En un año marcado por carencias materiales y tensiones globales, la ciencia cubana sostuvo proyectos, alianzas y reformas clave
El 2025 dejó una traza de luces sobre los laboratorios, parques científicos y aulas universitarias de Cuba, pero también arrastró la sombra de las limitaciones económicas. Entre la urgencia de resolver problemas y la creatividad imparable, este sector buscó hacerse visible, tocar las calles y cruzar fronteras.

La investigación no suele hacer ruido. Avanza en laboratorios con luz artificial, en campos de ensayo lejos de los titulares, en bases de datos con poca difusión fuera de los círculos especializados. Sin embargo, cuando un país atraviesa tensiones económicas, sanitarias y ambientales, ese trabajo silencioso se convierte en un pulso vital, capaz de sostener decisiones, anticipar riesgos y abrir caminos posibles.
El pasado año volvió a colocar al sistema científico frente a un dilema persistente: producir conocimiento en condiciones adversas y, al mismo tiempo, lograr que ese conocimiento tenga impacto real en la economía y en la vida cotidiana. Entre reformas legales, nuevas formas de gestión y proyectos de investigación en sectores estratégicos, la ciencia intentó afirmarse como herramienta de transformación y no solo como ejercicio académico encerrado en una torre de marfil.
Reformas y arquitectura del sistema científico
Según una entrevista concedida al periódico Granma por el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, 2025 fue un año de rápida transformación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI). El gobierno avanzó en nuevos instrumentos organizativos y en la actualización del marco normativo —incluida la elaboración de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación— con el propósito de potenciar la capacidad del sistema para aportar soluciones a problemas económicos y sociales.
Esta norma posee un alcance transversal no limitado a un sector específico, pues articula la investigación científica, la innovación tecnológica y el conocimiento práctico generado en los centros productivos y laborales del país. La ley, construida mediante un amplio proceso de consultas, busca reforzar la coherencia entre la estrategia nacional de desarrollo y las políticas sectoriales y territoriales, con un enfoque más incentivador.
De acuerdo con declaraciones ofrecidas a ACN, Rodríguez Batista destaca la intención de consolidar un sistema más integrado, donde universidades, centros de investigación, empresas estatales y privadas, cooperativas y productores locales participen de forma activa. El énfasis está puesto en crear condiciones para que los resultados científicos trasciendan el ámbito académico y se inserten con mayor efectividad en la economía y la gestión pública.
Energías renovables: avance real, recorrido pendiente

Frente a la compleja situación electroenergética, las energías renovables dejaron de ser mera aspiración para convertirse en un componente tangible de la matriz eléctrica. Marlenis Águila Zamora, especialista de la Dirección de Energía Renovable del Ministerio de Energía y Minas, informó sobre la instalación de más de 30 nuevos parques solares fotovoltaicos durante el año, equipos ya conectados al Sistema Electroenergético Nacional. La participación de fuentes limpias en la generación eléctrica subió desde menos del 4 % en enero hasta cerca del 9 % en el cierre del ejercicio anual.
Ese aumento resulta significativo, aun insuficiente frente a las necesidades reales del país. Las renovables deben integrarse de forma escalonada a la infraestructura tradicional; no reemplazan de un día para otro la generación convencional. El desafío técnico y logístico exige ampliar redes, almacenamiento y capacidades de gestión con el propósito de garantizar continuidad y fiabilidad del suministro.
En ese mismo contexto, 2025 fue también el año de la inauguración oficial en La Habana de la Unidad Técnica para el Mercado del Carbono, una estructura concebida con el propósito de preparar al país en su inserción en los mercados internacionales de créditos de carbono. Según informó ACN, esta decisión responde a la voluntad gubernamental de dotar a Cuba de un marco institucional capaz de participar en mecanismos globales orientados a la mitigación del cambio climático, pese a las limitaciones financieras y de acceso a cooperación internacional.
El mercado del carbono funciona como un mecanismo internacional donde se compran y venden créditos —cada uno equivalente a una tonelada de CO₂ evitada o capturada— generados por proyectos sostenibles. Para Cuba, disponer de una Unidad Técnica propia significa abrir una ventana hacia fuentes de financiamiento externas y atraer transferencia tecnológica, además de transformar iniciativas de energías renovables y reforestación en activos con valor económico. La comercialización de esos créditos no solo aporta a la mitigación del cambio climático, sino también puede generar ingresos que aceleren la transición energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y reforzar la posición de la nación ante compromisos multilaterales como el Acuerdo de París.
De la COP30 a los territorios
La participación en foros mundiales fue otro pilar importante; por ejemplo, Cuba asistió a la COP30 —la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)-, celebrada en Belém, Brasil.
