Lilian Knight Álvarez | Delia Reyes García

Abril de 2011. El habanero Palacio de Convenciones acogía el dilatado VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y se concretaba en su plenario la discusión final de los llamados Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

El texto, previa y ampliamente debatido por la población, encauzaría la actualización del modelo de desarrollo socioeconómico, e incluía en su articulado el reconocimiento de una nueva forma de gestión no estatal: la cooperativa no agropecuaria (CNA).

Si bien existía ese tipo de propiedad en Cuba desde la década del 80 –amparada en el Código Civil–, no fue hasta este Congreso que se habló de su extensión fuera del ámbito agrícola. En consonancia, a finales de 2012 se aprobó el Decreto-Ley 305, que –de modo “experimental”– reguló su implementación, sujeta a posteriores modificaciones y a una posible aplicación en otros ámbitos.

A pesar de la norma y a la voluntad, las primeras CNA empezaron a funcionar casi un año después y lo hicieron marcadas por la deformidad tanto del mercado como de los principios del cooperativismo universal (muchas fueron inducidas, limitadas en su autonomía y sustentabilidad).

Avanzada

El stand del recibidor ya no admite más diplomas y reconocimientos. Varios de esos lauros –como el premio Giraldilla a la Calidad– están lejos del alcance de algunas empresas estatales de la construcción, quizás porque Arconst lleva casi nueve años divulgando el “arte de construir”.

Si bien hoy la empresa tiene un cúmulo de trabajos y contratos significativamente grandes, no fue así al inicio. “Hubo un rechazo total, nadie quería trabajar con las cooperativas, expresa el ingeniero electromecánico, Jorge Revuelta Mayolina, en una esquina de la oficina que, con la presencia de la junta directiva de la empresa y del equipo de BOHEMIA, ha quedado chica.

El también jefe de Producción agrega que apenas les permitían licitar por un contrato y muchos ni los recibían. “Lo cual es absurdo. No solo porque como forma de gestión fuimos permitidos y reconocidos desde la dirección del país, sino porque también somos regidos metodológicamente por el Ministerio de la Construcción (Micons)”.

Todavía a Rolando Guevara Muñiz, arquitecto y presidente de la CNA, le cuesta abrirse a los medios, precisamente porque en esos comienzos, la atención de la prensa provocaba una fiscalización por parte de organismos rectores, a su juicio excesiva.

“Llegamos a tener dos entidades inspeccionándonos a la vez por un plazo de dos meses. No entendían cómo una empresa como la nuestra podía funcionar bien, obtener dividendos, suplir necesidades de los socios y generar impacto en nuestros clientes y la comunidad”, afirma. Los resultados investigativos fueron los mismos, invariablemente: la cooperativa era ejemplo dentro de la gestión empresarial.

Algo similar, o peor, vivieron los socios de GʼObras, dedicada igualmente a la ejecución de labores constructivas, la elaboración y comercialización de materiales. Desde su constitución, en 2015, superaron nueve auditorías, una de ellas con más de seis meses.

Trabajadores de ambas entidades enumeraron parte de las contradicciones en los comienzos. Para empezar, los procesos de aprobación eran bastante dilatados y la legislación contradictoria, existían muchas dificultades para acceder a insumos y al mercado mayorista porque se favorecía a las empresas estatales. Tampoco podían insertarse en el mecanismo de distribución de Comercio, importar o exportar a pesar de tener personalidad jurídica, comenta Yuri Fuentes Labrada, vicepresidente de G’Obras.

Si bien hubo prejuicios y dificultades en la gestión cooperativista, la continua inspección por parte de instituciones estatales respondía a la aparición de distorsiones en el funcionamiento. Así lo consideran Johana y Silvia Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación y profesora de la Facultad de Economía, respectivamente. Ambas, unidas por la sangre, los números y el anhelo por las tasas de crecimiento y la prosperidad de la nación.

“Pasó que muchas entidades de este tipo se metieron en el ropaje de cooperativas sin serlo, solo para quitarse al Estado de encima –en parte porque no existía otra forma no estatal con personalidad jurídica–. En esencia, era un socio funcionando como dueño, con muchos empleados”, advierte Johana, en exclusiva a BOHEMIA.

En un trabajo publicado por Cubadebate, Silvia añade: “hubo excesos en el mecanismo de contratación de trabajadores externos en labores habituales de la cooperativa que generaban valor; y asociados que no se sentían como tal por su limitada participación en la toma de decisiones y asambleas generales”.

