Mientras el nuevo gobierno de Rodrigo Paz premia a su propia burocracia y elimina impuestos a los más ricos, la crisis económica sumerge a Bolivia en una peligrosa ola de violencia 

Lo que comenzó hace apenas tres semanas como un reclamo ciudadano por el descontento económico se ha transformado rápidamente en algo mucho más oscuro y deliberado.

En Bolivia, la protesta legítima parece haber cedido el paso a una campaña coordinada de violencia que no busca arrancar concesiones o negociar mejoras con el Ejecutivo, sino, llanamente, destruirlo.

Las carreteras se han convertido en el principal escenario de un pulso radical que ya se cobra cuatro muertes confirmadas.

El punto más crítico de esta escalada se vivió el pasado sábado, en la carretera que une La Paz con Oruro. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encabezaba el operativo humanitario «Banderas Blancas» –una caravana de unos 2 000 efectivos civiles y militares en 150 vehículos– destinada a abastecer de alimentos y combustible a una población ya asfixiada por el desabastecimiento.

La respuesta de los manifestantes fue una doble emboscada con dinamita que interrumpió el avance de la ayuda y mantuvo el paradero del ministro bajo total incertidumbre durante horas.

Este ataque con explosivos a una misión de paz demuestra que los líderes del caos pueden perder mucho si el país recupera la estabilidad.

Ajuste abajo y premios arriba

Para comprender la magnitud del malestar, es indispensable examinar las costuras del gobierno de Rodrigo Paz.  El nuevo mandatario, señalado por los analistas como un claro representante de la vieja élite política y partícipe de una relación sumamente genuflexa con los Estados Unidos, ha aplicado una receta económica de manual neoliberal que golpea directamente el bolsillo de las mayorías.

La contradicción de su gestión es tan evidente como dolorosa. Mientras el Ejecutivo decretaba la eliminación de los subsidios al combustible –provocando un desplome inmediato en el ingreso real de los trabajadores– y abolía el impuesto a las grandes fortunas para beneficio de los sectores más ricos, en paralelo enviaba al Parlamento un proyecto de Presupuesto General del Estado que contempla un obsceno aumento del 40 por ciento en los salarios de 10 ministerios.

En la Bolivia de Paz, la famosa «motosierra» del ajuste fiscal se ensaña con el ciudadano de a pie, pero se convierte en una caricia de generosos sobresueldos para la alta burocracia estatal.

La paradoja de la unidad

Frente a este escenario de asfixia popular, el proceso político boliviano está mostrando una paradoja muy interesante.

El rechazo unánime a las medidas antipopulares de Rodrigo Paz está logrando recomponer el tejido social de las fuerzas populares, esas mismas bases que aglutinaba el MAS y que terminaron profundamente divididas tras las últimas elecciones presidenciales.

Hoy, esa fragmentación parece diluirse en la resistencia de los bloqueos de carreteras.

Como bien señalan los observadores sobre el terreno, la verdadera unidad política de los sectores humildes no se va a conseguir jamás mediante llamadas telefónicas de cortesía o pactos de oficina firmados entre dirigentes.

La unidad auténtica, la que perdura, se forja y se descubre en la trinchera de la movilización social y en la defensa de los derechos colectivos. Las próximas semanas serán decisivas para saber si el Palacio de Gobierno insiste en sostener los privilegios de su corte ministerial a costa del hambre del pueblo, o si la movilización popular logrará frenar este programa de desmantelamiento económico.

El desenlace de esta tensa encrucijada andina, que avanza entre el humo de la dinamita y la urgencia de los mercados vacíos, será el eje central de un próximo análisis.