¿Cómo bajar los precios y la inflación para diciembre de 2026?

Próximos al Fin de Año, se lanzan propuestas por un cierre digno que merecen todos los cubanos de la mano de la preocupación constante de toda la población. BOHEMIA les acerca a un especialista


Después de un 2026 tan duro, todos merecemos llegar a diciembre con un respiro económico. No es un lujo: es dignidad. Y sí se puede, porque ya lo hemos visto funcionar en varias zonas del país cuando hay voluntad y organización. Aquí van algunas ideas que pueden aplicarse rápido.

Cuba cierra el año con una presión inflacionaria que no admite más esperas. Según la ONEI, los precios subieron un 24,85 por ciento entre enero y septiembre, y la inflación interanual llegó al 28,44 por ciento. El salario mínimo, que subió a 3.210 pesos en julio, todavía no alcanza para cubrir la canasta básica. El rubro que más empuja hacia arriba es Alimentos y bebidas no alcohólicas: en enero su efecto sobre el índice general fue de 44,32 y en septiembre más del 73 por ciento de la variación mensual.

Desde el marxismo-leninismo, la inflación no se combate con paños fríos monetaristas ni con liberalización indiscriminada de precios. Se combate atacando sus causas estructurales: la brecha entre el dinero que circula y los bienes que se necesitan comprar, la baja producción nacional, la dependencia de importaciones y la especulación que medra con la escasez. Las propuestas que siguen son prácticas, realizables a corto plazo y pensadas para bajar precios de verdad, sin renunciar a la planificación socialista ni a la justicia social.

Aumentar la oferta: producir más y abaratar la cadena

La causa más inmediata del alza es simple: hay menos productos disponibles frente a una demanda que no cesa. La economía cubana depende de importaciones de buena parte de alimentos e insumos, y cuando la producción agropecuaria cae, el precio sube enseguida. Por eso la primera batería de medidas tiene que concentrarse en aumentar la oferta lo antes posible.

Movilizar ya la agricultura urbana, suburbana y familiar, con precios topados en puntos de venta directa

Los organopónicos y huertos intensivos han demostrado que pueden vender entre 5 y 20 pesos más barato que otros puntos, y que la venta sin intermediarios permite precios accesibles. Con vista al último trimestre de 2026 cada municipio debe activar un punto de venta directa del productor en las cabeceras provinciales, con una lista de precios máximos de las hortalizas, granos y viandas. El control obrero y popular —a través de los Consejos de Defensa y las organizaciones de masas— debe verificar que esos precios se cumplan.

Eliminar intermediarios en la cadena de comercialización estatal y cooperativa

La experiencia de la agricultura urbana muestra que cuando el productor vende directamente, el precio final baja. Se debe establecer por resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que para los productos de la canasta básica no subsidiada la comercialización mayorista estatal no cobre más de un margen fijo y público, y que las formas de gestión no estatal que intervengan en la cadena declaren sus márgenes ante la autoridad municipal de precios. Todo margen que multiplique por 2,5 veces o más el precio de origen debe considerarse abusivo y especulativo, y sancionarse.

Usar el encadenamiento productivo local a fin de sustituir importaciones de insumos críticos

La importación de fertilizantes y piensos ha caído a niveles críticos, lo que encarece la producción nacional. Se propone que las empresas estatales y cooperativas reciban financiamiento en CUP a tasa preferencial para producir localmente fertilizantes orgánicos, piensos alternativos y envases, con la condición de trasladar la reducción de costos a los precios finales. El ahorro de divisas por sustitución de importaciones debe destinarse a un fondo de estabilización de precios de alimentos.

Control popular y planificación de precios, no liberalización especulativa

El marxismo-leninismo enseña que el tope de precios solo se justifica cuando la especulación y la escasez amenazan el acceso popular a bienes esenciales, pero siempre subordinado a aumentar la oferta y fortalecer la planificación. No se trata de congelar toda la economía, sino de planificar los precios de los bienes de consumo básico con participación de los trabajadores.

Canasta básica normada con precio único nacional y control obrero

Para un grupo de 15 a 20 productos (arroz, frijol, azúcar, aceite, huevos, carne de cerdo, pollo, leche, papa, viandas, hortalizas de alto consumo) se debe fijar un precio máximo minorista de referencia calculado sobre la base de los costos de los productores más eficientes, no de los más ineficientes. Los sindicatos y los consejos de trabajadores deben integrarse a las comisiones municipales de precios que verifiquen las fichas de costo y denunciar distorsiones.

