El severo programa de ajuste fiscal de Rodrigo Paz choca contra el histórico músculo social del altiplano. Detrás de las dádivas oficiales y la tentación de la fuerza, se dibuja un escenario de ingobernabilidad donde las bases populares reescriben su unidad en las carreteras

Los ciclos políticos en el altiplano andino suelen moverse con la velocidad del rayo y la contundencia del trueno. En apenas un semestre de gestión, el gobierno de Rodrigo Paz ha visto cómo el crédito electoral otorgado en las urnas se disolvía bajo el asfalto caliente de las carreteras bloqueadas. Todo comenzó como un reclamo ante el descontento económico ha mutado en un pulso radical por el poder: el Ejecutivo actual parece haber cruzado el punto de no retorno.

Ajuste de privilegios: la fisura del modelo

El mandatario, fiel exponente de la vieja élite conservadora y poseedor de una relación genuflexa con Washington, ensayó desde el primer día una receta neoliberal cuyas consecuencias sufren las mayorías.

Se decretó la eliminación de los subsidios al combustible; además, para beneficio de las élites financieras se abolía el impuesto a las grandes fortunas.

Pero el verdadero detonante del malestar moral fue el premio a la propia estructura estatal: un proyecto de presupuesto que contemplaba un obsceno incremento del 40 por ciento en los ingresos de 10 ministerios.

Esta maniobra, destinada a inflar los bolsillos de la alta burocracia, desnudó la hipocresía oficial. Cuando la presión en las carreteras se volvió insostenible, Paz intentó contener el incendio anunciando una rebaja del 50 por ciento en su salario nominal y el de sus ministros.

Los bolivianos de a pie entendieron de inmediato el engaño: de nada sirve simular un recorte de sueldo frente a los micrófonos si por la espalda ya te has garantizado un aumento presupuestario millonario.

Frente a esta asimetría, las ofertas oficiales terminan siendo gestos estériles ante un pueblo que ya no exige rebajas de sueldos nominales, sino un cambio estructural de rumbo. La contradicción es tan evidente como dolorosa.

En la Bolivia contemporánea, la «motosierra» fiscal se ensaña con los de abajo, mientras se transforma en una caricia de generosos sobresueldos para la alta burocracia, provocando que en las calles ya no se negocien migajas, mas bien se pide la renuncia del jefe de Estado.

El Alto y la tradición de la insurgencia

El conflicto ha encontrado su epicentro geopolítico en la emblemática ciudad de El Alto. Situada a 4 150 metros de altitud, esta urbe obrera, minera y de raíces aymaras es el termómetro revolucionario de la nación. Su demografía –moldeada por migraciones campesinas y la relocalización de mineros despedidos en las oleadas neoliberales del pasado– le confiere una escuela de rebeldía implacable.

Los alteños siempre han rechazado la idea de ser una periferia pasiva del poder y se organizan mediante redes comunales, las cuales funcionan como auténticos microgobiernos barriales. Esta particular dinámica social dota a la urbe de una centralidad política y una capacidad de presión callejera capaces de marcar, como tantas otras veces en su historia reciente, el rumbo entero de la nación.

La historia lo demuestra, quien ignora a El Alto paga el costo político, como ocurrió en 2003 y 2019. Hoy, sus habitantes experimentan una profunda «sensación de traición» tras haber confiado en una fórmula oficialista que prometió una inclusión que nunca llegó.

Su respuesta ha sido recuperar los cercos urbanos y los bloqueos de rutas troncales, donde las misiones humanitarias del gobierno han sido recibidas con emboscadas de dinamita y la represión policial ha dejado de ser meramente lacrimógena.

La muerte de un manifestante en la localidad de Vilaque, a causa de un proyectil de arma de fuego, desmoronó la narrativa oficial que pretendía catalogar el uso de la fuerza letal como una «noticia falsa». Las balas y el luto ya marcan el ritmo político.

El fantasma de la fuerza y la recomposición popular

Atrapado por la falta de cintura política y en minoría parlamentaria, el entorno de Rodrigo Paz coquetea con la vía autoritaria. La reciente iniciativa del Senado para derogar las restricciones sobre los Estados de Excepción es un síntoma alarmante que dejaría al Ejecutivo las manos libres para gobernar por decreto y militarizar el territorio, una apuesta considerada suicida sin un proyecto real de reconstrucción estatal.

Esta asfixia institucional genera una paradoja: el rechazo unánime a las medidas antipopulares está logrando recomponer el fragmentado tejido social de las fuerzas populares, cuyas bases (antes divididas) hoy se unifican en la trinchera común de las carreteras.

Desde el Chapare, el expresidente Evo Morales mueve sus piezas, lanzando líneas discursivas efectivas a las masas y emplazando al gobierno al adelanto electoral en un plazo de 90 días como única vía de pacificación.

El tiempo y los recursos políticos de Rodrigo Paz se agotan. Entre el humo de la dinamita y el desierto de los mercados desabastecidos, Bolivia demuestra una vez más cómo la gobernabilidad no se firma en los despachos ministeriales, sino que se negocia y se defiende en la resistencia de sus calles.