Mientras endurece el bloqueo económico, Washington cierra las puertas a los cubanos: 26 000 personas quedan atrapados en un limbo legal por la revocación del parole

Bajo la administración de Donald Trump los inmigrantes se han convertido en el principal objetivo de las políticas de seguridad nacional. Sin embargo, pocos esperaban que esta campaña de control llegara a zonas como el sur de Florida, un bastión de apoyo al presidente. En un fenómeno sin parangón en los últimos 60 años, cientos de ciudadanos cubanos se ven ahora obligados a comparecer ante las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los acontecimientos marcan el fin de un trato excepcional que durante décadas permitió a muchos gozar de protecciones especiales, en el contexto de una estrategia geopolítica contra Cuba.

En tanto Estados Unidos reforzaba el bloqueo económico hacia la nación caribeña y profundizaba su crisis interna, promovía al mismo tiempo la migración con facilidades y ayudas sociales. Esta aparente contradicción responde a una estrategia de presión política, donde La Habana es señalada como responsable de todos los problemas, en medio de un juego de acusaciones y medidas coercitivas que se retroalimentan.

El gobierno de Joe Biden estableció en enero de 2023 el Programa de Permiso Humanitario, una medida que prometió una vía segura y ordenada para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Por medio de este mecanismo, más de 110 000 cubanos entraron legalmente en territorio norteamericano, incluso cuando Washington aplicaba un conjunto de sanciones económicas sin precedentes.

Sin previo aviso, el Departamento de Seguridad Nacional revocó unilateralmente esta disposición y dejó en situación de incertidumbre jurídica a aproximadamente 26 000 cubanos que ingresaron en el país con posterioridad a marzo de 2024. Esta determinación los priva repentinamente de cualquier amparo legal.

Otro grupo particularmente vulnerable lo constituyen aquellos que entraron irregularmente. Históricamente ellos obtenían una autorización provisional al ser interceptados, lo que les permitía abandonar los centros de detención mientras esperaban su audiencia. Cumplido el requisito de un año de estadía contínua, accedían a la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano. La antigua figura del parole fue sustituida por el denominado Formulario I-220A, un estatus administrativo que, pese a funcionar prácticamente como permiso temporal, carece del reconocimiento jurídico completo.

El gobierno actual no solo plantea estas limitaciones, sino que incluso insinuó la posibilidad de prohibir el ingreso de los que ya poseen visas válidas. Pero su ofensiva va más allá: emprendió una campaña agresiva contra quienes defienden a los migrantes: abogados, periodistas, universidades y organizaciones de ayuda.

Esta situación revela dos realidades alarmantes. Por un lado, la vulnerabilidad legal en la que quedan sumidos miles. Por otro, la hipocresía de un sistema que se presenta como defensor de valores democráticos y al mismo tiempo instrumentaliza a las personas como piezas de un ajedrez geopolítico, y sacrifica derechos humanos básicos.