La cancelación de fondos para digitalizar archivos de escuelas residenciales impide que futuras generaciones accedan a la verdad sobre los abusos sufridos
A finales de mayo de 2021, se reportó el hallazgo de 215 restos de niños en la Escuela Residencial de pueblos nativos de Kamloops, ubicada en la provincia canadiense de Columbia Británica. La noticia de la fosa común acaparó la atención de medios nacionales e internacionales.
En Estados Unidos, la revelación fue un recordatorio de lo que muchos estaban al corriente desde hace décadas acerca de los internados destinados a comunidades originarias. Se sabía de las historias del abuso físico, emocional y sexual sufrido por muchos de los pequeños asistentes a estas escuelas. Se conocía que los estudiantes eran golpeados si intentaban hablar en su lengua nativa. No eran ignoradas sus muertes en estas escuelas.
Pocas semanas después, la entonces secretaria estadounidense del Interior, Deb Haaland, anunció la Iniciativa Federal de Escuelas Internas Indias durante la conferencia de mitad de año de 2021 del Congreso Nacional de Indígenas Americanos. El programa tenía como objetivo reconstruir la historia completa del sistema de internados en EE.UU. y resguardar los lugares donde fueron enterrados los menores fallecidos.
Menos de un año más tarde, el 11 de mayo de 2022, el Departamento del Interior presentó un informe de 106 páginas, elaborado por el subsecretario Bryan Newland; en el texto se documentaba por primera vez que el gobierno federal había administrado o financiado 408 centros en 37 estados, incluidos Alaska y Hawái, entre 1819 y 1969. Casi la mitad de ellos estaban atendidos o financiados por instituciones religiosas.
Al publicarse el informe, la secretaria Haaland declaró: “Las consecuencias de las políticas federales –incluido el trauma intergeneracional causado por la separación familiar y la erradicación cultural impuesta a generaciones de tan solo cuatro años– son desgarradoras e innegables. Mi prioridad es no solo dar voz a sobrevivientes y descendientes, sino también afrontar los legados persistentes de estas políticas para que los pueblos indígenas puedan seguir creciendo”.
En julio de 2024, el Departamento del Interior difundió un segundo reporte, donde incorporaba nuevas cifras. Entre 1871 y 1969, el gobierno federal destinó más de 23.3 mil millones de dólares ajustados por inflación al financiamiento de las residencias escolares.
Recientemente, The Washington Post informó de la cancelación por la administración Trump de 1.5 millones de dólares en fondos previamente asignados a 10 organizaciones que tenían la tarea de preservar archivos de los internados mediante su digitalización. El financiamiento respaldaba proyectos encaminados a ofrecer espacio y voz a sobrevivientes y descendientes que habían esperado demasiado tiempo para ser escuchados. Estos proyectos son actos de verdad y sanación, y ahora son abandonados.
Es necesario subrayarlo: no se trata de un simple recorte presupuestario. Es un acto de borrado, una negación deliberada de un capítulo doloroso y aún vigente en la historia de Estados Unidos.
