Ante los desafíos actuales, una respuesta tecnológica integral se desarrolla. Sin embargo, la promesa de eficiencia y sostenibilidad convive con preocupaciones sobre la privacidad, la equidad y el rol ciudadano frente al control digital

Por. / Ana Danila Valdés Dina

Desde el monte Namsan, la ciudad de Seúl se despliega como un organismo vivo. Sus semáforos, sensores y redes de datos palpitan al ritmo de millones de interacciones cotidianas. Allí, en una de las capitales más digitalizadas del mundo, cada gesto ciudadano deja una huella: una señal que activa cambios en el alumbrado, reajusta rutas de transporte, emite alertas meteorológicas o afina la recogida de basura. La urbe, literalmente, piensa y actúa.

El concepto de “ciudad inteligente” se abre paso en múltiples rincones del planeta, presentándose como una respuesta tecnológica a los desafíos urbanos contemporáneos. ¿Pero estamos realmente frente a una solución de futuro o, por el contrario, ante un sofisticado entramado de vigilancia con rostro amable?

No existe una definición única; mas, la mayoría de los especialistas coincide en que las ciudades inteligentes son aquellas capaces de integrar tecnologías digitales para mejorar la gestión de recursos, la movilidad, la seguridad y, en última instancia, la calidad de vida de sus habitantes. Para lograrlo, emplean herramientas como sensores, big data, redes 5G, inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT), interconectadas a través de plataformas capaces de analizar datos y tomar decisiones casi en tiempo real.

Según la plataforma editorial digital The Conversation, estos sistemas permiten desde anticipar los patrones de tráfico, hasta vigilar la contaminación o administrar el consumo energético con una eficiencia sin precedentes. La clave está en pasar de una lógica reactiva a una preventiva: identificar los problemas antes de que ocurran.

Aun así, advierten diversos urbanistas, la tecnología es solo una herramienta. El verdadero desafío está en cómo se implementa, con cuáles objetivos y bajo qué tipo de gobernanza. Una ciudad puede estar saturada de sensores y seguir siendo excluyente, contaminante o desigual si las soluciones no se diseñan desde una perspectiva ética y humana.

Un ejemplo positivo lo ofrece Barcelona, donde el uso de sensores en los estacionamientos ha reducido significativamente los tiempos de búsqueda, disminuyendo también la congestión vehicular. Iniciativas como el proyecto de transporte inteligente XALOC, documentado por la Unión Europea, han logrado reducir hasta siete minutos cada localización de espacio para parquear, lo que implica menos emisiones y mayor eficiencia.

Otro eje central del modelo de ciudad inteligente es la sostenibilidad ambiental. Según la revista especializada Big Data Magazine, el uso de redes eléctricas inteligentes y sistemas de gestión de recursos digitales pueden reducir entre 10 y 15 por ciento las emisiones de CO₂, ahorrar de 25 a 80 litros de agua por habitante al día y disminuir hasta 130 kilogramos anuales de residuos sólidos por persona.

Estas cifras no son menores. Plataformas de monitoreo de desechos, por ejemplo, ayudan a prevenir desbordes y mantienen las calles más limpias. La iluminación pública con sensores y edificios con sistemas automatizados permiten ahorros energéticos que no solo disminuyen la factura municipal, sino también la huella ecológica.

El desarrollo de plataformas digitales y datos abiertos ha liberado nuevas puertas en la equidad y la participación ciudadana. Programas como Sistema estadounidense de gestión unificado para un hogar inteligente ConnectHome o el modelo digital de Singapur buscan garantizar conectividad y acceso a herramientas digitales en comunidades tradicionalmente marginadas.

También provee beneficios menos evidentes: el incremento de la seguridad y la salud públicas. En Glasgow, Reino Unido, faroles que aumentan su intensidad al detectar la presencia humana han mejorado la seguridad nocturna. Y la vigilancia ambiental posibilita activar alertas ante picos de contaminación, protegiendo a personas vulnerables y previniendo enfermedades respiratorias.

¿Para todos o solo para algunos?

A pesar de sus avances, las ciudades inteligentes no escapan a la polémica. Uno de los puntos más sensibles es la privacidad. Cámaras con reconocimiento facial, apps de vigilancia vecinal y algoritmos opacos generan inquietudes sobre posibles abusos de poder y control social, encubiertos bajo el pretexto de la eficiencia.

Rob Kitchin, geógrafo de la Universidad Nacional de Irlanda, advierte en The Conversation sobre otro peligro: estas tecnologías amplían la brecha urbana. Las zonas más ricas tienden a recibir primero las mejoras tecnológicas, mientras los barrios más pobres –a menudo invisibilizados– quedan fuera del radar. La desigualdad digital, así, se traduce en desigualdad territorial.

Además, los algoritmos que deciden sobre recursos públicos o seguridad pueden reproducir prejuicios si se entrenan con datos sesgados. Casos de elaboración de perfiles raciales (profiling) o asignación injusta de beneficios no son solo hipotéticos: ya han sido documentados en diversas partes del mundo.

En América Latina, iniciativas en ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires o Montevideo muestran avances en conectividad y participación, pero se enfrentan a retos estructurales mayores: pobreza, informalidad laboral e inseguridad. Sin una política social robusta que acompañe la transformación digital, se corre el riesgo de construir ciudades “inteligentes” para unos pocos.

Un futuro en disputa

Hoy más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas y la ONU prevé que en 2050 ese número supere el 70 por ciento. En este escenario, las ciudades inteligentes se presentan como una opción frente a desafíos como el cambio climático y la congestión o la sobrecarga de servicios. Sin embargo, ningún algoritmo resolverá por sí solo los problemas de fondo.

Señala Dorota Sikora-Fernández, profesora de la Universidad polaca de Lodz, expone en su estudio Factores de desarrollo de las ciudades inteligentes: no es el tamaño o la jerarquía lo que atribuye esta clasificación, acaso la capacidad local para adaptar soluciones tecnológicas a su realidad económica, social y ambiental.

El verdadero salto de civilización no será digitalizar las ciudades, mas bien lograr poner la tecnología al servicio del bienestar colectivo, sin sacrificar derechos fundamentales: la privacidad, la equidad o la participación. Ese, quizás, sea el mayor desafío en la construcción de ciudades verdaderamente inteligentes.