Quizás lo que más preocupó a las autoridades fue el lucro “desmedido” que obtuvieron algunas cooperativas, gracias al esquema de cambio de CUC a MN, al uno por 24, entretanto las empresas estatales seguían al uno por uno.

“Cuando usted veía las ganancias que tenían (las CNA) no era porque tuvieran muchas más obras, ni más calidad ni más trabajos, sino por la tasa de cambio. Llegó un momento en que fue insostenible, al ver que podía ganar tanto allí, la gente dejaba la empresa estatal”, acota Johana.

Sin embargo, reflexionan los entrevistados, la dualidad cambiaria y monetaria era resultado de las distorsiones económicas a nivel de país, nada tenía que ver con el trabajo de las cooperativas. Ese entorno financiero, si bien beneficiaba al sector no estatal en el momento del cobro, también lo afectaba a la hora de comprar insumos necesarios para su actividad. Al final, pagaron justos por pecadores; se botó el sofá. La opción fue restringir y detener, en vez de analizar y flexibilizar.

Paréntesis

La emblemática Casa Potín, justo en la esquina de Línea y Paseo, dejó de ser gestionada por una entidad estatal desde 2013. Fue de las primeras CNA del Comercio y la Gastronomía. Al mediodía, el ajetreo de los transeúntes, y la cantidad de ómnibus y autos que pasan por delante, contrasta con el corto número de comensales que se aventura a beber o almorzar allí.

Tania Cano Méndez, la presidente de la CNA, aprovecha el momento de poca afluencia para recibirnos en su oficina, que es también almacén y cuarto de descanso en noches de trabajo extra. “Entré como gastronómica en 2015 –procedente del Ministerio del Turismo–, con la aspiración de revolucionar un servicio viciado de malos hábitos. Eso no agradó mucho al personal, de modo que me hicieron cosas que… si le digo… Me echaban cucarachas y moscas en las comidas para que no pudiera vender…, en fin”.

Aún con visible contrariedad, sigue narrando que en agosto de ese propio año la cooperativa cerró porque no había financiamiento para comprar y los préstamos bancarios absorbían sus ingresos. Pero nadie sabía de la deuda de dos millones de pesos.

El presidente de entonces renunció. El vice, que era un hombre mayor y enfermo, propuso a Tania para la dirección. A esas alturas, ella había logrado contagiar al colectivo con sus bríos y era secretaria sindical. Tania y sus socios afrontaron la quiebra, renegociaron con el banco y los proveedores, repararon el inmueble, ahorraron y difundieron sus servicios en la comunidad. Se armó “un colectivo con muchos deseos de trabajar, que levantó la cooperativa sobre la base del sudor de la frente de los cooperativistas”.

No obstante, la Casa Potín sigue luchando contra problemas –comunes a otras empresas del sector– que no la dejan avanzar. Los equipos son viejos, los suministros escasos y sin variedad, la capacidad de refrigeración pobre; y justo cuando tenían proyecciones de invertir para crecer y mejorar, llegó la pandemia y mandó a parar. La Casa perdió la mitad de sus socios.

Otro sector con representación en el listado de las CNA, desde 2013, es el del Transporte, aunque la dinámica de sus entidades responde a otras regulaciones y rutinas.

En La Habana, después del confinamiento por la pandemia, los carros y microbuses de las cooperativas Taxis Ruteros 1 y 2 (de cinco pesos) se ven cada vez menos. Los choferes, aunque deben estar sujetos a rutas específicas, suelen escaparse a otras más cortas o rentables por el número de pasajeros en tramos cortos. Ciertamente, parte de los vehículos de estas cooperativas está rota, teniendo en cuenta que muchos tenían, desde el inicio del arrendamiento, más de cinco años de explotación.

Esto implicó que los choferes debieran costear grandes reparaciones desde ese comienzo, pues en el taller de la cooperativa han escaseado las piezas de repuesto, comenta uno de los choferes de la ruta del paradero de Playa, que prefiere quedarse anónimo. Apremiado por el tiempo, el taxista evita ahondar, pero revela su descontento ante la imposición del reglamento o la insuficiente defensa de sus derechos por parte de la junta directiva.

Además del servicio de transportación en zonas urbanas o rurales, las CNA del sector han incursionado en la chapistería, pintura, tapicería, cristalería, el fregado, montaje de sistema de electricidad y clima, en general se ven afectadas por la falta del tan reclamado mercado mayorista.

