El Estado cubano debe concentrarse en el desarrollo de atractivos, mientras la operación hotelera se diversifica, aumenta la seguridad jurídica, la descentralización de la comercialización y la creación de Organizaciones de Gestión de Destinos (OGD) con gobernanza mixta

Por. / ALEJANDRO DELGADO CASTRO, RAMÓN MARTÍN FERNÁNDEZ y LISANDRA TORRES HECHAVARRÍA*

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Cuando se analiza el estado actual del turismo en Cuba, se llega rápidamente a la convicción de que el problema de fondo no es únicamente el bloqueo -por devastador que este sea en sus manifestaciones visibles e invisibles-, sino una concepción estratégica que se ha arrastrado durante décadas. Se ha concentrado la mayor parte del escaso capital público en levantar y administrar habitaciones, olvidando que el turismo no se origina en una cadena de hoteles, acaso en la suma de un recurso natural o cultural al que se le añade infraestructura, personal preparado, accesos y promoción.

  Esa concepción inicial, que ha lastrado al sector desde sus mismos cimientos, ha contribuido a la parálisis actual, agravada por la guerra híbrida del gobierno de Estados Unidos y el cerco financiero, pero cuyo núcleo duro —se insiste— debe resolverse con medidas internas, valientes y estructurales.

   A juicio de los autores, el primer giro que necesita el sector es copernicano: el Estado tiene que abandonar su faceta de gran hotelero para asumir el rol indelegable de gestor del destino. Esto implica retirar la prioridad de la construcción y operación directa de hoteles, y compartir el protagonismo en ese espacio con el capital cooperativo, privado y extranjero, así como redirigir todos los recursos fiscales al soporte de los atractivos.

  Carreteras, aeropuertos, servicios públicos y campañas de promoción internacional: eso es lo que el Estado debe financiar, porque es lo que detona la decisión de viaje en el origen. Bajo esta lógica, el inversor no estatal levanta o compra el hotel, mientras el Estado pone el destino en valor y garantiza su sostenibilidad. Se trata de un reparto de papeles que, desde esta perspectiva, multiplica la efectividad de la inversión sin comprometer la soberanía ni la rectoría, y que coloca a cada cual en el lugar donde realmente puede aportar más.

La urgencia de los primeros seis meses

No se puede esperar a que el contexto internacional mejore por sí solo, pues el tiempo juega en contra de la economía cubana y de la credibilidad del destino. La primera fase de rescate tiene que ejecutarse con audacia táctica y, sobre todo, con una concentración geográfica que puede parecer incómoda; sin embargo, resulta imprescindible.

  La Habana y Varadero son hoy los únicos destinos que reciben vuelos internacionales de manera regular y que mantienen una infraestructura funcional. Se propone que el ochenta por ciento de los esfuerzos de comercialización y suministro se orienten hacia esos dos territorios. No se trata de abandonar el resto del país, más bien de aplicar una decisión de supervivencia: los vuelos, excluyendo los procedentes de Estados Unidos, aterrizan casi exclusivamente en la capital.

   Mientras no se recupere la conectividad doméstica y la confianza de las aerolíneas, apostar por paquetes de escala o multidestino desde el Caribe, México y Colombia se configura como la única vía realista para sostener un flujo mínimo de viajeros. El papel del mercado interno en estos esfuerzos y la atención correspondiente son clave en la continuidad de funcionamiento de las instalaciones turísticas.

  A fin de saltar el bloqueo financiero, se defiende una solución asimétrica, acorde con la naturaleza de la contienda económica que se libra: autorizar y blindar jurídicamente la creación de entidades fiduciarias o privadas en el exterior. Esas entidades concentrarían los cobros con tarjetas y emplearían los fondos fuera del alcance del cerco bancario para adquirir directamente insumos, combustibles y repuestos destinados al sector.

  Internamente, el Banco Corporativo Turístico Digital, previsto en las recientes medidas de la Asamblea Nacional, debería operar ya con criptoactivos y divisas, liquidando las operaciones locales sin exponerse al sistema tradicional de transferencias internacionales, que se encuentra prácticamente bloqueado.

  Es una medida de guerra, sí, mas en una guerra económica todo recurso lícito es válido si se sostiene sobre un marco legal sólido y se protege de interpretaciones burocráticas.

