacronismo, pero, seguramente, no lo hizo tanto por cuestiones humanitarias sino para responder a las presiones existentes en su propia casa. De hecho, organizaciones que agrupan a congresistas, ONGs y grupos empresariales estadounidenses, como el Consejo Nacional de Comercio Exterior, impulsaron durante años un cambio en la política hacia Cuba. Su objetivo es que Estados Unidos levante las restricciones y permita el despliegue del potencial comercial y de intercambios científicos, tecnológicos, turísticos, estudiantiles y culturales entre ambos países.

El regreso a la Casa Blanca de un Donald Trump recargado, en un contexto en que la ultraderecha mundial parece reforzada y lista para imponer su agenda sin restricciones, sugiere que la ofensiva contra los bastiones ideológicos de ese otro mundo posible que aún persiste, como es el caso de Cuba, podría intensificarse. La designación de Rubio como secretario de Estado y de Claver-Carone como enviado especial para América Latina de dicho departamento permite intuir una continuidad en la estrategia de asfixiar a Cuba mediante la máxima presión. No obstante, el ámbito de la realpolitik y las transformaciones en el orden geopolítico podrían dar lugar a escenarios inesperados.