De vuelta a las plomadas

Ante las irregularidades en el funcionamiento y la gestión de algunas cooperativas de la construcción, el Micons envió en 2017 las Orientaciones sobre el perfeccionamiento del funcionamiento de las CNA. Destinado a los presidentes, el texto imponía el cese en la contratación de trabajadores asalariados para actividades comprendidas dentro del objeto social, la prohibición del aumento del número de socios, la limitación de las labores secundarias derivadas, la restricción a tres veces de la proporción entre el ingreso más alto y el más bajo, así como del rango de acción de la cooperativa (solo en la provincia donde tenga el domicilio social).

El documento, que se amplió luego con el Decreto-Ley 366 de 2018, no solo se oponía a lo planteado en el Reglamento de las Cooperativas No Agropecuarias y la Resolución 134/2013 del Ministerio de Economía y Planificación, sino que despreciaba la realidad de muchas provincias que se beneficiaban del flujo de fuerza laboral ante la inexistencia de CNA en sus territorios o la creciente demanda de recursos humanos.

Por ejemplo, los trabajadores de GʼObras se vieron obligados a quemar o acumular la recortería de madera sobrante luego de elaborar sus puertas y ventanas. Pues aunque pudieran hacer con ella sillas o mesas para la población, las autoridades no les permitían venderlas.

En aquel momento, Yovana Vega Mato, segunda jefa del área de Perfeccionamiento a Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, declaró al periódico Granma que a raíz de las irregularidades detectadas se dejarían de aceptar nuevas cooperativas. Se desistió de “experimentar”.

Otra vez en el laboratorio

Cuatro años después del PARE volvieron a abrirse las puertas a las cooperativas (que, para muchos, es el modo de propiedad y gestión más socialista y democrático). La reapertura llegó de la mano de nuevas normativas: el Decreto-Ley 47/2021, Decreto 49/2021, la Resolución 212/2021 del Banco Central y otras más.

Muchas de las restricciones antes mencionadas fueron superadas, al menos, por la mayoría de las cooperativas, aunque a G’Obras una vez más le costó caro estar en la avanzada. “Teníamos un acuerdo con la Cámara de Comercio de Mérida, en México, donde pretendían hacer el ferrocarril de este a oeste. A ellos les era más fácil llevar nuestros morteros en barco desde el Mariel que atravesar miles de kilómetros hasta la fábrica mexicana más próxima. Pactamos el precio, pero una vez que fuimos a la exportadora para definir el trato, esta entidad exigía cobrarnos un precio superior y, por si fuera poco, quedarse con un elevadísimo por ciento de la venta”, relata Fuentes Labrada.

Si bien, otras entidades, como Arconst, han podido concretar la exportación desde frontera, siguen sin poder enviar fuerzas constructivas a otros países porque la normativa no lo permite.

Otra de las limitantes es el hecho de no definir salario para los asociados, solo pago por concepto de adelanto de utilidades. “Esto implica que ese monto, equivalente al 46 por ciento de nuestros dividendos, no lo podemos incluir como gasto”, comenta Daily Molina Salas, directora económica de Arconst.

En tanto, los de GʼObras encuentran incomprensibles los precios de algunas materias primas. “Una tonelada de cal nos cuesta casi tres veces más que una de cemento. Es absurdo porque el cemento se importa y la cal se hace aquí, en industrias muy deprimidas”, explica Yuri Fuentes.

Otros puntos polémicos surgen alrededor de los préstamos en MLC y la recurrencia –casi obligada– de las formas no estatales al mercado informal de divisas; los altos intereses y el poco tiempo para devolver los créditos; la restricción del número de trabajadores contratados y del tiempo en el que pueden operar; y la prohibición del ejercicio de actividades profesionales a estas formas de gestión, repletas al final de arquitectos, ingenieros y licenciados.

Al decir de Silvia Odriozola, “la cooperativa podría ser el tipo de propiedad más adecuado a esta sociedad por su esencia solidaria, su impronta de economía social, su enfoque de beneficio y prosperidad para todos”.

También por sus prácticas de democracia económica, que pudieran servir de guía para transformar la empresa estatal. Reconocer las oportunidades y potencialidades de las cooperativas implica encontrar soluciones en la Cuba actual. Fomentar su autonomía y su sana competencia con las entidades gubernamentales terminará multiplicando obras y servicios para la nación.

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Gráficos: María Victoria Bahler Vargas