  Otra apuesta inmediata, y quizás la más revolucionaria en el corto plazo, consiste en la promoción y puesta en marcha de cooperativas de gestión hotelera. Amparadas en contratos de administración y comercialización a cinco años, que mantengan la propiedad estatal del inmueble, todas las operaciones —cobros a turistas, pagos a proveedores, salarios e impuestos— se realizarían exclusivamente en moneda convertible o en dólares estadounidenses, lo que eliminaría de un plumazo la engorrosa y costosa transición del peso cubano y la moneda libremente convertible.

   El gestor cooperado asume el riesgo operativo y encuentra un incentivo directo en divisas; el Estado, por su parte, percibe un canon cierto sin necesidad de subsidiar pérdidas recurrentes. Si el marco jurídico protege esta fórmula de las interferencias burocráticas y de los vaivenes administrativos, puede convertirse en el salvavidas que el sector necesita para no hundirse definitivamente.

   A tono con lo anterior, es preciso estudiar la conveniencia del fomento de otras formas de gestión cooperativa que se destinen al consumo y también el desarrollo de atractivos. En escenarios de crisis pueden contribuir al fortalecimiento de la demanda y al crecimiento de la oferta, partiendo de un principio cooperado de participación en el desarrollo. Se corresponden, además, con el fomento del tipo de operación que se piensa debiera primar en el entorno cubano, de la mano de la gestión y operación comunitarias. Otros trabajos explorarán estas posibilidades.

La seguridad jurídica como pilar estructural

Superada la emergencia inmediata, la segunda fase, que abarcaría hasta el decimoctavo mes, se centra en crear la seguridad que reclama el capital nacional y extranjero. Aquí se debe ser tajante: sin un Registro Turístico Nacional sustentado en tecnologías, como las cadenas de bloque (blockchain), no habrá inversión extranjera seria ni de largo aliento.

  Solo un sistema inmutable, descentralizado e inviolable puede eliminar la corrupción, la doble venta de activos y la arbitrariedad administrativa que han frenado históricamente los flujos de capital en otros espacios.

  Convertir los activos en «capital vivo», susceptible de ser utilizado como garantía bancaria y como prenda para financiamientos, es la única manera de atraer los recursos que el Presupuesto del Estado no está en condiciones de aportar.

  Sobre esa base de certidumbre absoluta, se defiende la conversión en sociedades anónimas de la planta hotelera estatal. Transformar las empresas actuales en sociedades mercantiles por acciones, donde la diáspora cubana, las PyMEs y el capital extranjero puedan participar con voz y voto, salvo en aquellos activos considerados estratégicos como puertos o marinas de alta significación. No se trata de una privatización salvaje: se considera una capitalización inteligente sin endeudamiento público y con un claro alineamiento con las prácticas de gobernanza corporativa internacionales, que exigen transparencia y rendición de cuentas a todos los actores.

Descentralizar para respirar y competir

La tercera parte del argumento que se sostiene es la descentralización profunda de todas las actividades de viajes en el destino. Se propone eliminar el monopolio estatal sobre la comercialización y los servicios auxiliares, de forma tal de que se autorice agencias de viaje ciento por ciento privadas o extranjeras, guías turísticos independientes y flotas de rent-a-car en manos no estatales.

   El MINTUR debe reservarse exclusivamente la función rectora, normativa y fiscalizadora, pero las empresas y cooperativas necesitan oxígeno para operar: acceso directo al mercado cambiario y a la importación de insumos sin las trabas arancelarias y burocráticas que hoy las asfixian. Solo así se podrán generar experiencias de autor, diversificando la cartera de productos más allá del tradicional sol y playa, y aprovechando el inmenso capital cultural e histórico que atesora el país.

El destino como proyecto colectivo y de largo aliento

A largo plazo, se considera imprescindible que el Estado alimente un Fondo Nacional de Infraestructura Turística con los ingresos obtenidos por la venta de activos estatales y con los impuestos específicos que grave al sector. Esos fondos tienen que permanecer anillados; es decir, blindados constitucional o legalmente frente a otras urgencias presupuestarias, con destino exclusivo a la reparación de carreteras, mantenimiento de aeropuertos regionales, restauración del patrimonio histórico y natural, y la protección de los frágiles ecosistemas de arrecifes y bosques.

