Treinta años después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, Washington convierte aquel episodio en una nueva arma política contra Cuba
Por. / REDACCIÓN INTERNACIONAL
Durante semanas, importantes medios estadounidenses han ido desplazando gradualmente el relato sobre Cuba a partir de filtraciones y supuestas señales del Departamento de Estado. Nuestra nación ahora es presentada como una supuesta amenaza estratégica para Estados Unidos, con inteligencia hostil y desarrollo tecnológico sensible e incluso potencial ofensivo.
Entre un exabrupto de Donald Trump y otro de Marco Rubio, ha emergido un nuevo elemento en su discurso: la apertura de un expediente judicial contra el líder Raúl Castro, símbolo guerrillero de la Revolución Cubana, a quien acusan del derribo, en 1996, de dos avionetas Cessna 337, propiedad de Hermanos al Rescate. El Departamento de Justicia, que incluyó junto al nombre de Raúl el de otros cinco cubanos, repite el patrón ya utilizado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.
El caso de las avionetas encaja dentro de una lógica de escalada gradual. La reactivación de acusaciones sobre hechos ocurridos hace tres décadas no puede entenderse únicamente en términos jurídicos. Forma parte de una operación política, mediática y simbólica destinada a reforzar la imagen de Cuba como una presunta amenaza para la seguridad nacional estadounidense y a legitimar nuevas medidas de presión, aislamiento y excepcionalidad contra la nación caribeña.
Sin embargo, la historia de aquel episodio resulta mucho más compleja que la versión simplificada que durante años ha predominado en Washington y en sectores anticubanos. Incluso las interpretaciones sobre los hechos siguen siendo objeto de disputa política e histórica.
Mientras organismos internacionales sostuvieron que las aeronaves fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano, las autoridades cubanas argumentaron que actuaron después de una larga cadena de provocaciones y violaciones de su soberanía.
Un desenlace anunciado
En el programa televisivo Mesa Redonda, el Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, quien se infiltró en organizaciones extremistas radicadas en Miami para alertar y prevenir acciones terroristas contra La Habana y que por ello cumplió más de 16 años de injusta prisión en Estados Unidos, ha recordado elementos que rara vez aparecen en la prensa norteamericana.
Señaló que entre 1994 y 1996 Cuba registró más de 25 incursiones ilegales en su espacio aéreo y presentó numerosas protestas formales ante Washington, exigiendo medidas para poner fin a esas provocaciones. Las autoridades norteñas hicieron caso omiso a esas advertencias. “De haber actuado a tiempo, se habría evitado el desenlace”.
Durante los meses previos al 24 de febrero de 1996, La Habana elevó denuncias ante la Administración Federal de Aviación (FAA), el Departamento de Estado y la Organización de Aviación Civil Internacional.
Las avionetas habían realizado sobrevuelos sobre territorio cubano, incluida La Habana, desde donde lanzaron propaganda política y desafiaron las quejas formales emitidas por Cuba. Desde Miami, José Basulto y otros dirigentes de la organización anunciaban nuevas incursiones y se jactaban de la incapacidad de nuestro país para impedirlas.
Un correo interno de la FAA, enviado el 22 de enero de 1996 por la funcionaria Cecilia Capestany a sus superiores dentro de la agencia y desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional de Washington, advertía explícitamente: “Uno de estos días los cubanos derribarán uno de esos aviones”. El mensaje evidenciaba que los funcionarios conocían el riesgo creciente derivado de las provocaciones aéreas de Hermanos al Rescate mucho antes del derribo de las avionetas.
En enero de 1998, la revista The New Yorker desmontó buena parte de esa narrativa al revelar que altos funcionarios estadounidenses conocían perfectamente el riesgo de una confrontación. Según la investigación, La Habana había emitido advertencias explícitas sobre las reiteradas incursiones aéreas y, aun así, las autoridades estadounidenses fueron incapaces de impedir que continuaran.
La propia publicación planteó una pregunta incómoda para Washington: ¿qué habría hecho la administración de Bill Clinton si aeronaves procedentes de Cuba hubieran violado repetidamente el espacio aéreo de la capital estadounidense?