Bajo la coordinación del CITMA, la delegación presentó propuestas de alcance local y territorial, con el propósito de mostrar soluciones prácticas orientadas al cumplimiento de los compromisos ambientales nacionales.
En su intervención, la representación cubana defendió un enfoque basado en evidencia científica, equidad y justicia climática, priorizando la cooperación Sur–Sur como vía para compartir capacidades y recursos.
Durante el año, explica el sitio web del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en Cuba, se avanzó en el fortalecimiento de su sistema de monitoreo hidrológico con la incorporación de 184 estaciones automatizadas, como parte del proyecto Mi Costa, orientado a mejorar la gestión sostenible del agua y la toma de decisiones a escala local. Estos equipos permiten registrar en tiempo real o de manera periódica variables clave como las precipitaciones, los niveles de las aguas subterráneas, la intrusión marina, la disponibilidad hídrica y el balance entre evaporación y recarga, lo cual amplía de forma significativa la cobertura y precisión de la información en territorios antes poco estudiados.

La iniciativa, gestionada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y ejecutada en coordinación con la Agencia de Medio Ambiente del CITMA, el PNUD y el Fondo Verde para el Clima, contribuyó a mejorar los sistemas de alerta temprana frente a sequías e inundaciones y a la protección de acuíferos, humedales y ecosistemas costeros. El monitoreo continuo facilita la planificación de acciones de adaptación basadas en ecosistemas —como la recuperación de humedales y su cobertura vegetal—, reduce los riesgos asociados al avance de la intrusión salina y fortalece la resiliencia de comunidades y zonas agrícolas ante los efectos del cambio climático y la elevación del nivel del mar.
El nacimiento de CecilIA
En 2025, Cuba dio un paso significativo en el desarrollo de la inteligencia artificial con la creación de CecilIA, el primer modelo de lenguaje entrenado en el país, que fue concebido como una apuesta por la soberanía tecnológica y cultural. Según informaron Cubahora y Cubasí, el proyecto fue presentado durante la Convención Saber UH, tras concluir su primer ciclo de entrenamiento, y se inscribe en la Agenda para la Transformación Digital y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial aprobadas por el país.
Desarrollado por el Grupo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, CecilIA se entrenó con un corpus de marcado sello nacional —que incluye literatura cubana, prensa, documentos oficiales y textos jurídicos— a partir de un modelo base especializado en español. De acuerdo con sus creadores, citados por ambos medios, el uso de modelos de lenguaje pequeños permitió optimizar recursos y dotar al sistema de una mayor sensibilidad cultural, con la aspiración de servir como base para futuras aplicaciones en ámbitos como la educación, la gestión pública y la preservación del patrimonio lingüístico del país.
En relación con lo anterior, el Artículo 8 de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación establece que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Cuba debe regirse por principios éticos orientados al bienestar social y humano, con una evaluación sistemática de sus impactos sobre las personas, la sociedad y el entorno. La norma subraya la obligación de anticipar y analizar las implicaciones éticas de las tecnologías emergentes, alinear su aplicación con los códigos de ética profesionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano, así como promover una divulgación responsable con el fin de evitar alarmas injustificadas o expectativas infundadas sobre las capacidades de estos sistemas.
Una nueva esperanza contra las secuelas del Chikungunya
Por su parte, la biotecnología cubana dio un paso relevante al iniciar el desarrollo y evaluación clínica de nuevas aplicaciones del fármaco Jusvinza frente a las secuelas del chikungunya, una enfermedad de impacto sostenido en la salud pública del país.
El acontecimiento marcó la apertura del primer ensayo clínico en Cuba enfocado específicamente en la poliartritis residual asociada a esta arbovirosis, con investigaciones desplegadas en instituciones hospitalarias de La Habana y Matanzas, bajo la conducción del Ministerio de Salud Pública y con la participación del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).
El estudio se insertó, además, en una estrategia nacional más amplia para el enfrentamiento integral a las enfermedades transmitidas por vectores.
La elección de Jusvinza como candidato terapéutico respondió a una trayectoria científica acumulada: concebido originalmente en el tratamiento de la artritis reumatoide, el péptido inmunorregulador había sido utilizado previamente en Cuba en el control de procesos hiperinflamatorios en pacientes graves durante la pandemia de COVID-19. En 2025, su exploración frente a las secuelas del chikungunya se consolidó como un hito de la investigación biomédica nacional, al articular experiencia clínica, innovación farmacológica y soberanía. Más allá de los resultados aún en evaluación, el inicio de este proceso evidenció la capacidad del sistema científico cubano para reorientar conocimientos y productos propios ante desafíos sanitarios emergentes.