  El turista no paga por comer y dormir en otro lugar, sino por el entorno que lo acoge; preservar ese entorno y ponerlo en valor es la misión esencial que le corresponde al Estado en el nuevo modelo.

  Las Organizaciones de Gestión de Destinos (OGD), mencionadas en las medidas de la Asamblea Nacional, deberían constituirse como sociedades de gobernanza mixta, integrando al gobierno local, los hoteles, restaurantes, entidades formadoras, entidades de gestión de atractivos, entidades de ocio, la representación de las comunidades, los guías y los transportistas.

  El sector privado debe tener voz y voto reales en estas instancias, de modo que el turismo deje de ser un enclave extractivo controlado desde La Habana y se transforme en un proyecto de desarrollo territorial compartido. Para financiar estas OGD se propone la implementación de una tasa de sostenibilidad, que se cobre de forma integrada a través de las interfaces de programación de plataformas de reserva, cuyos fondos se transfieran directamente a las OGD, sin pasar por el Presupuesto Central.   

   El territorio recibirá y gestionará los recursos que genera, internalizando así los costos ambientales y sociales de la actividad. Sobre la cualidad de estas OGD, su estructura, composición y funcionamiento volveremos en una próxima entrega.

   En el plano laboral, se sostiene que resulta indispensable eliminar los topes salariales y establecer una remuneración directa en divisas a todos los trabajadores del sector, desde los guías hasta el personal de limpieza y mantenimiento, vinculando una parte significativa de sus ingresos a la captación de divisas y a la calidad objetiva del servicio prestado.

  El Estado cofinancia, en alianza con universidades y otras entidades formativas, la capacitación y formación continua que exige un estándar de clase mundial, de modo que evite que el personal cualificado emigre a otros sectores u otros países.

  Por último, la responsabilidad social no debe ser una carga burocrática más, tiene que ser un incentivo fiscal tangible con el que las empresas turísticas, tanto estatales como privadas, adopten programas de apoyo a comedores comunitarios, transporte social o mantenimiento de áreas verdes en sus comunidades de influencia, en sintonía con el Eje 8 de las medidas de la Asamblea.

  Solo cuando el residente local percibe el turismo como una fuente de bienestar colectivo y no como una molestia cotidiana o una presa a depredar, el destino se vuelve sostenible en el sentido más amplio y profundo del término.

Conclusión: la encrucijada histórica

Las 176 medidas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular ofrecen el andamiaje legal y macroeconómico necesario con el  cual romper las ataduras del modelo actual: abren la puerta a la propiedad privada, a la inversión extranjera, a la dolarización parcial y al funcionamiento de mecanismos de mercado. No obstante, las leyes, por sí solas, no llenan hoteles ni reparan aeropuertos.

  A entender de los autores, la reactivación real exige integrar la urgencia táctica —las cooperativas de gestión en dólares, las fiduciarias externas para esquivar el bloqueo— con la visión estratégica de un Estado que abandona el mostrador de recepción con el propósito de diseñar y promocionar el mapa del destino.

  Si se logra ejecutar esta transición, pasando de la distribución centralizada de recursos a la garantía de la certidumbre jurídica, la inversión en infraestructura de soporte y la promoción internacional agresiva, el turismo dejará de ser un elemento de incertidumbre en el panorama nacional que se convertirá en locomotora de la recuperación, generando las divisas y los encadenamientos productivos que el resto de la economía necesita urgentemente a fin de sobrevivir y prosperar.

 Esa es la convicción que se deriva del análisis y, sin duda, el único camino posible para no perder la batalla por la conectividad y la credibilidad. El tiempo corre, los competidores en el Caribe no descansan y el turista, que es el dueño último de la decisión, no espera. Queda en manos de los tomadores de decisiones asumir este desafío con la altura histórica que la hora exige.

  Posterior a la culminación de este artículo, y en parte debido a la participación de sus autores, algunas de las medidas sugeridas están siendo tomadas en cuenta y publicadas las normativas correspondientes. Los autores agradecen la posibilidad de acompañar en estos procesos.

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•  *Alejandro Delgado Castro es Profesor Titular, Facultad de Turismo, Universidad de La Habana.

• Ramón Martín Fernández es Profesor Emérito, Facultad de Turismo, Universidad de La Habana.

• Lisandra Torres Hechavarría es Profesora Titular, Decana, Facultad de Turismo, Universidad de La Habana.