Mientras el gobierno de Daniel Noboa ejecuta una feroz cacería de todo lo que huela a Revolución Ciudadana, Lenín Moreno regresa plácidamente a Quito para enfrentar el juicio del mayor caso de corrupción en la historia reciente de Ecuador

Hay retornos que no necesitan alfombra roja para oler a puesta en escena. El regreso de Lenín Moreno a Quito, tras cinco años de cómodo autoexilio en Paraguay, se ha producido con la naturalidad de un turista que vuelve a casa de vacaciones y no de un imputado que viene a sentarse en el banquillo de la Corte Nacional de Justicia por el delito de cohecho.

Lo verdaderamente asombroso –o, más bien, elocuente– es que Moreno camine libre y sonriente por los pasillos judiciales en un Ecuador donde el gobierno de Daniel Noboa persigue con saña casi milimétrica cualquier sombra que huela a correísmo.

En los corros políticos de la Revolución Ciudadana el diagnóstico es unánime: este aterrizaje suave y sin las humillaciones de la prisión preventiva o el grillete electrónico solo es posible gracias a un pacto tras bambalinas con el actual Ejecutivo para reactivar la gastada campaña de difamación contra Rafael Correa.

Anatomía de una traición

Para entender el tamaño de la comedia, conviene recordar quién es el personaje. Lenín Moreno, quien fue vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013, llegó al poder en 2017 aupado, financiado y bendecido por Correa y las bases de la Revolución Ciudadana, presentándose como el rostro amable, dialogante y continuador de un proyecto social de izquierda.

Sin embargo, apenas se instaló en el Palacio de Carondelet, ejecutó un giro copernicano que ya califica como una de las traiciones políticas más flagrantes de la historia latinoamericana: entregó el país al neoliberalismo, alineó la política exterior a los dictados de Washington y desató una brutal persecución judicial (lawfare) contra sus antiguos compañeros de ruta.

Su gran eslogan de campaña fue prometer una “cirugía mayor a la corrupción”, frase que hoy adquiere un tinte de ironía suprema cuando el cirujano resulta ser el principal enfermo.

El llamado caso Sinohydro ha puesto al descubierto que, mientras Moreno ejercía la vicepresidencia de la República, se habría diseñado una estructura para favorecer a la empresa estatal china encargada de construir Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país.

La Fiscalía sostiene que la red criminal movió la astronómica cifra de 76 millones de dólares en sobornos, equivalentes a la muy exacta “fórmula del cuatro por ciento” del valor inicial del contrato.

El “reparto” no pecó de antisocial: la acusación señala que Moreno y su círculo íntimo –esposa, hermanos, cuñadas y una hija– se beneficiaron con cerca de un millón de dólares, canalizados a través de la empresa offshore radicada en Panamá INA Investment, cuyo nombre, por pura ternura familiar, coincide con el acrónimo de sus tres hijas.

Dinero sucio que, según los rastreos, circuló por bancos de cinco naciones y terminó convertido en un piso de lujo en Alicante, España, y selectos muebles suizos.

Afuera de la audiencia, Moreno ha intentado vestir su habitual traje de víctima, descalificando las pruebas como una “venganza de Correa” por haberle impedido la reelección indefinida.

El careo de las realidades

Su defensa alega una supuesta falta de “dominio del hecho”, argumentando que su firma no está en ningún papel y que las funciones de la vicepresidencia estaban limitadas al área social y no a la estratégica infraestructura energética.

Sin embargo, el libreto de la inocencia chocó de frente durante el segundo día del juicio, cuando Jorge Glas compareció como testigo de manera telemática desde su celda de máxima seguridad en Santa Elena.

El exvicepresidente correísta, cuya realidad de encierro contrasta drásticamente con los privilegios de Moreno, dejó claro ante el tribunal que el exmandatario no era ningún espectador distraído.

Glas testificó que recibió múltiples llamadas telefónicas de Moreno en las que este le inquiría, de forma inusualmente insistente, sobre los avances de la hidroeléctrica y el estado del financiamiento chino.

Por si fuera poco, Glas reveló que Moreno le ordenó expresamente recibir al empresario Xavier Macías –otro de los procesados– para indicarle que, por decisión del propio Moreno, todos los asuntos relacionados con Sinohydro debían manejarse exclusivamente a través de él: revelación que desbarata la coartada del desentendido y coloca al “traidor” en el centro del entramado operativo.

El dictamen final del tribunal de la Corte Nacional de Justicia se conocerá próximamente; se estima que la presentación formal de pruebas consumirá las semanas venideras.

Queda por ver si la Corte Nacional de Justicia se atreverá a pasar de la comedia al veredicto o si las costuras de ese pacto tras bambalinas con Noboa terminarán por blindar la impunidad del expresidente. Las próximas semanas definirán si la historia ecuatoriana finalmente cobra esta factura o si el cirujano de la traición logra eludir, una vez más, el peso de la ley. No obstante, ya sabemos cuál será ese desenlace.