Miles de iniciativas en marcha

En términos de resultados, el ministro del CITMA resaltó en la entrevista concedida al periódico Granma la incorporación de nuevos activos de propiedad intelectual y productos innovadores; se obtuvieron cuatro nuevos registros de propiedad intelectual, se introdujeron 13 productos innovadores y, en el conjunto de entidades dinamizadoras, se ejecutaron 113 proyectos de I+D (16 en el exterior); igualmente se registraron siete productos y doce servicios científico-tecnológicos de alto valor agregado.
Cuba cerró el año con 5 978 proyectos de ciencia, tecnología e innovación: 503 vinculados a 17 programas nacionales, 1 173 a programas sectoriales y 3 937 no asociados a programas. De ese total, 4 390 (73,4 %) correspondieron a investigación y desarrollo, mientras el 1 588 (26,6 %) fueron proyectos de innovación —un balance que, según el ministro, obliga a impulsar con urgencia la proporción de innovaciones por su efecto directo en la solución de problemas nacionales.
La cooperación internacional también ganó impulso en 2025: Rodríguez Batista destacó la intensificación de vínculos con China, Rusia, Belarús y Vietnam, y señaló la III Convocatoria Conjunta con China como inicio de una nueva etapa de cooperación intergubernamental con decenas de propuestas ya recibidas.
Brechas por cerrar
Tras repasar leyes, proyectos y alianzas, conviene detenerse en la otra cara del panorama: existen avances. mas persisten, sin embargo, limitaciones capaces de frenar la traducción del conocimiento en beneficios tangibles para la sociedad.
Sobre las barreras que entorpecen un aporte mayor de este sector al desarrollo, el titular puntualizó a Granma problemas estructurales: insuficiente conexión entre ciencia y economía, deterioro de infraestructura y equipamiento, falta de insumos, escaso financiamiento en divisas y baja participación del financiamiento empresarial.
Las carencias infraestructurales y la falta de insumos impactan directamente en la continuidad de proyectos y en la capacidad para cumplir cronogramas, lo cual reduce la confianza de posibles socios industriales. Equipos fuera de servicio, demoras en la entrada de repuestos y procesos de compra complejos obligan a grupos de investigación a negociar calendarios con clientes, aplazar ensayos o reutilizar materiales, lo cual erosiona calidad y competitividad. A corto plazo, esta fragilidad operacional limita la posibilidad de escalar prototipos a producción; a mediano plazo, merma la atracción de inversión privada y la capacidad de insertarse en cadenas globales de valor.
A fin de superar esos límites resulta imprescindible un paquete coordinado de medidas: líneas financieras orientadas a la compra de insumos críticos en divisas, fondos semilla para escalamiento tecnológico y beneficios fiscales que incentiven la inversión empresarial en I+D. Junto a ello, conviene fortalecer oficinas de transferencia tecnológica con recursos humanos formados en negociación y comercialización, crear un registro público de resultados y autores que faciliten la trazabilidad de activos intelectuales y consolidar indicadores estándar que evaluen el aporte económico de la CTI. La combinación de incentivos, formación y transparencia institucional puede transformar obstáculos actuales en palancas para la adopción industrial y la internacionalización del conocimiento nacional.
Al respecto, Rodríguez Batista enfatizó en la necesidad de potenciar la integración entre ciencias naturales y sociales, y de fortalecer el uso del conocimiento científico en la toma de decisiones públicas. De igual manera, planteó desafíos operativos y normativos pendientes: mejorar los mecanismos de remuneración y transferencia de resultados (actualmente la ley permite repartir hasta el 30 % de beneficios, pero no siempre se aplica), crear registros de resultados y autores, desarrollar capacidades para la negociación y transferencia tecnológica, y avanzar en la evaluación del impacto económico de la CTI —especialmente su aporte al Producto Interno Bruto— como prioridades en el 2026.
En medio de un escenario adverso, la ciencia cubana transitó 2025 entre la contención y el impulso, sosteniendo líneas de trabajo esenciales y explorando nuevas rutas que respondan a problemas complejos. Las dificultades no anularon la capacidad de generar conocimiento ni de proyectar soluciones, aunque sí condicionaron ritmos y alcances. El balance del año muestra un sistema científico que, aun tensionado, mantiene vitalidad y proyección.
Este panorama ofrece apenas una aproximación al conjunto de procesos en curso. La dinámica real es más amplia, diversa y, en muchos casos, aún invisible. El próximo período abre expectativas de consolidación y aprendizaje, con la necesidad de fortalecer mecanismos de apoyo, evaluación e integración. El desafío será convertir el esfuerzo acumulado en progreso sostenido, con mayor impacto social y económico.


















