La agresión de EE.UU. a Venezuela: bombardeos, secuestro de Nicolás Maduro, petróleo como botín y una peligrosa ruptura del derecho internacional en América Latina

No es un accidente histórico ni una reacción improvisada. Lo ocurrido en Venezuela durante la madrugada del 3 de enero confirma que Estados Unidos responde a una lógica cuidadosamente construida: la de la fuerza como doctrina y la soberanía como obstáculo.

El bombardeo sobre Caracas y otros puntos del país, seguido del secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, no solo constituye una violación del derecho internacional, sino un mensaje político dirigido a toda América Latina: la obediencia vuelve a imponerse por la vía militar.

Lo que este sábado presenció el mundo no se trata únicamente de Venezuela. La captura de un jefe de Estado constitucional y en total ejercicio del poder por una potencia extranjera rompe un límite que, incluso en los momentos más tensos del orden hemisférico reciente, se había evitado cruzar.

Washington reintroduce sin disimulo una práctica que muchos creían relegada al pasado: la sustitución del derecho por la imposición y del multilateralismo por la tutela.

Las palabras de Donald Trump en su conferencia de prensa, horas después del ataque y el secuestro, despejan cualquier duda. Al confirmar su intención de mantenerse en Venezuela, Trump no habla de transición ni de acompañamiento internacional, más bien de permanencia, control, administración del “día después”. Es la confirmación explícita de que la agresión de EE.UU. a Venezuela no busca resolver una “supuesta crisis con el narcotráfico”, acaso procura reordenar el poder político y económico del país bajo supervisión externa.

Frente a esa pretensión, la respuesta de la vicepresidenta Delcy Rodríguez —“Venezuela no volverá a ser colonia de nadie”— adquiere un valor que trasciende la coyuntura.

No es solo una consigna: es una línea histórica que atraviesa a la región desde el siglo XIX. Cada vez que esa frase ha sido ignorada, el resultado ha sido dependencia, saqueo y fragmentación social.

Porque el trasfondo real de esta ofensiva es conocido. Venezuela no fue bombardeada por lo que hace, realmente por lo que posee. El petróleo vuelve a ocupar el centro de la escena como botín estratégico.

La narrativa de la seguridad y el narcotráfico, reiteradamente cuestionada incluso dentro de Estados Unidos, funciona como coartada para justificar la apropiación de recursos energéticos en un contexto global de creciente disputa por el control de suministros. La agresión de EE. UU. a Venezuela se inscribe así en una lógica de expolio más que de estabilización.

Las reacciones internacionales confirman que el episodio ha sido leído como lo que es. México, Brasil, Rusia, China, Irán y más de un centenar de gobiernos y organizaciones globales condenaron la intervención y exigieron respeto a la soberanía venezolana y a la integridad del legítimo presidente, Nicolás Maduro.

El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, fue más allá al llamar a la acción del Consejo de Seguridad de la ONU, advirtiendo que normalizar este tipo de operaciones abre la puerta a una región permanentemente intervenida.

En contraste, el respaldo de Argentina e Israel a la operación estadounidense revela hasta qué punto el sistema internacional se ha fracturado. Ese apoyo no se ofrece a la democracia ni a los pueblos, sino a la idea de que la fuerza puede reemplazar al consenso cuando los intereses estratégicos así lo exigen.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro político de Venezuela: el principio mismo de soberanía en América Latina. Cuando se acepta el secuestro de un presidente, el bombardeo de una capital y la ocupación encubierta como instrumentos legítimos, ningún Estado queda a salvo. El precedente es más peligroso que el hecho en sí.

Venezuela hoy es el escenario. Mañana puede ser cualquier otro país que posea recursos, dignidad o memoria histórica suficiente como para decir no. Y cuando la fuerza vuelve a presentarse como doctrina, la historia —siempre implacable— recuerda quién paga finalmente el precio.