La cifra se menciona como el objetivo de una operación, pero obstáculos logísticos y de financiación ponen en duda que se pueda lograr
El presidente estadounidense Donald Trump tiene una tendencia a agrandar las cifras. Dice “50” e inmediatamente cambia a “100”; todo lo exagera. Desde hace meses, un número ronda sus discursos sobre política migratoria: “Podemos empezar con un millón”, dijo y lo repitió muchas veces. En sus declaraciones públicas, el mensaje ha sido más ambiguo, pero no menos ambiciosos: prometió una y otra vez llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”. Aunque un millón representa solo una fracción de los más de 11 millones de indocumentados en el país, la estadística en un año superaría con creces el promedio de 400 000 deportaciones anuales de Barack Obama.
No obstante, analistas y expertos miran con escepticismo esa cifra redonda, que parece arbitraria, y señalan obstáculos logísticos y financieros que la hacen poco realista. Según fuentes anónimas de la Administración citadas por The Washington Post, el millón de deportados se menciona a diario en reuniones internas. Stephen Miller, asesor senior de la Casa Blanca, presiona al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias para acelerar el proceso. Mas, los datos no mienten: el ritmo de deportaciones en los primeros meses del segundo mandato de Trump sigue por debajo del promedio de Joe Biden, prueba de que expulsar a miles de personas no es tan sencillo.
Para lograrlo, el gobierno busca que el Congreso apruebe una ley que, entre otras cosas, inyectaría fondos masivos a las políticas migratorias. Incluso si el proyecto avanza –algo incierto, por las divisiones en el Partido Republicano–, aún faltaría contratar y capacitar personal, ampliar centros de detención y firmar nuevos contratos. Un laberinto burocrático que no se resuelve de la noche a la mañana.
Otro escollo es la disminución de cruces irregulares en la frontera, que han caído casi por completo, pues la mayoría de las expulsiones han sido devoluciones rápidas. Desde que Trump declaró la emergencia, los encuentros con indocumentados en la frontera han bajado hasta los 7 000 en marzo, la cifra más baja en décadas.
En un intento por eludir este atasco, la Casa Blanca ha recurrido a tácticas como multar con casi 1 000 dólares diarios a quienes tengan órdenes de deportación activas, presionándolos para que opten por la “autodeportación”. Si bien el gobierno asegura que esta modalidad va en aumento, no ha proporcionado datos verificables.
Un giro polémico fue la revocación unilateral del Programa de Permiso Humanitario de Biden para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, una jueza federal bloqueó la medida, dictaminando que la Administración violó procedimientos legales al intentar recortar abruptamente el plazo del proyecto.
Un análisis preliminar del Migration Policy Institute sugiere que, aunque los arrestos se han duplicado (240 000 proyectados este año fiscal), las deportaciones reales (212 000 estimadas) van a la zaga, incluso por debajo de las 271 000 de 2024. Alcanzar el millón parece, hoy por hoy, una quimera. Aunque eso quizá no importe: para Trump, la cifra funciona más como un eslogan que como una meta verificable.