Dentro del propio aparato gubernamental estadounidense existía además la convicción de que José Basulto, veterano de Playa Girón y figura histórica de las operaciones paramilitares contra Cuba, actuaba de manera cada vez más provocadora y fuera de control. Diplomáticos, funcionarios y antiguos militares alertaron en repetidas ocasiones de que un incidente grave era prácticamente inevitable si los vuelos de Hermanos al Rescate continuaban desafiando las advertencias de la nación caribeña.
Un juicio marcado por las dudas y las omisiones
El Héroe de la República de Cuba René González Sehwerert, quien fue piloto de Hermanos al Rescate, recordó al canal Alma Plus que durante el juicio celebrado en Estados Unidos ninguna de las partes logró presentar pruebas concluyentes sobre la ubicación exacta del derribo.
Según explicó, la defensa contó con expertos que analizaron los radares, las grabaciones de las comunicaciones aéreas y otros registros técnicos disponibles. Sin embargo, las evidencias presentadas por la acusación mostraban importantes inconsistencias y debilidades cuando fueron sometidas al contrainterrogatorio. Del mismo modo, la propia defensa tampoco dispuso de elementos definitivos que permitieran zanjar la controversia de manera absoluta.
René González señaló que una de las principales demandas de la defensa fue la presentación de imágenes satelitales, consideradas la evidencia más objetiva para determinar la localización exacta de los hechos. Sin embargo, esas imágenes nunca fueron aportadas al proceso. “Esa es la realidad de los hechos”, insistió al recordar que ninguna de las pruebas examinadas resultó concluyente respecto al lugar preciso donde fueron derribadas las aeronaves.
El exagente también destacó otro elemento frecuentemente ignorado en el debate público. A partir de las conversaciones registradas entre los controladores de radar y los pilotos cubanos, sostiene que todas las referencias de posición transmitidas durante la operación correspondían a aguas y espacios bajo jurisdicción cubana.
Más allá de las disputas técnicas y jurídicas, González recuerda que la posibilidad de un desenlace trágico era conocida por todos los actores involucrados. Funcionarios estadounidenses alertaron sobre los riesgos. Incluso, según relató, en una reunión celebrada en Washington en noviembre de 1995, un general del Comando Sur advirtió a los dirigentes de Hermanos al Rescate de que Estados Unidos no enviaría soldados a enfrentarse a Cuba para proteger sus incursiones aéreas.
“Todo el mundo alertó”, resumió González al evocar aquellos meses. Por eso, sostiene, el derribo de las avionetas no puede analizarse como un hecho aislado ni inesperado, sino como el desenlace de una escalada de provocaciones, advertencias ignoradas y decisiones políticas que durante años fueron excluidas de la narrativa dominante.
Raúl Castro: una mirada a su vida
La trayectoria de Raúl revela a un líder de profundo humanismo, lealtad inquebrantable y una capacidad organizativa que ha sido esencial para la supervivencia de la Revolución cubana. Su papel en los procesos de concertación regional se evidenció en 2014, cuando, durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, impulsó —con un discurso ampliamente respaldado— la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
Ese mismo período estuvo marcado por su contribución al histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, materializado en diciembre de 2014 con el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras más de cinco décadas de ruptura y consolidado con la visita de un presidente estadounidense a La Habana en 2016.
La administración Trump y el uso de la fuerza
A partir del 2 de septiembre de 2025, la administración Trump inició una campaña de ataques militares contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Según un seguimiento del New York Times, hasta el 20 de mayo de 2026 se habían registrado 57 operaciones de este tipo, con un saldo de 193 fallecidos. Sin embargo, en ninguno de los casos se han presentado pruebas públicas de la existencia de drogas o armamento a bordo.
Organizaciones como Human Rights Watch calificaron estas acciones como posibles ejecuciones extrajudiciales, en contradicción con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Diversos juristas han señalado, además, que estas operaciones vulneran incluso la propia legislación estadounidense.
Resulta difícil sostener la legitimidad moral de un gobierno que pretende enjuiciar a terceros por hechos del pasado mientras acumula un historial reciente de operaciones en el mar sin garantías de debido proceso ni transparencia.
La acusación promovida por la administración Trump y su fiscalía resulta cuestionable en la medida en que aplica estándares que no está dispuesta a asumir para sí misma. Ese doble rasero erosiona el derecho internacional y debilita los principios que deben limitar el uso arbitrario de la fuerza, precisamente los mecanismos destinados a impedir que el poder más fuerte actúe con impunidad.
