La destitución de Dina Boluarte confirma la fragilidad institucional, un país que no logra romper el ciclo de inestabilidad, corrupción y desafección ciudadana

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La caída de Dina Boluarte, destituida por el Congreso con 118 votos a favor bajo el argumento constitucional de “incapacidad moral permanente”, no sorprendió a nadie.

Perú repite su historia reciente: seis presidentes en una década, ninguno capaz de completar su mandato. Detrás de la votación se ocultan las viejas sombras de la corrupción, la manipulación mediática y el cálculo político, ingredientes de una receta que hace tiempo perdió sabor democrático.

Boluarte llegó abruptamente al poder, en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo. Desde entonces, su gobierno navegó entre el descrédito, los escándalos y el aislamiento popular.

La fractura con su antiguo partido, Perú Libre, selló su destino. La izquierda la acusó de traición, y el pueblo, cansado de una represión que dejó 49 muertos durante las protestas en 2023 para pedir su destitución, la juzgó como el símbolo del divorcio entre la clase política y la sociedad civil.

Claves de una caída anunciada

El escándalo que precipitó su final fue tan banal como revelador: Boluarte abandonó el cargo por casi dos semanas y se sometió a una cirugía estética, firmando decretos mientras se recuperaba en una clínica.

La Constitución exige delegar funciones, pero ella no lo hizo. Fue la gota que rebasó el vaso de un país ya convulsionado por la inseguridad, los abusos y el desprestigio institucional.

A esa irresponsabilidad le precedió el escándalo de “Rolexgate”, en 2024: el hallazgo de relojes de lujo no declarados y una investigación por enriquecimiento ilícito por la que también se tambaleó, pero salió ilesa.

El país entero observó con indignación cómo, en medio de la pobreza creciente, la presidenta duplicaba su salario hasta los 10 000 dólares mensuales. Para una población cuyo ingreso promedio no sobrepasa los 600, aquel gesto resultó una burla.

Otro tiro de gracia vino del paro nacional de transportistas convocado contra la inseguridad ciudadana y la corrupción de las últimas semanas. Lima se paralizó, las avenidas quedaron bloqueadas, los motores se apagaron y las calles ardieron entre llantas y gritos de dignidad. Cuando el descontento se volvió incontrolable, el Congreso optó por la salida exprés: vacar a la presidenta antes de una insurrección popular.

¿Quién asume el timón de la tormenta?

El vacío de poder fue llenado por José Jerí, abogado de 38 años y presidente del Congreso, quien asumió de manera interina la jefatura del Estado. Su mandato se extenderá hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026, fecha fijada por la Carta Magna para restablecer la normalidad institucional.

Jerí formó un gabinete de “reconciliación nacional”, encabezado por Ernesto Álvarez, del Partido Popular Cristiano. Sin embargo, su legitimidad es frágil: enfrenta una ciudadanía enardecida y una oposición que lo acusa de “continuismo del régimen cívico-militar” que apoyó a Boluarte.

Las normas constitucionales peruanas, en su artículo 113, permiten la sucesión por “incapacidad moral permanente” del presidente y establecen que el titular del Congreso asuma interinamente. Aunque la práctica ha convertido ese mecanismo en un instrumento de conveniencia política, más que de salvaguarda republicana.

Cansancio, furia y esperanza

Las calles de Perú volvieron a llenarse de jóvenes, trabajadores y campesinos que marcharon contra la corrupción y la violencia. Desde Lima hasta Puno, las banderas rojas, los cantos por la dignidad y los carteles contra la represión marcaron las jornadas recientes.

El movimiento Generación Z, nacido en las protestas de 2023, retomó su papel de vanguardia. Exige una Asamblea Constituyente y un nuevo pacto social. “Prefiero morir con dignidad a que me maten como a un perro”, gritó un dirigente transportista, sintetizando el sentir de miles.

Mientras tanto, Jerí intenta proyectar calma, pero sus primeras declaraciones –acusando a los manifestantes de “intento subversivo”– reavivaron la desconfianza. El país se mueve entre la indignación popular y el agotamiento, entre la esperanza de cambio y el temor a otro ciclo de decepción.

Refundar o repetir la historia

Perú enfrenta hoy el desafío de reconstruir su democracia desde las ruinas. El descrédito del Congreso, la fragmentación de los partidos y la violencia social evidencian que el problema no es solo de liderazgo, sino de estructura.

Los próximos meses pondrán a prueba la capacidad del gobierno interino para evitar el colapso. Si el proceso electoral de 2026 no ofrece garantías de transparencia y renovación, el país corre el riesgo de profundizar su crisis institucional.

También hay señales de rebeldía creadora: sindicatos reorganizados, movimientos juveniles que rechazan la apatía, comunidades indígenas que vuelven a reclamar voz.

Esa fuerza social podría convertirse en la semilla de una nueva república, si logra trascender el hartazgo y articular una visión común.