Daniel Noboa obtuvo la reelección en una segunda vuelta con casi 12 puntos de ventaja sobre la izquierdista Luisa González, una diferencia que ningún sondeo anticipaba y bastante cuestionaba
Las recientes elecciones fueron la culminación de una campaña polarizada entre dos visiones antagónicas: la del presidente Daniel Noboa, representante de una derecha empresarial que nada ha hecho por el país, y la de Luisa González, heredera del correísmo, movimiento que dominó la política ecuatoriana entre 2007 y 2017.
Noboa llegó a la segunda vuelta tras una ajustada victoria en febrero, pero los sondeos previos al balotaje sugerían un escenario reñido, no la contundente ventaja que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le adjudicó.
El clima electoral estuvo marcado por medidas controversiales, como el estado de excepción decretado por Noboa horas antes de la votación, lo cual restringió libertades en siete provincias y Quito, desmovilizó a los votantes y facilitó irregularidades.
Tanto González como analistas denunciaron la entrega de actas electorales al CNE sin las correspondientes rúbricas de los presidentes y vicepresidentes de juntas, requisito legal para su validez.
Desde horas antes de conocerse los resultados, el secretario general de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, mostró esas pruebas y aseguró que el ente electoral actuó bajo presión gubernamental.
Se suman a las probadas anomalías los cambios de último momento en centros de votación y la exclusión de veedores internacionales.
Inconsistencias estadísticas demuestran resultados prácticamente imposibles, pues la heredera del correísmo mantuvo el mismo 44 por ciento de la primera vuelta y ganó solo unas décimas.
Noboa, en cambio, aumentó su apoyo en casi 12 puntos sin explicación clara y cuando las más prestigiosas encuestadoras, incluso las más afines a su gobierno, no le vieron nunca ventaja alguna.
Además, la tasa de participación estuvo en línea con las habituales en ese país: 83.70 por ciento del censo electoral.
El millonario, que además violó sin esconderse la norma que impide a un presidente seguir en funciones si se postula para la reelección, dedicó los últimos 10 días de campaña a repartir bonos a manos llenas: para jóvenes, emprendedores, afectados por desastres, para los policías, etcétera, por un total equivalente al 0.5 por ciento del PIB del Ecuador.
Sin embargo, y pese a toda esta realidad, el CNE y los pocos observadores internacionales no reportaron irregularidades masivas. La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, defendió la transparencia del proceso y declaró la victoria de Noboa como “irreversible”.
No obstante, Luisa González no reconoció los resultados y acusó al gobierno de manipular el proceso: “Ecuador está viviendo una dictadura y el fraude más grotesco de su historia”.
Críticas desde la izquierda regional
El brazo social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac Social) emitió un comunicado contundente: “Lo ocurrido en Ecuador no son simples irregularidades, sino un montaje sistemático para imponer un proyecto autoritario”.
El organismo acusó a Noboa de usar el aparato estatal para favorecer su campaña, incluyendo el estado de excepción como herramienta de represión selectiva.
Asimismo, denunció sus decisiones de privatizar la seguridad y sus alianzas con figuras como Erik Prince (fundador de Blackwater), lo que refleja una agenda neoliberal y militarista.
La Celac Social evocó el discurso de “golpes blandos” que la derecha latinoamericana ha usado contra gobiernos progresistas en la última década.
En esa misma línea, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) denunció la mentira del CNE, rechazó el “tendencioso e insólito” estado de excepción dictado por Noboa y lo acusó de generar un “ambiente de amedrentamiento” y ventajismo.
ALBA-TCP respaldó la demanda de revisión del proceso para garantizar el respeto a la voluntad popular y exigió una auditoría integral y un reconteo transparente de votos.
El peso de un líder en el exilio
El expresidente Rafael Correa, desde Bélgica, fue clave en la impugnación de fraude. Sus declaraciones en redes sociales –“Todos saben que estos resultados son imposibles”– reactivaron la base correísta, pero su influencia para quienes justifican la estafa resultó un alma de doble filo.
Según alegan, su infundada condena por corrupción (realmente persecución) sigue dividiendo a los ecuatorianos. Noboa quiso capitalizar este desgaste, asociando a González con los escándalos de su mentor. Además, se encargó de fomentar “el miedo al retorno del correísmo” y movilizó a sectores medios y conservadores, mientras él, pese a su gestión cuestionable en seguridad y economía, logró presentarse como el mal menor.
No fue casual su visita a Donald Trump en su propia vivienda de Mar-a-Lago, en la Florida, días antes del balotaje y la polémica foto de ambos que recorrió las redes sociales y los grandes medios del mundo.
Los impactos actuales del efecto de Trump y los errores del correísmo pudieron haberle dado el triunfo al millonario heredero.
El desafío ahora es institucional: si las pruebas de fraude son contundentes, Ecuador podría sumirse en una crisis de legitimidad. Si no, el correísmo enfrenta el riesgo de quedar atrapado en el discurso de la victimización, perdiendo conexión con un electorado que prefirió darle otra oportunidad a la derecha.
