Los cubanos subrayan en su Carta Magna que todo tratado de paz con España tenía que partir necesariamente de la independencia de nuestro archipiélago
Eran 20 patriotas representando a los insurrectos de los cuatro cuerpos de ejército existentes y un quinto en formación (los dos de Oriente y los de Camagüey, Las Villas y Occidente). Entre ellos, estaban tres abogados, cinco médicos, tres periodistas, ocho procedentes de profesiones diversas y un hacendado, Salvador Cisneros Betancourt.
Se reunieron desde el 13 de septiembre de 1895 en el potrero de Jimaguayú, el lugar donde había caído en combate Ignacio Agramonte durante la guerra del 68. Su propósito: organizarse en Asamblea Constituyente y redactar la Carta Magna que ordenara legalmente al Estado Nacional en armas y lograra la unidad de todas las fuerzas mambisas, las cuales ya combatían desde el Centro hasta el Oriente de Cuba e, incluso, comenzaban a operar en Matanzas.
El documento iniciaba con una afirmación rotunda: “La revolución por la independencia y creación de Cuba en República democrática, en su nuevo período de guerra iniciado en febrero último, solemnemente declara la separación de Cuba de la monarquía española y su constitución como Estado libre e independiente con gobierno propio, por autoridad suprema, con el nombre de República de Cuba”.
Con el fin de evitar los desaciertos del Zanjón, establecía en su onceno artículo: “El tratado de paz con España […] ha de tener precisamente por base la Independencia absoluta de la Isla de Cuba”. Y añadía en su vigésimocuarto acápite: “Esta Constitución regirá a Cuba durante dos años a contar desde su promulgación si antes no termina la guerra de independencia. Transcurrido este plazo se convocará a Asamblea de Representantes que podrá modificarla y procederá a la elección del nuevo Consejo de Gobierno y a la censura del saliente”.
Criterios divergentes
Dentro de la Asamblea se enfrentaron distintos proyectos acerca de la organización de la República de Cuba en armas. Uno de ellos, defendido por Rafael Portuondo Tamayo y otros delegados orientales, sostenía la tesis de Maceo a favor de otorgarle a la dirección del ejército “la mayor cantidad de facultades compatibles con las instituciones de la república”.
Fermín Valdés Domínguez y Enrique Loynaz del Castillo, influidos por el pensamiento martiano (“El Ejército libre, y el país, como país y con toda su dignidad representado”), defendían la separación de funciones y el otorgamiento de amplias facultades al gobierno y al ejército, los cuales no debían interferir entre sí.
Los “civilistas”, encabezados por Cisneros Betancourt, querían prevenir una posible tiranía y abogaban por el control absoluto del poder civil sobre el militar. Este proyecto, muy similar al aprobado en Guáimaro (1869) estaba al margen de la realidad misma de la guerra y fue rechazado por la mayoría de los constituyentes.
A favor de la unidad se llegó a una fórmula de transición y se aprobó la división de las funciones militares y civiles, recayendo esta última en un Consejo reducido, con respecto al de Guáimaro, a un presidente, un vicepresidente y cuatro secretarías. Pero en medio del debate, Cisneros Betancourt propuso la siguiente cláusula: “El Consejo de Gobierno solamente intervendrá en las operaciones militares, cuando a su juicio sea absolutamente necesario a la realización de otros fines políticos”.
Lamentablemente, esta propuesta se aprobó e incorporó a la Constitución en calidad de su cuarto artículo. Su ambigüedad permitió más de una lectura y a muchas interpretaciones, ya que nunca se definió cuales podían ser esos “altos fines políticos” y generó efectos adversos en la marcha de la guerra.
Entre otras ambigüedades de esta Carta Magna mambisa está la innecesaria Secretaría de Guerra cuando ya el Ejército Libertador contaba con un aparato militar al frente del cual estaba el general en jefe Máximo Gómez. Más temprano que tarde, el Generalísimo y el Secretario de Guerra chocarían en sus funciones.
A la vez, en Jimaguayú se otorgó al Consejo de Gobierno la facultad de otorgar grados de coronel a mayor general; esto menoscababa las atribuciones del General en Jefe y estimulaba a los aspirantes a dichos grados a estar más pendientes de los vaivenes políticos que a los méritos de guerra.
La república en armas
El 16 de septiembre quedó finalmente redactada la Constitución, aprobada unánimemente por los asambleístas. Luego se eligió al Consejo de Gobierno, integrado por Salvador Cisneros Betancourt (presidente), Bartolomé Masó (vicepresidente) y secretarios Carlos Roloff (Guerra), Severo Pina (Hacienda), Santiago García Cañizares (Interior) y Rafael Portuondo Tamayo (Exterior).
Las cuatro secretarías dispusieron de un subsecretario (Guerra: Mario García Menocal; Hacienda: Joaquín Castillo Duany; Interior: el luego general Carlos Dubois Castillo; y Exterior: Fermín Valdés Domínguez). Al abogado habanero José Clemente Vivanco lo designaron secretario del Consejo. Máximo Gómez fue ratificado General en Jefe del Ejército Libertador. En dicho cargo había sido electo previamente por el ramo de la guerra del Partido Revolucionario Cubano (PRC), mientras el de Lugarteniente General recayó en la figura del general Antonio Maceo. Por último, Estrada Palma, recién electo Delegado del PRC tras la muerte de Martí, le asignaron el cargo de Delegado Plenipotenciario del Consejo de Gobierno en el Exterior.
Retrospectiva desde 2025
La constitución aprobada en Jimaguayú, independientemente de contravenir las concepciones martianas –sobre todo en cuanto a la separación de funciones entre los poderes civil y militar–, y desconoció tácitamente a las estructuras del PRC, significó un indiscutible paso de avance, con respecto a la de Guáimaro, en cuanto a la organización gubernamental. Trató de enmendar los errores del 68, de ajustarse a la realidad cubana de la época. Aunque no siempre esto se logró.
Los “civilistas” siempre fueron mayoría en el gobierno y aprovecharon las ambigüedades constitucionales para inmiscuirse en el campo militar. Dos años después, en La Yaya, al redactarse una nueva Carta Magna, se omitió el cargo de General en Jefe y aunque el final de la guerra, al año siguiente, no dio tiempo al estallido de más profundos conflictos, en 1899, la tristemente célebre Asamblea del Cerro cometió el dislate de deponer a Gómez.
Más allá de su significado histórico, Jimaguayú ofreció una lección vital para la nacionalidad cubana en los años siguientes a su promulgación: la importancia de la unidad. La Asamblea simbolizó un esfuerzo conjunto encaminado a liberarse del colonialismo español, demostrando que la cohesión puede ser la clave encaminada a enfrentar adversidades.
Al institucionalizar el Estado Nacional en armas, poco más de un mes de realizada la magna reunión el contingente invasor partió desde Mangos de Baraguá, exactamente el 22 de octubre de 1895, con el objetivo de llevar la guerra a Occidente. El pendón independentista ondearía entonces a todo lo largo y ancho de la geografía nacional.
*Periodista y profesor universitario. Premio Nacional de Periodismo Histórico por la obra de la vida 2021.
Fuentes consultadas
Los libros Las luchas por la independencia nacional y las transformaciones estructurales (1868-1878), del Instituto de Historia de Cuba, y Cuba, la forja de una nación, de Rolando Rodríguez. Los Documentos para la historia de Cuba, de Hortensia Pichardo. El Diccionario Enciclopédico Militar de Historia de Cuba