Trazabilidad obligatoria de precios en la cadena importación–mayorista–minorista

Cada producto de la canasta básica debe llevar una ficha pública de precio que indique el costo de importación o producción, los márgenes aplicados y el precio final. La ONEI y las direcciones municipales de Finanzas y Precios deben publicar mensualmente los precios promedio por provincia, de modo que la población pueda comparar y ejercer control social.

Sanción efectiva y pública de la especulación

Los precios que crezcan 2,5 veces o más entre el productor o importador y el consumidor final deben investigarse de oficio. Las sanciones deben incluir decomiso de mercancías, multas proporcionales al margen abusivo y publicidad de los nombres de los infractores reincidentes. Esto no es una medida “estalinista”, sino una aplicación del principio socialista de que el interés colectivo prevalece sobre la ganancia individual ilícita.

Política monetaria y fiscal: retirar liquidez sin asfixiar al pueblo

El exceso de liquidez en CUP que no encuentra respaldo en bienes es uno de los motores de la inflación. Pero la reducción de liquidez no puede hacerse a costa del salario y del consumo popular.

Dejar de financiar el déficit fiscal con emisión monetaria inorgánica

Esta es una necesidad desde el marxismo, no una concesión al neoliberalismo: el dinero sin respaldo productivo se deprecia y golpea a los trabajadores. El déficit debe financiarse con impuestos progresivos (gravando más las ganancias extraordinarias de actores no estatales y los consumos suntuarios) y con crédito interno captado a través de bonos de la deuda pública suscritos voluntariamente por la población, usando tasas atractivas y exentas de impuestos.

Estabilizar el tipo de cambio con un mercado cambiario oficial transparente

La depreciación del peso encarece directamente los productos importados y los insumos de la producción nacional. Se debe acelerar la puesta en marcha de un mercado cambiario oficial, ordenado y transparente, donde el Estado intervenga con sus reservas con el propósito de evitar saltos bruscos, y se persiga con severidad la manipulación del tipo de cambio informal. Un peso más estable es un escudo para el salario y los precios.

Impuesto temporal a las ganancias extraordinarias de la comercialización

Mientras persista la brecha entre precios mayoristas y minoristas se debe aplicar un impuesto del 30 al 50 % sobre los márgenes que superen el promedio del sector, con destino exclusivo a un Fondo de Estabilización de Precios de la Canasta Básica. Este fondo subsidiaría temporalmente el precio de los alimentos de mayor peso en la dieta popular, no para engrosar el presupuesto general.

Salario, subsidios y poder adquisitivo: defender el ingreso popular

El aumento del salario mínimo a 3.210 pesos fue un paso necesario, pero las autoridades reconocen que “aún resulta insuficiente frente al comportamiento de los precios”. La respuesta no puede ser una nueva escalada salarial sin respaldo productivo —eso retroalimentaría la inflación—, sino proteger el poder de compra por la vía de los precios y de los bienes esenciales.

Transición acelerada del subsidio a productos hacia el subsidio a personas

La transformación ya está aprobada como eje del Programa Económico y Social 2026. En el cierre de 2026 se debe concentrar el subsidio en los hogares con menores ingresos y en los jubilados, mediante una canasta normada de precios topados o una transferencia monetaria focalizada que cubra el costo de los alimentos básicos. Esto evita que el subsidio se diluya en precios altos y llega a quien realmente lo necesita.

Precios diferenciados para jubilados y trabajadores de bajos ingresos en los puntos de venta estatales y cooperativos

Con el carné de la asistencia social o la certificación del sindicato, los jubilados y trabajadores de salario mínimo deben acceder a descuentos del 20 al 30 por ciento en los productos de la canasta básica en las tiendas estatales y en los puntos de venta directa de los productores. El costo fiscal de estos descuentos se cubre con el impuesto a los márgenes especulativos y el ahorro de divisas por sustitución de importaciones.

Control obrero de la distribución de utilidades en las empresas estatales

La autonomía empresarial aprobada en 2026 debe ir acompañada de control de los trabajadores sobre el destino de las utilidades. Una parte de esas utilidades debe destinarse obligatoriamente a fondos de alimentación y precios asequibles para los propios trabajadores, como ya ocurre en algunas empresas que multiplican salarios y venden alimentos a precios rebajados a sus colectivos. Esto no sustituye la política de precios, pero alivia de inmediato el poder adquisitivo del salario.

Participación popular y dirección política: el socialismo como método

Ninguna de estas medidas funcionará si se aplica como un decreto tecnocrático. El marxismo-leninismo entiende que la lucha contra la inflación es una lucha política de clases, donde la clase trabajadora debe ser sujeto activo del control y no víctima pasiva del ajuste.

