La presidenta peruana terminó el mes de enero con un índice de desaprobación del 90 por ciento; al cerrar 2024, el 62 por ciento de los ciudadanos la consideró el personaje público más negativo del año

Dice la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que la fiscalía y la “mala prensa” buscan desestabilizar a su gobierno. Lo afirma la misma persona que desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2022, de manera nada transparente y democrática, ha protagonizado más de una decena de escándalos relacionados con ella y su Ejecutivo y es la figura protagónica de la gran crisis de la clase política nacional.

Bullicios tras otros, los traspiés de la mandataria comenzaron tras sentarse en la silla presidencial –lo cual logró de manera abrupta, no olvidar– y ordenar reprimir a los manifestantes que tomaron las calles para pedir su renuncia entre 2022 y 2023. Después vino el destape por sus relojes de alta gama y sus joyas, y el de una cirugía de nariz a la cual se sometió sin informar a su gabinete y al Congreso en el debido momento, entre tantos otros entuertos.

Esta vez, la Presidenta afronta un escándalo con implicaciones más sustanciales, pues está en juego la salud de miles de niños pobres. Recientemente la Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló una presunta red de corrupción que involucra al portavoz de la presidenta: Fredy Hernán Hinojosa Angulo.

El susodicho era director del programa social Qali Warma —hoy rebautizado como Wasi Mikuna—, el cual repartió latas de conserva en mal estado entre niños de bajos recursos que reciben un desayuno gratuito del Estado y les causó una intoxicación masiva.

Según las pesquisas fiscales y las investigaciones periodísticas, los negocios favorecieron a la empresa Frigoinca, la encargada de la producción de estas conservas, y sucedieron cuando Hinojosa regía Qali Warma, y Boluarte aún no era presidenta, pero estaba al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del que depende ese programa. Ambas instancias eran responsables del control de estos alimentos e hicieron la vista gorda.

El caso se agravó no solo cuando se obtuvo evidencia de que varios lotes de conservas repartidos entre los pequeños más pobres del Perú contenían carne de caballo, pollo y res en mal estado, sino cuando el principal cabecilla apareció asesinado en el cuarto de un hotel, el 25 de diciembre último.

Ya no son novedad las madejas de corrupción que se desarman en la inestable política peruana y la mala administración en todos los sentidos de Dina Boluarte. Últimamente ella también ha recibido fuertes críticas por sus declaraciones en el Foro Económico Mundial en Suiza, donde sostuvo que “Perú es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica y social”.

La realidad es otra. La nación sudamericana vive una ola de criminalidad que registró solo en el primer mes del año en curso 187 asesinatos, la cifra más alta desde 2017, cuando se inauguró un sistema informático de defunciones. En tanto, en enero se registraron 1 909 denuncias por extorsión, según datos oficiales.

En cambio, la gobernante arremete contra la prensa, que también se ha visto amenazada, sobre todo por difundir esas realidades.

El año pasado se dieron a conocer unos audios grabados por un policía amigo del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en los que el funcionario le pide vigilar a un periodista peruano de investigación.

Grabaciones posteriores reveladas por la defensa legal del agente del orden muestran la supuesta voz del ministro transmitiendo exigencias de la mandataria para desactivar un grupo policial que investigaba a políticos corruptos.

El ministro descarta que la voz sea suya, pero se niega a someterse a pruebas para verificarlo. Ante la negativa, el Ministerio Público allanó su casa y Boluarte solo acusó a la Justicia y a los medios de comunicación como “cómplices de un atentado contra el Estado de Derecho”.

La sucesora del aún encarcelado Pedro Castillo terminó el mes de enero con un índice de desaprobación del 90 por ciento. Al cierre de 2024, el 62 por ciento de los peruanos la consideró el personaje público más negativo del año. Esta cifra no solo refleja su alta desaprobación como mandataria, sino también una percepción de desconfianza generalizada hacia su gestión.

Hasta junio de 2026 no se celebrarán las elecciones presidenciales, si no ocurre otro cataclismo que la saque del poder como hizo ella con Castillo.