Mientras El Alto consolida su papel como epicentro de la resistencia popular, el gobierno de Rodrigo Paz coquetea con la militarización en medio de una crisis que ya cuenta sus muertos con balas de verdad

La crisis política y económica en Bolivia no da señales de tregua y ha entrado de lleno en su cuarta semana de convulsión absoluta.

En un intento por apagar un incendio que ya consume gran parte del país, el presidente Rodrigo Paz recurrió este lunes a una maniobra efectista desde la ciudad de Sucre: anunció una rebaja del 50 por ciento en su propio salario y en el de todo su gabinete ministerial.

Sin embargo, la calle no se deja comprar con espejismos. En un contexto donde la inflación devora los ingresos de los trabajadores y escasea el combustible, la medida ha sido recibida como una ofrenda puramente simbólica e irrelevante, que ni siquiera figura en las demandas reales de las bases.

El reclamo social hace tiempo desborda las peticiones sectoriales; ahora, de manera unánime, lo que se exige en las carreteras es la renuncia del mandatario.

El corazón rebelde del Altiplano

Para entender la fuerza inquebrantable de este sismo político hay que mirar hacia arriba, a los cuatro mil 150 metros de altitud donde se asienta la ciudad de El Alto.

Estratégica por su ubicación geográfica y dueña de una historia de insurgencia que evoca los cercos indígenas de Túpac Katari, esta urbe obrera y aymara vuelve a consolidarse como el epicentro definitivo del conflicto nacional.

La población alteña, que hace apenas seis meses entregó un voto de confianza a la fórmula de Rodrigo Paz con la promesa de inclusión y continuidad social, hoy se siente profundamente traicionada por el viraje neoliberal del Ejecutivo.

Esa decepción se tradujo el lunes en una impresionante marea humana de mineros, campesinos y choferes que descendió desde El Alto para cercar el centro de La Paz.

La respuesta estatal abandonó las banderas blancas para dar paso a las nubes de gases lacrimógenos y los perdigones de la policía antimotines.

Los choques han elevado el costo de la crisis a su moneda más trágica: la vida humana. A los fallecidos iniciales por falta de atención médica en las rutas bloqueadas, se ha sumado la muerte del ciudadano Víctor Cruz Quispe, en la localidad de Vilaque, víctima de un proyectil de arma de fuego.

En un torpe intento por evadir el impacto político, la vocería presidencial intentó tildar el hecho de «noticia falsa», para luego verse obligada a ofrecer una disculpa pública ante la contundencia del reporte forense. Las balas en Bolivia ya son de verdad.

La carta del Decreto y el ajedrez de Evo

Ante la evidente falta de altura política y la incapacidad de desactivar el conflicto mediante un diálogo genuino, el entorno presidencial parece estar preparando el terreno para una salida autoritaria.

En una jugada exprés y alarmante, el Senado aprobó una ley que deroga las restricciones vigentes desde 2020 sobre el Estado de Excepción.

Luego de avanzar la normativa en la Cámara de Diputados, Rodrigo Paz tiene las manos libres para gobernar por decreto y militarizar el país sin necesidad de rendir cuentas ni pedir autorización al Parlamento, donde su bancada es minoría.

Desde su trinchera en la provincia del Chapare, resguardado de una orden de captura la cual califica de persecución, el expresidente Evo Morales mueve sus piezas en este tablero de alta tensión.

Morales, quien conserva una notable capacidad organizativa y discursiva sobre las masas movilizadas, ha lanzado una línea clara: impugna la opción de convocar a las Fuerzas Armadas como una «decisión suicida» y emplaza directamente al Ejecutivo a convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días como la única vía real para la pacificación.

Atrapado en una tormenta perfecta nacida de sus propias promesas incumplidas, errores económicos groseros y un gabinete incompetente, el tiempo y los recursos políticos se le agotan a Rodrigo Paz.

Su gobierno se balancea peligrosamente entre el asedio de una calle que no retrocede y la tentación de la fuerza, una encrucijada andina cuyo desenlace definitivo marcará el futuro inmediato de Bolivia.