En el contexto del caso venezolano, entre acusaciones sin sustento, escenografías punitivas y silencios cómplices, vuelve a ponerse en disputa el derecho de los pueblos a decidir su destino

Esta historia no empieza ni en Caracas, ni en Nueva York, ni en La Haya. Empieza con el poder bruto, hoy en manos de Donald Trump; le habla al planeta como si tuviera patente de corso.

Se atribuye guerras “terminadas”, se queja de premios que cree merecer y, sobre todo, se arroga la facultad de decidir el destino de otros pueblos. No actúa en soledad; lo hace porque puede; ha comprobado, una vez más: la comunidad internacional protesta, condena, emite declaraciones… y luego se detiene.

En ese contexto se inscribe la comparecencia del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ante una corte federal en Nueva York, a donde fueron trasladados bajo custodia, esposados, vestidos con el uniforme reservado a los reclusos comunes, como parte de una escenografía cuidadosamente calculada.

La imagen –difundida con celo por los circuitos mediáticos– buscaba reducirlos a la condición simbólica de derrotados, de cuerpos sometidos. Sin embargo, ni la humillación ritual ni la puesta en escena carcelaria lograron quebrar la firmeza del presidente venezolano ni de la primera combatiente. Ambos comparecieron sin gestos de sumisión, conscientes del objetivo; no era solo procesarlos, sino exhibirlos como advertencia.

Lo del lunes 5 de enero en Nueva York no fue un juicio normal, más bien un montaje para mandar un mensaje político. Cuando el juez le preguntó su nombre, Maduro respondió claro: “Soy Nicolás Maduro Moros”. Luego se declaró inocente, como un hombre honesto y seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela. No le hablaba al juez, le hablaba a la historia de América Latina.

Las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense resultan graves en su formulación y desproporcionadas en su alcance. Cargos por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico internacional de drogas, asociación ilícita con organizaciones armadas extranjeras y utilización de armas de guerra, entre otros.

Todo esto arma una historia encaminada a llevar a Maduro y a su esposa a cadena perpetua. Es una forma de ataque político para hacerlo ver como un criminal internacional.

Cuando el relato se desarma

Durante años, esas imputaciones descansaron sobre una pieza central del discurso oficial de Washington: la supuesta existencia del Cartel de los Soles, presentado como una organización criminal estructurada, con mando claro y liderazgo directo desde el poder político venezolano.

Pero esa historia se vino abajo rápidamente. Después de la presentación en el juzgado, Estados Unidos cambió su discurso. El famoso Cartel de los Soles –repetían como si fuera verdad–, empezó a desaparecer de sus declaraciones.

Dicho Cartel no existió nunca. No tuvo estructura verificable, ni jerarquías probadas, ni funcionamiento comprobado. El término nació como una metáfora política en los años noventa, vinculada a la corrupción dentro de sectores de las fuerzas armadas venezolanas de entonces; y los “soles” distinguían el rango de los altos oficiales militares.

Con el paso del tiempo esa etiqueta fue creciendo hasta convertirse en un instrumento útil para sancionar, aislar y asustar.

Soberanía bajo presión

En este punto adquiere peso el análisis del diputado venezolano Juan Romero, quien interpreta lo ocurrido no como un hecho aislado, acaso como parte de una estrategia de presión más amplia.

Según Romero, la acusación contra Maduro no busca justicia, pretende obligarlo a ceder políticamente. No busca castigar delitos reales, procura que abandone su proyecto político. Está en juego no una persona, dice, se trata del derecho de un país a decidir por sí mismo.

Y no lo dice sin razón. El mundo acaba de ver la destrucción de Gaza, el castigo al Líbano y otras situaciones. Estos casos nos enseñan, la violencia se puede justificar con palabras bonitas, hablando de leyes, ayuda o seguridad. Y ese miedo puede estar presente en el caso de Venezuela.

Por eso, las medidas tomadas por el gobierno venezolano después del secuestro de su legítimo presidente son importantes. Venezuela no parece solo defenderse, sino ganar tiempo. Incluso, aunque duela pensarlo, podría ser un sacrificio para evitar algo peor. Aceptar esto no lo hace menos duro, porque el precio es alto: presión constante, amenazas y una soberanía en duda.

Hoy, los organismos internacionales parecen no hacer nada. Hay muchos comunicados, pero pocas acciones. El derecho internacional queda en palabras, mientras el poder impone sus reglas y nadie lo frena.

Pensar en el futuro de Venezuela es difícil. No es que le  falte a la gente, memoria o ganas de luchar, es porque todo está lleno de acuerdos impuestos, cambios vigilados y ayudas que casi nunca apoyan a quien dicen proteger.

Por eso, esto es un momento político, y también histórico. Se discute el futuro de Venezuela y algo que América Latina conoce bien: la posibilidad de defender el derecho de los países a elegir su propio camino sin pedir permiso.