El presidente Daniel Noboa enfrenta el paro indígena con un discurso de “terrorismo” que busca desactivar demandas sociales, en tanto expone al país a un choque institucional y a mayor inestabilidad

El paro indígena que estremece a Ecuador desde el 22 de septiembre presenta, una vez más, la fractura histórica entre el Estado y los pueblos originarios.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto con campesinos, estudiantes y organizaciones sociales, salió a las calles contra el “paquetazo” económico de Daniel Noboa: eliminación del subsidio al diésel, alza del IVA (Interés al Valor Agregado) del 12 al 15 por ciento y un esquema de ajustes que incrementa el costo de vida en un país ya marcado por la inseguridad y el colapso sanitario.

El Presidente reaccionó con la dureza de quien apuesta a blindar su autoridad con un lenguaje de guerra. Desde Otavalo, epicentro de las movilizaciones, tachó las manifestaciones de “actos de terrorismo disfrazados de protesta”, y no dará marcha atrás, aseguró. En Cotopaxi repitió la consigna: “Antes que retroceder, prefiero morir”. Palabras reveladoras de un mandatario decidido a usar la criminalización en su estrategia de gobernabilidad.

La etiqueta del “terrorismo”

El discurso oficial colocó a los manifestantes en el mismo saco que las bandas criminales designadas como terroristas por Washington –Los Choneros y Los Lobos– y se apoyó en rumores de infiltración del Tren de Aragua. Una narrativa funcional: fusiona la protesta social con el crimen organizado y habilita el uso del estado de excepción, el toque de queda y la represión militarizada en provincias, entre ellas, Imbabura y Cotopaxi.

El recurso no es novedoso. Gobiernos de la región han recurrido al mismo guion de vaciar de legitimidad a los movimientos sociales para reducirlos a “enemigos internos”. Pero en Ecuador esta jugada tiene un precio mayor, pues la Conaie no es un actor marginal, es la organización que en 2019 y 2022 forzó a Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir medidas similares. Relegarla al terreno del “terrorismo” no elimina su peso político; lo multiplica.

Continuidades históricas

La historia reciente demuestra que los levantamientos indígenas han funcionado como freno social a políticas de ajuste dictadas desde arriba. En 2019, Moreno cedió tras 11 días de movilizaciones. En 2022, Lasso también retrocedió después de semanas de bloqueo nacional. Ambos gobiernos entendieron esto: la represión abierta podía costarles la gobernabilidad.

Noboa insiste en que su administración “no es la de 2019 ni la de 2022” y esta vez el Estado no cederá. Sin embargo, la represión ya cobró heridos en Otavalo y Cayambe, con denuncias de disparos contra comunidades como Pijal, donde incluso niños quedaron expuestos a fusiles de asalto.

Al criminalizar demandas legítimas –subsidios, salud, educación, autonomía territorial– el presidente abre la puerta a un conflicto prolongado que difícilmente se resuelva con mano dura.

Un modelo de país en disputa

La confrontación revela algo más profundo: el modelo económico en juego. Noboa justifica el fin del subsidio al diésel con el argumento de liberar recursos para programas sociales y créditos, pero el resultado inmediato fue un alza de precios el cual impacta a campesinos y transportistas. Los pueblos indígenas, históricamente relegados, entienden que el costo de las reformas lo pagan ellos, mientras las élites pactan con Washington asistencia militar y nuevas concesiones extractivas.

La represión confirma: el proyecto de Noboa no solo apunta a “refundar el Ecuador” vía consulta popular y posible Constituyente, sino a redefinir quién tiene derecho a protestar y quién debe callar. La militarización de Latacunga y Cotopaxi, las denuncias de espionaje contra dirigentes y el hostigamiento a docentes de la Unión Nacional de Educadores marcan un giro preocupante: gobernar a través del miedo.

Escenarios posibles

La pregunta resulta inevitable: ¿cederá Noboa como sus predecesores o escalará el choque hasta niveles ingobernables? Si opta por sostener el discurso del “terrorismo”, corre el riesgo de consolidar un Estado autoritario, dependiente de la represión y del aval de Washington. Si retrocede, perderá capital político en la consulta popular de diciembre y confirmará la fuerza de la Conaie como contrapeso insoslayable. En ambos casos, la fractura social quedará abierta. Porque el verdadero problema no es un galón de diésel a 2.80 dólares, mas bien la distancia abismal entre un gobierno el cual se proclama “fuerte” y una sociedad que exige justicia social y respeto a la diversidad.

En un país donde las comunidades indígenas representan mucho más que un porcentaje electoral, criminalizar la protesta es condenarse a gobernar contra la mitad de la nación.

Daniel Noboa parece convencido de que solo puede refundar el Ecuador desde el campo de batalla. La historia reciente, sin embargo, muestra que ningún gobierno ha sobrevivido largo tiempo apostando a esa guerra.