Estados Unidos abandona el disimulo, reactiva viejas doctrinas imperiales y convierte al Caribe en escenario de una escalada que amenaza a toda América Latina
La relación entre Venezuela y Estados Unidos ha entrado en una fase particularmente reveladora. Washington parece haber dejado atrás los mecanismos de presión encubierta y los eufemismos diplomáticos para avanzar hacia una estrategia de coerción abierta, directa, cada vez menos disimulada.
El despliegue militar en el mar Caribe, las amenazas de bloqueo y la retórica que acompaña estas acciones no responden a una coyuntura aislada, sino a una lógica histórica bien conocida por América Latina: la pretensión de ejercer tutela sobre la región y castigar a quienes se resisten a ella.
Desde agosto pasado, cuando Donald Trump intensificó su ofensiva discursiva contra Venezuela, presentó la lucha contra el narcotráfico como el eje central a fin de justificar una escalada de presión sobre Caracas.
En ese contexto, las acusaciones directas contra el presidente Nicolás Maduro se convirtieron en pieza clave del relato: se le señaló presuntamente respaldar redes de narcotráfico, catalogadas como organizaciones terroristas, y se ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Sin embargo, esa narrativa comenzó a mostrar fisuras con el paso del tiempo. La acumulación de señalamientos, la desproporción entre las acusaciones y los hechos verificables, y la ausencia de resultados consistentes en la supuesta lucha antidrogas, fueron vaciando de contenido el argumento inicial.
Las rutas principales del tráfico de drogas hacia Estados Unidos no atraviesan el Caribe venezolano y la magnitud de la presencia militar estadounidense resulta desproporcionada para cualquier operación antidrogas creíble. Eso lo sabe bien el republicano. Por ello, el pretexto comienza a resquebrajarse y deja al descubierto motivaciones más profundas.
El petróleo como botín estratégico
El momento de sinceramiento llegó cuando desde la Casa Blanca se empezó a hablar del petróleo venezolano como un recurso que debía ser “recuperado”. Con ello, el conflicto quedó expuesto en su verdadera dimensión.
Venezuela dejó de ser presentada como un problema de seguridad al convertirse en un botín estratégico. La soberanía energética del país fue reinterpretada como una usurpación y las nacionalizaciones pasadas comenzaron a ser tratadas como agravios que debían ser revertidos.
No se trata de un hecho menor. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y ocupa un lugar central en la geopolítica energética global. Desde que el proceso bolivariano intentó reorientar ese recurso hacia un proyecto nacional y diversificar sus alianzas internacionales, la fricción con Estados Unidos se volvió estructural.
Las sanciones, el bloqueo financiero, la confiscación de activos y el reconocimiento de autoridades paralelas formaron parte de una misma secuencia. La actual militarización del Caribe representa un nuevo peldaño en esa escalada.
Monroe regresa al Caribe
En este punto, resulta imposible no advertir el retorno práctico de la Doctrina Monroe. América Latina vuelve a ser concebida como un espacio de influencia exclusiva, donde una potencia extrarregional se arroga el derecho de intervenir, asfixiar economías o imponer castigos ejemplares.
El viejo destino manifiesto reaparece bajo un lenguaje actualizado: ya no se invoca la civilización, sino la seguridad; ya no se habla de colonias, acaso de “derechos” sobre recursos estratégicos.
La presencia militar estadounidense en el Caribe no solo apunta a Venezuela. Envía un mensaje a toda la región. Reactiva temores históricos, rompe consensos de convivencia pacífica y reinstala la lógica de la fuerza como instrumento de orden hemisférico. Venezuela es el epicentro de la presión, pero no su único destinatario.
Solidaridades y disputas en un mundo en transición
Frente a este escenario, la solidaridad expresada por líderes internacionales adquiere un peso político que trasciende la coyuntura.
Desde América Latina y otros polos del sistema internacional, el respaldo a Caracas se inscribe en una disputa más amplia contra el uso de sanciones y coerción como herramientas de dominación global.
Constituye una constelación de apoyos donde confluyen actores de peso: Rusia y China, con gravitación económica y estratégica global; Irán, con experiencia directa de sanciones y coerción; Cuba, con décadas de asedio. A ello se suman las fuertes condenas a la política de Washington en Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, además de expresiones regionales como el ALBA y espacios de concertación como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), nacida precisamente para afirmar una voz latinoamericana sin tutelas.
A eso se agregan señales de acompañamiento desde liderazgos latinoamericanos como los de Lula y Petro, cuyas posturas, con matices, colocan el acento en soberanía regional y contención de la escalada.
Más que uniformidad ideológica, lo que emerge es una tesis común: la defensa de la autoridad nacional como principio innegociable, el rechazo a la dominación —sanciones, bloqueos, asfixia financiera— como método cuyo objetivo es imponer cambios políticos, y la reivindicación del multilateralismo frente al unilateralismo.
En este escenario, el respaldo internacional a Venezuela debe leerse como fenómeno político, no como suma de pronunciamientos.
Zona de Paz 2014: una conquista amenazada
América Latina y el Caribe se declararon Zona de Paz en la II Cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana, en enero de 2014. Aquella Proclama fijó compromisos de alto valor político para la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso o amenaza de la fuerza, la no intervención y el respeto al derecho de cada Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural.
Ese consenso regional —construido sobre memoria viva de intervenciones, guerras indirectas y tutelajes— no fue consigna decorativa, más bien un intento de blindar al continente frente a la militarización y la coerción como “lenguaje normal” de las relaciones internacionales. Incluso con diferencias entre gobiernos, la Zona de Paz funcionó a modo de horizonte común con el propósito de impedir regresiones históricas.
Pero la escalada actual choca con esa postura. Un Caribe bajo presión militar, con bloqueo y episodios de interceptación de buques, tensiona la premisa central de 2014 y el rechazo a la intimidación como herramienta política.
Si ese consenso se erosiona, la región pierde una de sus conquistas diplomáticas más significativas del siglo XXI.
Una advertencia a Nuestra América
Para América Latina, la situación encierra una advertencia que no debería ser ignorada. Si se normaliza el bloqueo, la piratería económica y la intimidación militar contra Venezuela, se establece un precedente peligroso.
A juicio de expertos, una eventual escalada abierta —ya sea mediante una mayor militarización del Caribe, el endurecimiento de las sanciones o la imposición de bloqueos de facto— podría acarrear consecuencias de mayor alcance.
Lejos de propiciar estabilización o cambios inmediatos, este escenario tiende a endurecer posiciones, prolongar los conflictos y trasladar los principales costos a las poblaciones, debilitando a la vez los espacios multilaterales diseñados con el objetivo de evitar este tipo de desenlaces.
El ensayo de hoy contra Caracas puede reproducirse mañana contra cualquier país que intente ejercer un margen de autonomía en la gestión de sus recursos y su política exterior.
Acá está en juego no solo el destino de Venezuela, sino el tipo de relaciones que regirán en el hemisferio. La defensa de la soberanía no es un acto de alineamiento automático, es una afirmación de principios históricos largamente disputados en Nuestra América.
Cuando el pretexto se agota y el botín queda al descubierto, no emerge una crisis pasajera, resurge la persistencia de una ambición imperial que la región creía superada y vuelve a reclamar contención colectiva.