Creación de Consejos Populares de Precios en cada municipio

Estos se integran con delegados del Poder Popular, sindicatos, CDR, FMC y estudiantes; tendrán la función de fiscalizar los precios de la canasta básica, recibir denuncias de la población y proponer ajustes a las autoridades municipales. Sus actas y acuerdos serán públicos.

Rendición de cuentas mensual de las autoridades de Finanzas y Precios ante la Asamblea Municipal

Cada mes, la dirección municipal de Finanzas y Precios debe presentar un informe público con la evolución de los precios de los productos básicos, las sanciones aplicadas por especulación y las medidas tomadas para corregir distorsiones. La transparencia es un arma contra la inflación.

Defender la planificación socialista frente a los cantos de sirena del mercado total

Las transformaciones económicas aprobadas en 2026 no significan una renuncia al socialismo, es “la búsqueda de cómo continuar construyéndolo”. La inflación no se resuelve con más mercado y menos Estado, acaso con más planificación democrática, más producción nacional, más control popular y más justicia distributiva. Ese es el camino para que los precios bajen de verdad y que el salario y la pensión del pueblo recuperen su valor.

Bajar los precios es posible

La afirmación de que los precios pueden descender no es una hipótesis. En 2026 varios territorios cubanos han aplicado medidas concretas —venta directa, ferias, mercados de barrio, topes y control popular— con resultados verificables. Estos ejemplos no son “modelos importados”, constituyen construcciones propias de la Revolución, y demuestran que, cuando se eliminan intermediarios, se planifica con criterio social y se moviliza al pueblo, los precios bajan

Ferias y venta directa: el productor frente al consumidor

Guantánamo:la feria agroindustrial de los domingos. Desde finales de 2025 cada domingo se organiza una feria en dos céntricas calles de la ciudad, en la que participan municipios como Niceto Pérez, El Salvador, Yateras, Manuel Tames y San Antonio del Sur, además de cooperativas de Sancti Spíritus y Villa Clara. Los precios son notablemente inferiores a los del mercado informal: tomate a 45 pesos la libra, col a 40 pesos, boniato a 17 pesos la libra y malanga a 70 pesos. Una pobladora del barrio Los Cocos resume el efecto: “los precios están asequibles comparado con los particulares… en la calle todo está muy caro y aquí se puede comprar mucho más”.

Alamar, La Habana: ferias de los sábados con hasta 65 CUP menos. Las ferias agropecuarias de la Plaza África, en Habana del Este, ofrecen alimentos básicos hasta 65 CUP por debajo de lo que cobran carretilleros y otros vendedores. El frijol negro se expendió a 285 CUP y el arroz a 260 CUP, convirtiéndose en los productos más demandados. La clave: venta directa de productores locales, sin la cadena de intermediarios que multiplica el precio final.

Jovellanos, Matanzas: “precios módicos” en la Plaza Roja. La feria agropecuaria de este municipio ofrece hortalizas y viandas frescas “directamente desde el productor al consumidor, lo que garantiza precios módicos en comparación con otros mercados informales”. El principio es simple y socialista: quien produce es quien vende, y el margen especulativo desaparece.

Sancti Spíritus: el primer Mercado de Abasto del país. Inaugurado en octubre de 2026 en la ciudad del Yayabo, concentra productos diversos “con precios menos elevados que en el mercado informal”. Participan la Empresa Municipal Agroindustrial, mipymes y una firma extranjera bajo la modalidad de cash and carry, con compras mínimas de 200 USD o 24.000 CUP. Es una experiencia aún incipiente, pero marca una pauta: el comercio mayorista puede organizarse con precios competitivos sin renunciar al control estatal del abastecimiento.

Mercados de barrio: descuentos del 10 al 15 por ciento en todo el país

El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) ha extendido los mercados de barrio, una modalidad que rescata locales de bodegas y carnicerías estatales para vender productos de primera necesidad con descuentos de entre el 10 y el 15 por ciento respecto a otros puntos de venta. A septiembre de 2026 ya sumaban casi 50 establecimientos, y todas las provincias están inmersas en la experiencia, con mayor número de unidades en Guantánamo y La Habana. En el mercado La Sirenita, en La Lisa, los vecinos reconocen que los precios son “levemente inferiores a los de las mipymes del reparto”, aunque aún no es factible para el salario promedio. Es una medida que baja precios de manera real, pero que necesita profundizarse: el propio pueblo lo dice.

