Gustavo Petro enfrenta una crisis política tras el atentado a un candidato opositor y en medio de un clima de creciente polarización y resurgimiento de la violencia

El reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, estremece a Colombia y reactiva las alarmas sobre el persistente riesgo de violencia política.

Un adolescente de apenas 15 años ejecutó el ataque, lo cual no representa únicamente una tragedia personal y política, sino un hecho profundamente simbólico en un momento de alta tensión institucional, cuando el gobierno de Gustavo Petro enfrenta una encrucijada política y jurídica por su intento de sacar adelante una consulta popular por decreto.

Que un menor de edad haya sido capturado como presunto autor material del atentado añade una dimensión perturbadora al hecho. Revela no solo una peligrosa instrumentalización de jóvenes en dinámicas criminales, sino también las fracturas sociales que aún permean a sectores vulnerables del país.

La historia familiar de Uribe Turbay –huérfano desde niño tras el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, a manos del cartel de Medellín– adquiere un tinte trágico, que amplifica el impacto simbólico del atentado. A sus 39 años, el senador se debate entre la vida y la muerte en un país que revive, con este episodio, los ecos de su pasado más violento.

Está claro: las condiciones actuales distan de las décadas marcadas por magnicidios políticos como los de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, tres candidatos presidenciales asesinados entre 1989 y 1990. Sus muertes marcaron uno de los períodos más oscuros de la violencia política en el país.

No obstante, el atentado del sábado último reabre heridas históricas y evidencia una polarización política que, alimentada desde distintos frentes, alcanza niveles preocupantes.

La retórica hostil y deslegitimadora se normaliza en redes sociales y en el debate público, donde los límites del respeto institucional parecen haberse difuminado.

Atentan también contra el camino hacia 2026

El presidente Gustavo Petro condenó el ataque de forma inmediata, expresó su solidaridad con la familia del senador y exigió una investigación a fondo, comenzando por el esquema de seguridad asignado por el Estado al precandidato.

Además, llamó a no instrumentalizar políticamente la tragedia, en clara referencia a sectores opositores que atribuyen al “clima de confrontación impulsado desde el Ejecutivo” una supuesta responsabilidad moral en lo ocurrido.

La canciller Laura Sarabia, por su parte, ofreció un mea culpa institucional, al afirmar que “muchos hemos fallado” e instó a erradicar el odio desde el lenguaje político.

Sin embargo, las implicaciones para el propio Petro son ineludibles. El atentado se produjo en medio de una tormenta política generada por su intención de convocar una consulta popular tras el fracaso de su reforma laboral.

La posibilidad de emitir un decreto presidencial con ese fin ha sido calificada de inconstitucional por diversos juristas y enfrentada por gran parte de la oposición, incluido el propio Uribe Turbay, quien había anunciado acciones judiciales contra los ministros que lo firmaran. La tensión alcanzó su punto más alto justo antes del ataque.

En este contexto, el intento de homicidio podría alterar profundamente el rumbo del proceso electoral hacia 2026.

Paradójicamente, abrió una ventana para el consenso democrático: más de 20 partidos políticos, de todas las corrientes ideológicas, rubricaron un comunicado conjunto condenando la violencia y reiterando su compromiso con el debate político por vías pacíficas.

Este gesto de unidad podría convertirse en un punto de inflexión si se traduce en una agenda común de respeto institucional y protección a los líderes públicos.

Para el Centro Democrático, la figura de Miguel Uribe Turbay encarna una renovación generacional y una apuesta por un discurso menos incendiario que el de sus antecesores.

Su figura, forjada en la crítica firme pero serena al actual gobierno, se consolidaba como una alternativa política viable. Su ausencia, temporal o definitiva, reconfigura el panorama de la derecha y deja al uribismo ante el desafío de rearticular su liderazgo.

Para Gustavo Petro, el desafío es aún más profundo. El mandatario tiene ahora la responsabilidad de garantizar no solo el esclarecimiento del crimen, sino la preservación del orden constitucional en un ambiente enrarecido. Según analistas, le corresponde moderar su discurso, reconstruir puentes de diálogo con la oposición y demostrar que su gobierno está comprometido con la convivencia democrática, incluso con quienes se le oponen frontalmente.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ha puesto a prueba a Colombia en su capacidad de aprender del pasado, contener la violencia y blindar sus instituciones. La defensa de la vida y del debate democrático no admite ambigüedades. En esta defensa, el presidente también se juega su legitimidad.