Las presiones y chantajes de Estados Unidos contra Cuba no comenzaron tras el triunfo revolucionario de 1959; por el contrario, fueron recurrentes desde la intervención de sus tropas en la contienda independentista y crearon conflictos en las relaciones económicas entre ambas naciones
Fotos. / Archivo de BOHEMIA
Varias controversias surgieron durante la primera mitad del siglo XX debido a la prepotencia de los gobiernos estadounidenses hacia Cuba. Una de ellas acaeció en 1943. Su núcleo discurrió por carriles privados (notas, encuentros personales) y los detalles no llegaron a ser de conocimiento general hasta que el periodista Francisco Ichaso relató el diferendo en varias ediciones del Diario de la Marina: las del 17, 20, 24 y 31 de julio y el 3 de agosto de 1947.
Ese mismo año los artículos conformaron el libro Entre Excelencias. Los incidentes Braden-Santovenia, donde se especifica que en “ellos se evocan las fricciones diplomáticas ocurridas entre el Dr. Emeterio Santovenia y el Sr. Spruille Braden, cuando el primero ocupaba el cargo de Ministro de Estado de Cuba y el segundo representaba como embajador a su país en esta Antilla”.
El prologuista del volumen, Joaquín Martínez Sáenz, asevera que en esos textos “se plantea una cuestión siempre actual: la forma en que deben conducirse las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados”. Luego destaca la significación de los actores y comenta que, según Ichaso, el contrapunteo llevó a que se abultaran algunos hechos y se disminuyeran otros.
Sáenz añade que los roces con la embajada estadounidense se debieron a “la firme actitud cubana basada en un cabal concepto de la soberanía y en un estricto respeto a las normas del Derecho internacional, frente a los movimientos, en ocasiones descompasados, de una diplomacia […] obstinada en alcanzar sus fines por medios no siempre compatibles con la sensibilidad de los pueblos donde se ejerce”. En este caso, el norteamericano pretendió, una vez más, “convertir sus notas en mandatos, sus recomendaciones en ‘ucases’”.
Quiso el plenipotenciario establecer la forma en que se realizaba el embarque de azúcar en el puerto de Nuevitas, lo cual motivó una queja del gremio de obreros. Santovenia se le enfrentó diciéndole en una nota que a ningún cónsul extranjero le correspondía tomar esa decisión. Además, entre otros desaguisados, Braden respaldó públicamente las acusaciones contra el diplomático peruano en La Habana, Luis Cúneo Harrison, aunque el propio canciller le había hecho saber que las investigaciones emprendidas por el Buró de Actividades Enemigas no habían arrojado indicio alguno de que el susodicho fuera un simpatizante de las potencias nazifascistas.
En ambas ocasiones el funcionario yanqui terminó adoptando un discurso conciliador, sobre todo después de un encuentro personal, tenso, durante el cual Santovenia le manifestó que “las relaciones exteriores de Cuba las conducía el Presidente de la República, a través del Ministro de Estado, y no el embajador de los Estados Unidos”.
Pulseadas oficiales
Motivo de desavenencias en la década serían los vínculos comerciales de Cuba con su rapaz vecino. Las suscitadas en el período 1945-1948, en torno a la adquisición del azúcar insular, resultaron candentes y sustrato de una serie de polémicas. En síntesis, según un orden cronológico, estos fueron los hechos (detallados en los volúmenes Cuba entre 1899 y 1959. Seis décadas de historia, de Francisca López Civeira, y El gobierno de la Kubanidad, escrito por Humberto Vázquez García):
Ya en 1945 comenzaron las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos para la venta de la zafra de 1946. Los productores cubanos no estuvieron de acuerdo con la oferta estadounidense, consistente en pagar a 3.45 centavos la libra de azúcar y solo permitirles reservar 250 000 toneladas para el consumo interno y 50 000 para situarlas en el mercado libre, donde los precios eran mucho mayores; y no daba garantías en cuanto a la compra de la zafra en los años siguientes.
