La actual administración de la Casa Blanca insiste en aplicar una política asfixiante, pero nuestro país mantiene su dignidad y resistencia histórica
El domingo 11 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Cuba al afirmar que “no habrá más petróleo ni dinero” para nuestro país y advertir de represalias contra cualquier nación o actor que intente brindar ese tipo de apoyo. Sus declaraciones se inscriben en una política de hostilidad sistemática contra La Habana, sostenida durante casi tres cuartos de siglo en abierta violación de los principios del derecho internacional.
El planteamiento del mandatario constituye la enésima agresión de su gobierno contra Cuba. Debe recordarse que a lo largo de su primer período en la Casa Blanca Trump impuso presión máxima con el fin de destruir a la nación caribeña. Esa estrategia incluyó prohibición de viajes en cruceros y aviones privados, limitación de remesas a 1 000 dólares por trimestre, cierre forzoso de las operaciones locales de Western Union, sanciones a quien le suministre petróleo, prohibición de hacer transacciones con empresas cubanas, inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo, regulaciones a quienes hagan convenios para la prestación de servicios médicos cubanos, bloqueo de toda plataforma de pagos digitales que transfiera fondos y castigos a toda naviera, cuyos barcos atraquen en puertos cubanos, entre muchas otras sanciones.
Está claro, y el trumpismo es transparente al respecto; estas medidas, hoy recrudecidas, tienen el deliberado propósito de regresar a Cuba a la condición colonial a la que estuvo sometida hasta el 31 de diciembre de 1958. Pocos pueblos han sido tan castigados como el nuestro por no someterse al dominio imperial y empeñar sus fuerzas en la defensa de la soberanía, y pocos han sido objeto de una guerra de desinformación desde el exterior tan virulenta, destinada a culpar a quienes resisten los males que infligen los agresores.
El bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas puede compararse con el que Francia estableció contra Haití para obligar a pagar a los propietarios una indemnización por cada uno de los esclavos liberados. Un acto de inhumanidad que marcó por siempre a la mitad occidental de La Española y la puso en la trayectoria que la mantiene como el país más pobre del hemisferio occidental.
Lejos de denunciar el sadismo de los imperios, las derechas persisten en trasladar la responsabilidad de las penurias económicas de los pueblos a quienes se plantan por la libertad. El Imperio no lo percibe, Cuba no es solo el conjunto de nueve millones de personas que viven en su territorio, muchas de ellas dispuestas a combatir hasta el fin y morir si es necesario entregando su vida por la Patria.
Cuba es también una causa compartida por millones en todos los continentes, solidarios con el derecho a existir como nación soberana. Atacar a la nación antillana no es un acto aislado ni un gesto sin consecuencias: es abrir una caja política y moral cuyas repercusiones se proyectan mucho más allá del Caribe. Donald Trump debería saber: cualquier agresión no se dirime únicamente en el plano bilateral, impacta en la conciencia de los pueblos del mundo que identifican en Cuba un símbolo de dignidad, resistencia y autodeterminación.
