La administración Trump convierte a los indocumentados en un frente de batalla dentro de su propio territorio

Los Ángeles amaneció sitiada: marines y equipos tácticos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que helicópteros sobrevolaban la ciudad como si fuera una zona de guerra.

Pero el blanco de la operación no era ni niñeras afganas, ni jardineros iraquíes, ni campesinos vietnamitas –las víctimas anteriores de las guerras made in USA–, sino trabajadores estadounidenses.

La respuesta violenta y desproporcionada de los cuerpos de seguridad federales, junto con las declaraciones posteriores del presidente Donald Trump y su gabinete, encendió las alarmas sobre los riesgos; implica la legitimación de la militarización, la violencia y la discriminación contra los latinos en el país norteamericano.

Las tensiones se extendieron a otros lugares importantes de Estados Unidos. Sin embargo, el epicentro de la resistencia fue esta ciudad californiana, la mayor urbe hispanohablante del territorio norteño.

El ICE, responsable desde 2003 de deportaciones masivas de indocumentados, intensificó en los últimos meses una serie de redadas indiscriminadas que ignoraron por completo el debido proceso y las garantías más elementales de dignidad humana.

Estas acciones de detención masiva alrededor de centros comerciales, escuelas, barrios y centros de trabajo fomentaron la criminalización y discriminación generalizada de los migrantes, dando pie a tratos denigrantes fundados en irregularidades menores de carácter administrativo en cada uno de los casos.

La estigmatización y la discriminación alcanzaron niveles tan altos que incluso residentes regularizados fueron víctimas de estas medidas extremas. A cinco meses de iniciada su administración, las deportaciones masivas bajo el gobierno de Trump deben interpretarse no solo como violaciones a derechos fundamentales, acaso como una estrategia política de demostración de fuerza y exclusión con alcance global.

El discurso recurrente del mandatario, reforzado por las declaraciones de su secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y otros miembros del gabinete, revela una clara intención: aprovechar la coyuntura para implementar mecanismos de control social y acumulación de poder ejecutivo.

Esta narrativa alarmante, que gana adeptos internacionalmente, utiliza los flujos migratorios como “argumento” para explicar problemas estructurales como la inseguridad, la inestabilidad política y las brechas sociales. Empero, las problemáticas encuentran su verdadero origen en décadas de políticas de Estado que debilitaron la capacidad regulatoria de las instituciones encargadas de garantizar los derechos sociales y económicos, así como la redistribución del ingreso.

Revisando los datos

Estudios e instituciones especializadas revelan que la población migrante en Estados Unidos representa entre el 17 y el 20 por ciento de sus habitantes y aporta cerca del ocho por ciento del Producto Interno Bruto, considerando únicamente su ingreso y capacidad de consumo. No obstante, esta cifra no alcanza a reflejar el valor agregado de su trabajo en las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias.

Además, el American Immigration Council estima que este grupo paga el 19.25 por ciento de los impuestos federales; indica que buena parte de las finanzas públicas del país depende de esta población. Aun dejando de lado el hecho de que las medidas de la actual administración representan un ataque a la base laboral, sustento de la economía, resulta alarmante que el mensaje subyacente en esas políticas agresivas y restrictivas sea una intolerancia de raíz supremacista.

Es urgente, por tanto, hacer un llamado a la sociedad global a reflexionar sobre esta problemática, presente no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, especialmente ante condiciones de desplazamiento humano cada vez más agudas, derivadas de conflictos bélicos, crisis económicas y el cambio climático.

En la dimensión política, la ciudadanía no debe dejar de exigir la creación de estrategias de cooperación que atiendan las necesidades y problemáticas en las naciones de origen y así la migración sea efecto de la voluntad y no un producto fatal de la necesidad.

Paradojas del sistema

Los Ángeles, la ciudad que Estados Unidos invadió en 1846 durante su guerra contra México –aquella operación militar que transformó el norte latinoamericano en el suroeste estadounidense– fue ocupada por sus propias tropas. La ironía es macabra: los descendientes de quienes fueron despojados de sus tierras son ahora los «sospechosos habituales» en un lugar que no deja de construir muros, reales y simbólicos.

La maquinaria federal no aterrizó en el vacío: lo hizo sobre una memoria marcada por redadas, discriminación y resistencia. Desde las deportaciones masivas del “Mexican Repatriation” en los años treinta, pasando por el programa “Bracero” y los golpes policiales contra los movimientos estudiantiles chicanos en las décadas de 1960 y 1970, hasta llegar a las redadas de ICE, la historia se repite.

Esta vez, la insurrección no vino del desierto ni de ultramar: surgió del suelo urbano, del tejido popular, de unas raíces históricas nunca arrancadas del todo pues siempre mostraron la cara oculta del “American way of life”, los trabajadores que construyen la riqueza de esas élites ahora en conflicto.

Mientras los tanques blindaban el “downtown” y los helicópteros patrullaban, quedaba clara una cosa: el “sueño americano” ya no es una promesa; es una pesadilla.