Reacción de Estados Unidos: luego de veladas amenazas, hizo una contraoferta: aumentó el precio de la libra a 3. 675 centavos, pero redujo en 5 000 libras la cantidad que Cuba podría vender a otros países. La delegación cubana nuevamente rechazó la propuesta. En noviembre la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros (FNTA) envió a Norteamérica una delegación presidida por Jesús Menéndez, que tampoco tuvo éxito.
Llegado 1946, tras aceptar el precio de 3. 675 centavos, el gobierno firmó un convenio provisional por tres meses, período en el cual seguiría suministrando azúcar y mieles, y gestionando un contrato satisfactorio. Su aspiración era reservar 350 000 toneladas para el consumo interno y 250 000 para la exportación a otras naciones. En mayo, aunque expiró el convenio provisional, Cuba mantuvo los embarques y las diligencias. Sin embargo, los estadounidenses siguieron reacios a un acuerdo justo, a incluir en el contrato una cláusula de garantía (mediante la cual cuando aumentaran los precios de los abastecimientos que Cuba adquiría en los EE.UU. debía aumentar el precio del azúcar), e incluso a pagar la miel y el azúcar recibidas en lo largo de ese año.
Cansado de esperar, en junio el Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar (ICEA) notificó, por orden del gobierno, a la Commodity Credit Corporation (entidad compradora) que, de persistir el impago, el 1º de julio cesarían los envíos. Nueva negativa, rotunda, de los norteamericanos. Consecuentemente, se suspendieron los despachos de azúcares y mieles.
Entonces, el Tío Sam amenazó con dejar de mandar alimentos y presionar a otras naciones para que no adquirieran la producción azucarera cubana. Desenlace: el presidente Ramón Grau San Martín decidió reanudar los embarques, pero logró que en las subsiguientes negociaciones se firmara un contrato contentivo de la cláusula de garantía para Cuba. También se obtuvieron mejores precios: 4.18 centavos para 1946 y 4.96 para el siguiente año.
Junio-agosto de 1947: Decidido a evitar que Cuba –o siguiendo su ejemplo, cualquier productor de azúcar en América– pudiera defender sus intereses y a forzarla a rubricar un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, mediante el cual se les otorgaran privilegios a los ciudadanos estadounidenses, en Washington el Congreso elaboró y sometió a la firma de Truman una ley que restauraba el sistema de cuotas, reducía en casi 50 por ciento la asignación a los productores cubanos e incluía la cláusula 202-E, según la cual: “Si el Secretario de Estado descubriera que cualquier país extranjero niega un tratamiento justo y equitativo a los nacionales de los Estados Unidos, su comercio, navegación o industria, y así lo notificara al Secretario de Agricultura, este tendría la autoridad para retener o retirar cualquier incremento en la participación de las necesidades del consumo doméstico estipulado en esta Ley”.
Mientras los congresistas sopesaban el proyecto; o sea, antes de que lo colocaran sobre la mesa presidencial, el embajador cubano en los Estados Unidos, Guillermo Belt, declaró a funcionarios del Departamento de Estado de la nación norteña que dicha cláusula violaba lo instituido en organizaciones regionales e internacionales y que Cuba apelaría a la ONU. Además, entregó al gobierno yanqui una nota oficial de rechazo.
Pero George Marshall, Secretario de Estado, se negó a tomar en cuenta lo que consideró “amenazas histéricas”; por el contrario, arreció sus presiones sobre Grau San Martín para que suscribiera el anhelado Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, sugiriendo que de hacerlo Cuba no debía temer por la aplicación de la 202-E.
Belt intentó en julio, infructuosamente, que el Consejo de la Unión Panamericana se pronunciara a favor de nuestro país. Tampoco surtió efecto su advertencia de que, si no se modificaba el contenido de la inminente legislación, los cubanos no participarían en la Conferencia de Río de Janeiro. Al final, la comitiva sí asistió, pues Marshall aseguró que la disposición motivadora de la discordia no afectaría las cuotas básicas estipuladas para la compra de azúcar, más bien se refería a posibles incrementos posteriores y no pretendía “sustituir o remplazar el proceso regular de arreglo de diferencias, incluido el arbitraje internacional”.