Topes y márgenes: cuando la planificación frena el abuso

Villa Clara: topes que devuelven referencia al consumidor. En agosto de 2026, ante el alza desmedida, la provincia restableció topes: huevo a 110 pesos la unidad, aceite a 2.500 pesos el litro, leche en polvo a 3.120 pesos el kilogramo. El Consejo Provincial aprobó el Acuerdo 127, que fija una tasa máxima del 30 por ciento de margen comercial para la formación de precios. En los primeros diez días de la ofensiva de control, se impusieron más de 8 millones de pesos en multas y se cobraron 24 millones por deudas fiscales.

Artemisa: margen único del 30 por ciento por una sola vez. La Resolución 115, firmada el 10 de agosto de 2026, establece un margen comercial máximo del 30 por ciento tanto para mayoristas como minoristas, aplicado una sola vez sobre el costo total, sin posibilidad de añadir nuevos márgenes en etapas posteriores de la cadena. El objetivo explícito es “cortar el encadenamiento de intermediarios que encarece el precio final al consumidor”. Es una medida jurídica concreta, de efecto inmediato, y perfectamente compatible con la planificación socialista.

Isla de la Juventud y Trinidad: precios de referencia con control popular. El municipio especial aprobó precios de referencia y estableció que el margen entre mayorista y minorista no podrá superar el 30 por ciento, convocando expresamente a la población a “ejercer el control popular y la vigilancia ciudadana” contra violaciones y ventas encubiertas. Trinidad, en Sancti Spíritus, hizo lo propio desde el 1 de octubre de 2026, ejerciendo las facultades que la Ley 139/2020 confiere a las administraciones locales para regular precios de mercancías determinadas.

Agricultura urbana y organopónicos: el abaratamiento desde la base

Camagüey: 22 000 patios productivos y 41 organopónicos. El municipio cabecera destaca a nivel nacional en agricultura urbana, suburbana y familiar. Los consejos populares Jayamá y Altagracia son referencia nacional por la diversificación de cultivos, y el programa se apoya en la FMC y los CDR para fomentar la siembra en pequeños espacios. El objetivo declarado es “abonar los precios de esos alimentos” mediante el expendio de semillas y materia orgánica a bajo costo.

El Cerro, La Habana: el organopónico Primero de Julio. Además de las entregas comprometidas al Estado, este organopónico mantiene un punto de venta directo donde la población adquiere parte de la producción “a precios muy favorables”, lo que “permite que los precios se mantengan accesibles” frente a la especulación en la calle.

Encrucijada, Villa Clara: mercados agropecuarios estatales con precios menores que la calle. El director de agricultura urbana del municipio explicó que el objetivo es “garantizar un mercado con precios accesibles y un abastecimiento estable”, con cuatro formas productivas encargadas de abastecer “con menor precio que en la calle”.

Las Tunas: agricultura urbana con precios “bastante aceptables”. Productores de la agricultura urbana tunera reconocen que sus precios son aceptables frente a la especulación: “en la calle los precios se alteran; es abusivo dar 20 pesos por una libra de tomate”.

A modo de conclusión

Estos ejemplos no agotan la experiencia cubana, pero demuestran una verdad política: donde hay voluntad socialista, control popular y decisión de eliminar la especulación, los precios bajan. La tarea para el cierre de 2026 es generalizar lo que ya funciona, corregir lo que aún no alcanza —como reconocen los propios mercados de barrio— y poner ese esfuerzo bajo la dirección y la vigilancia de la clase trabajadora.

En resumen, bajar la inflación en Cuba en los finales de 2026 exige producir más alimentos, eliminar los márgenes especulativos, estabilizar el peso, focalizar el subsidio en las personas y poner el control de los precios en manos de los trabajadores. No hay soluciones mágicas ni recetas de ajuste que empobrezcan al pueblo. Hay, en cambio, medidas socialistas, realizables y de efecto rápido, si se aplican con la energía y la participación popular que la defensa de la Revolución exige.

Bibliografía, fuentes y contactos institucionales

Fuentes utilizadas (todas consultadas en 2026):

Contactos institucionales:

  • Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Dirección: Paseo No. 60, e/ 3ra y 5ta, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, CP 10400. Teléfono: (537) 836-9191. Correo: oneweb@onei.gob.cu.
  • Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). Dirección: Obispo No. 211, esquina Cuba, La Habana Vieja. Teléfonos: 7 866 91 07 / 7 867 1920. Correos: comunicacion@mfp.gob.cu; sdinformacion@mfp.gov.cu. Redes: @finanzasprecios.
  • Ministerio de Comercio Interior (MINCIN). Dirección: Habana 258, entre Empedrado y San Juan de Dios, La Habana Vieja. Teléfonos: 78683549 / 78683536. Correo: consumidor@aguiar.mincin.cu. Sitio web: www.mincin.gob.cu.

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