Frente a la tradición de dejar en manos de parlamentarios y especialistas la tarea de decidir el destino del presupuesto del municipio, se decidió involucrar a la población local en el proceso de planificación del gasto público

A finales de los años ochenta del pasado siglo por iniciativa del Partido de los Trabajadores, de Brasil, surgió un mecanismo de participación ciudadana que revolucionó la gestión de los recursos públicos en la ciudad de Porto Alegre.

Frente a la tradición de dejar en manos de parlamentarios y especialistas la tarea de decidir el destino del presupuesto del municipio, se decidió involucrar a la población local en el proceso de planificación del gasto público.

A este nuevo proceder se le bautizó con el nombre de “presupuesto participativo” y desde entonces se constituyó en uno de los mecanismos de democracia directa de mayor arraigo en la realidad política de nuestra contemporaneidad.

La novedad de este mecanismo cristaliza en la intervención directa del ciudadano en el propio proceso de planificación. De tal modo, el sujeto político trasciende el límite de elegir a un representante que se encargará de administrar los recursos del Estado en nombre de los votantes: el propio pueblo deviene actor protagonista del proceso de decisión sobre el destino de la riqueza colectiva recaudada por las instituciones públicas.

Cada territorio decide qué metodología utilizará para la aplicación del presupuesto participativo. Pero la más extendida y exitosa se nutre de la savia de la experiencia de Porto Alegre y por eso serán descritas sus pautas a continuación.

Todo comienza con la Fase Organizativa en la que se realizan las asambleas de preparación. En estas reuniones será aprobado el reglamento para la correcta ejecución del presupuesto participativo y se conformarán comisiones especializadas.

Las comisiones son grupos de trabajo integrados por especialistas que analizarán temas específicos, como el desarrollo de cada región en la que se subdivide el municipio o el grupo de fiscalización que se encargará de auditar y controlar el uso de los recursos asignados.

También se pueden crear comisiones para la atención de la infancia, la mujer, el adulto mayor, la protección ambiental y cualquier otro aspecto que merezca un tratamiento diferenciado.

En la Fase de Planeación se convocan asambleas comunitarias en las que participa la población con el fin de que los propios ciudadanos expongan cuáles son sus prioridades y los anteproyectos que satisfarán sus necesidades. Conocer esta información permitirá que los especialistas de las comisiones entrecrucen los datos en una tabla denominada “matriz de priorización”, con el fin de detectar cuáles inversiones propuestas por los ciudadanos inciden de manera más directa y en el mayor número de necesidades expresadas por la población.

Además, se seleccionan en esta fase a las empresas que se encargarán de ejecutar las obras o la prestación de servicios, para lo cual se trata de involucrar a cooperativas, mutuales, empresas propiedad de los trabajadores* y empresas comunitarias, las que participarán en el potenciamiento del desarrollo local sostenible.

Durante la Fase de Deliberación se presentan a la ciudadanía los resultados de la matriz de priorización y se efectúan debates en foros temáticos, que pueden enfocarse en las problemáticas del territorio, el medio ambiente, las políticas de género, los cuidados a la infancia y a los adultos mayores u otros que se consideren necesarios.

Estos debates permiten recopilar propuestas de cambios y correcciones del anteproyecto del presupuesto participativo. Luego de realizar las modificaciones pertinentes, el listado definitivo de inversiones ordenadas, según su nivel de prioridad, se somete a aprobación mediante la votación democrática y secreta de la población local.

La Fase de Ejecución se ocupa de monitorear el cumplimiento de los plazos de ejecución acordados y de la realización de auditorías. En el caso de la culminación de una labor constructiva, se organizan ceremonias de inauguración para que la población constate la materialización de sus propuestas.

Finalmente, en la Fase de Retroalimentación se recopilan, analizan y solucionan las quejas y reclamaciones mediante la aplicación de sondeos de opinión y la información proveniente de los canales de atención a la ciudadanía. En caso necesario, se reelabora el reglamento para el siguiente año.

El presupuesto participativo ha ganado una popularidad vertiginosa y los datos estadísticos hablan de su aplicación en once mil ciudades del mundo entero.

Se trata de uno de los pilares de la Economía Social y Solidaria que cuenta con mayor prestigio social. La intervención directa de la población se ha traducido en una mayor transparencia en la gestión pública, la neutralización del nefasto fenómeno de la corrupción y el aumento de la efectividad del gasto en la asignación y el control del uso de los recursos del Estado. Todo ello contribuye a fortalecer la cohesión social y a generar mayor confianza en los habitantes hacia la labor del gobierno.

Sin embargo, no se debe asumir el presupuesto participativo como una fórmula mágica, dado que su eficacia depende en gran medida de la voluntad de los actores gubernamentales involucrados en su implementación.

Es por ello que Porto Alegre ha optado por crear una cultura en la población, de manera que los niños, adolescentes y jóvenes son educados en los propios institutos de enseñanza para que aprendan a conformarlo y lo apliquen en la gestión de los gastos de sus escuelas, lo cual repercute en la gestación de una ciudadanía política consciente y motivada que en la adultez se encargará de protagonizar este ejercicio, ya sea como funcionarios gubernamentales o como miembros de la vecindad.

Cuba cuenta con un marco jurídico que avala la aplicación del presupuesto participativo y con experiencias pioneras de su implementación parcial en el territorio de La Habana Vieja. Para generalizar su uso como una práctica cotidiana será recomendable introducir su enseñanza en todos los niveles educativos, como mismo debe hacerse con el sistema de conocimientos del cooperativismo y la Economía Social y Solidaria.

También pudieran aplicarse los presupuestos participativos escolares como ya lo viene haciendo el sistema de enseñanza de Porto Alegre, así como convocar a expertos brasileños del Partido de los Trabajadores que nos aporten el tesoro de sus experiencias.

Las empresas propiedad de los obreros se registran como sociedad de responsabilidad limitada o como sociedad anónima, pero reparten las cuotas de capital de forma homogénea entre los propios recursos humanos de la entidad para que estos puedan intervenir en la toma de decisiones. Huawei y The John Lewis Partnership se cuentan entre las compañías pertenecientes a los trabajadores más conocidas a nivel mundial.

Bibliografía

T. Genro y U. de Souza, Presupuesto participativo: la experiencia de Porto Alegre. Montevideo: Editorial Trilce, 1999.

M. Touchton, S. McNulty, y B. Wampler, «Participatory Budgeting and Community Development: A Global Perspective», American Behavioral Scientist, vol. 67, n.^o 4, pp. 520-536, abr. 2023, doi: 10.1177/00027642221086957.

*El autor es Ms. en Economía Social y Solidaria.