El “canibaleo” está de moda. Es como si, para algunos, se hubiera emitido un decreto, autorizando a adueñarse de lo que no les pertenece. Con sus acciones, los autores de los delitos ocasionan daños económicos, a la vez que deterioran el entorno urbano

En ocasiones me pregunto cuánto costará al país la recuperación de la infraestructura urbana tras el paso de la crisis económica actual. No lo cuestiono solo por lo que significa desde el punto de vista monetario, sino también social y moral. El país pasa por un estado de asfixia económica, junto a la cual la pérdida de valores crece a una velocidad preocupante.

No es sencillo; la complejidad es enigmática. Podemos hablar con toda propiedad de los daños que ocasiona el bloqueo –hoy, por ejemplo, ese mal llega a extremos nunca vistos–; sin embargo, no hacemos lo mismo con las consecuencias del vandalismo, tan maligno para los bienes, lo mismo colectivos que individuales. Sucede con frecuencia que a las “malas costumbres” de los individuos, se suma el exceso de confianza –y, por consiguiente, la falta de control– de las administraciones.

Nada de lo que comento es festinado. Lo digo desde la certeza de quien vive cada día el asombro del irrespeto: a los mayores, a las reglas de convivencia, a las buenas costumbres, al precepto de no tocar lo ajeno…; aquí me detengo, porque la irreverencia está creciendo como el marabú o la verdolaga en campo estéril.

En enero de 2024, tras la publicación de mi trabajo “¿Y si nos quedamos sin parques?” el colega Víctor Manuel González Albear, me envió la siguiente frase: “La verdad sea dicha y siempre será virtuosa, aunque duela demasiado. La dura realidad tiene que movilizar la voluntad de encontrar a tiempo el remedio”. Más allá del dolor de decir la verdad, está el ocasionado por la destrucción irreparable, de momento. ¿Cuándo, en las circunstancias de la economía, habrá recursos para reponer todo lo que hoy cualquiera rompe o destruye para beneficio propio?

Según Chichí, un vocero de mi vecindario –un talento perdido del periodismo de mochila, por falta de oportunidades, en su momento–, “da pena cómo, a la vista de todos, tres jóvenes en edad de estar estudiando en un tecnológico o preuniversitario, se llevaron poco a poco los restos la cerca perimetral del parque “El Mirador”, una instalación dotada, alguna vez, de todos los aparatos para la recreación infantil. ¡Hasta la cerca de piedras destruyeron; nada dejaron! Está claro que no fueron solo ellos, porque el desmantelamiento no resultó de hoy para mañana, sino todo un proceso. Tan habituales se han tornado esas conductas, que ya las personas miran, pero no ven”.

Algún tiempo a atrás, durante una investigación acerca del cuidado y mantenimiento de los parques, especialistas de Servicios Comunales, en especial de organización y atención al mobiliario urbano –parques y áreas de descanso–, explicaron que el gobierno de cada territorio es el responsable del cuidado, por ser propietario de ese patrimonio. Valdría un cuestionamiento: ¿Qué hace como dueño?  

Jorgito, el amigo de Sandra, estudiante de primaria, pasa todos los días por el jardín de Magdalena, y arranca una rama o una flor, y –como ritual– va dejando hojas y pétalos a modo de rastro. La mamá solo se limita a decir: “Niño, deja eso…”. No le explica que esa señora de la tercera edad paga para que le hagan ese trabajo de embellecimiento del entorno. El pequeño está creciendo sin la menor exigencia por el cuidado de los ajeno, en primer lugar, y de lo bello, en segundo.

A muchos de los puentes que embellecen las circunvalaciones de las principales avenidas de la capital, les han sustituido varias veces los tubos de sus respectivas estructuras, debido a las sustracciones. Son una considerable cantidad de barandas de obras ingenieras. De forma habitual, las entidades encargadas de la atención y cuidado financian las sustituciones, una y otra vez, porque los cacos reinciden.

Lo más curioso es que nadie, en el lugar donde los “tiran” cuestiona cómo adquirieron unos recursos que no están a la venta.  Esos mismos pueden hasta comprarlos, entrando de esta manera en el terreno de la receptación, un delito muy relacionado con la siguiente frase popular: “tanta culpa tiene el que mata la vaca, como el que le aguanta la pata”.

La gama es amplia. Cada vez que los trabajadores de Servicios Comunales eliminan los grandes basureros, extraen los desechos, pero destruyen los parterres, convirtiéndoles en grandes huecos en los cuales encuentran sitio las aguas, lo mismo de lluvia, que albañales o de los grandes salideros. Y algo más preocupante aun es la rotura de aceras, sin que nadie se inmute.

Agota preguntar lo mismo: ¿cuál es el medidor de calidad para el pago a estos trabajadores? No hay respuesta porque falta la exigencia. El dolor mayor está en el tiempo que va a demorar la restitución de esas aceras; la crisis económica es tan fuerte que muchos centros productivos de envergadura están parados, y la carencia de cemento es tan grande, que no hay ni para construir viviendas. En cualquier competencia posible, la ejecución de casas estará por encima de la recuperación de aceras. Mientras, el deterioro crece y se afea ostensiblemente la imagen de la ciudad.

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