Inexorablemente, en 1948 entró en vigor la nueva Ley de cuotas azucareras, con la cláusula 202-E. Respuesta de Cuba: en abril, durante la Conferencia Panamericana de Bogotá, donde nació la OEA, planteó, y consiguió, incorporar al acta fundacional de ese organismo el rechazo a la agresión económica, entendida como cualquier forma de coacción en ese ámbito, incluidas las actividades comerciales y financieras.
Empero, a cambio los representantes cubanos secundaron el discurso anticomunista de la nación norteña y la oposición de esta al surgimiento de un Banco Interamericano, solicitado por algunos países del área.
La sociedad cubana opina
Junto a esas controversias que entre 1945-1948 discurrían por las vías oficiales al más alto nivel, en la esfera pública se desarrollaban discusiones que a los aspectos centrales de las primeras sumaban intereses específicos de disímiles sectores.
Particularmente activo fue el discurso polémico de los hacendados y colonos ricos: ambos efectuaron una denodada campaña en contra de utilizar en obras y acciones de beneficio social y fomento industrial –en lugar de beneficiarse ellos directamente con ese capital– los dividendos del diferencial azucarero (obtenido en un primer momento al vender miles de toneladas en el mercado internacional, a un valor superior al pagado por los norteños; y luego proveniente del aumento del precio del azúcar estipulado en la cláusula de garantía incluida en el contrato para la venta de la zafra cubana de 1946 y 1947 a los Estados Unidos).
Frente a las muestras de apoyo a la propuesta gubernamental dadas por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y por el Partido Socialista Popular, los antagonistas clamaron que se trataba de una medida comunista e inconstitucional, pues vulneraba el principio de la propiedad privada. Más adelante sostuvieron que el dinero debía repartirse entre los dos grupos económicos citados, los pequeños colonos y los trabajadores vinculados con la producción azucarera.
Al discutirse en el Congreso estadounidense la mencionada Ley de cuotas de 1948, algunos jerarcas de la Asociación de Hacendados volvieron a discrepar de otros sectores. La cláusula 202-E (y la ley en general) fue repudiada en Cuba por profesionales, políticos, funcionarios gubernamentales, medios de comunicación, organizaciones (por ejemplo, la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, el Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar, la Cámara de Comercio, la Asociación Nacional de Industriales de Cuba, el Colegio Nacional de Periodistas, el Club de Leones, el Consejo Nacional de Veteranos) y calificada de nueva Enmienda Platt.
Incluso el Colegio de Abogados determinó, y así lo dio a conocer públicamente, que constituía “una flagrante infracción a los principios del Derecho Internacional”. No obstante, representantes de los magnates azucareros declararon que, luchara cuanto luchara el gobierno, no se obtendría un trato mejor, por consiguiente, debía aceptarlo. A las voces conciliatorias se sumó Alex M. Roberts, presidente del Club Rotario cubano, quien no veía tacha alguna en el texto legislativo.
David contra Goliat
El mandato presidencial posterior al de Grau tampoco estuvo exento de controversias, algunas de ellas relativas a los vínculos con su vecino imperialista. El historiador Herminio Portell Vilá sintetiza en el siguiente párrafo –tomado de su ensayo Carlos Prío Socarrás (1948-1952)– esos avatares: “No siempre fueron tranquilas las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, a pesar de las buenas disposiciones del gobierno de Prío Socarrás para evitar todo incidente perturbador. El propósito de impulsar la industrialización cubana en todo lo posible, chocaba con los intereses de ciertos exportadores norteamericanos quienes a lo largo de muchos años habían tenido un mercado privilegiado en Cuba. Las primeras protestas norteamericanas, en abril de 1949, se relacionaban con el fomento de la industria textilera cubana y las reclamaciones de los textileros norteamericanos para conservar sus rentas. Sin estridencias, pero con firmeza, Cuba mantuvo sus derechos en las notas cambiadas y así siguió durante varios meses mientras se celebraba la Conferencia Económica de Annecy, donde el desacuerdo de Cuba y los Estados Unidos llegó al punto de que en agosto de 1949 la delegación cubana se retiró de la reunión y acusó a los Estados Unidos de infringir el acuerdo comercial entre ambos países al conceder ciertas ventajas arancelarias a Haití. Todo eso constituyó una novedad de carácter nacionalista en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos”.
