La promesa de Donald Trump de deportaciones de los migrantes contradice la realidad histórica del país
Estados Unidos es, desde antes de llamarse así, un territorio conformado por migrantes. Los primeros llegaron de Asia a través del estrecho de Bering. Siglos después, por mar, arribaron ingleses, españoles, esclavos africanos, holandeses, irlandeses y franceses, a quienes con el paso de los siglos se sumaron personas provenientes de todo el mundo. A partir del siglo XX mexicanos, centro y sudamericanos, en búsqueda de un llamado sueño americano que en demasiados casos se convirtió en pesadilla.
El país norteño es el resultado de múltiples y polifacéticas etapas de transición. Tras la llegada de sus primeros habitantes y la aniquilación de la población indígena, después de la ocupación del suelo mexicano perdido con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, a finales del siglo XIX y principios del XX, el territorio comenzó a recibir a desplazados de la Revolución Industrial europea.
Ahora el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que promete sellar la frontera con México e iniciar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, contradice la realidad histórica. Parece no reconocer que la fuerza de trabajo a bajo costo que requirió ese modelo depredador fue satisfecha con ellos, contratados a cambio de bajísimos sueldos, sin derechos laborales ni seguridad social. Las precariedades, la ausencia de condiciones de desarrollo, las vulnerabilidades, la pobreza extrema, y todo aquello que obligue a poblaciones a huir de sus lugares de origen son construcciones sociales intencionales.
La idea de expulsar personas es torpe y fascistoide. El American Inmigration Council, en un informe emitido a principios de octubre, calculó que el costo de deportar a unos 13 millones de inmigrantes podría ascender a 968 mil millones de dólares. A pesar de ello, Trump, en uno de sus primeros comentarios después de su triunfo en las votaciones, repitió que no importa el costo, se necesita hacer. Y entre sus primeros nombramientos mencionó a Stephen Miller, el arquitecto de sus políticas xenófobas durante su primer período en la presidencia, como subjefe de gabinete; Tom Homan, exjefe de la Agencia de Inmigración y Aduanas, como su zar fronterizo, y el senador considerado un “halcón” en política exterior Marco Rubio García, como secretario de Estado norteamericano.
El equipo del multimillonario ya elaboró las órdenes ejecutivas que podrían ser firmadas el 20 de enero de 2025, día en que tomará posesión. Entre estas se incluyen las de permitir la expulsión expedita de indocumentados y restablecer la emergencia bajo el llamado Título 42.
Dos senadores cercanos a Trump, Lindsey Graham y Ted Cruz, también propusieron modificar las regulaciones para que a los hijos de indocumentados que nacen en Estados Unidos no les sean otorgadas la ciudadanía de manera automática, pero eso requiere de un cambio en la Constitución. ¿Qué legitimidad tiene una política de deportaciones masivas en un país construido sobre la migración y el desplazamiento, pilares mismos de su historia capitalista?
