La primera elección judicial por voto popular marca un hecho sin precedentes en México. Sienta las bases para una justicia más democrática y cercana al pueblo

La elección judicial celebrada el 1° de junio de 2025 representa un parteaguas en la historia institucional de México. Por primera vez la ciudadanía fue convocada a decidir mediante el sufragio directo quiénes ocuparán cargos clave en el Poder Judicial: desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de distrito.

Se trata de un evento inédito no solo a escala nacional, sino global. Y aunque no estuvo exento de dificultades, abre un camino irreversible hacia la democratización de la justicia.

La reforma que permitió esta votación se originó en un diagnóstico severo y ampliamente compartido: el Poder Judicial ha sido, durante décadas, el bastión de la impunidad, donde operan redes de corrupción, nepotismo y vínculos con la delincuencia organizada.

Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas estructurales impulsadas por la llamada “Cuarta Transformación”, concebida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutada en esta nueva etapa por la primera mujer que lidera la nación mexicana.

Cifras ofrecidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no dejan lugar a dudas. Solo entre 2024 y lo que va de 2025, jueces y magistrados concedieron 164 egresos de prisión mediante cambios de medida cautelar, 27 traslados a penales de baja seguridad y al menos dos liberaciones definitivas a criminales de alto perfil.

Los nombres que protagonizan estas resoluciones —resaltan los de los jueces Gregorio Salazar y Enrique Hernández, con decenas de fallos favorables a líderes del narcotráfico— se han vuelto símbolos del deterioro de la justicia.

En este contexto, el voto ciudadano emerge como un mecanismo legítimo y necesario para sanear el sistema judicial.

Desde el inicio de su gestión, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió esta transformación con firmeza. Enfrentó una campaña de boicot promovida por figuras como Vicente Fox o Ricardo Salinas Pliego, que llamaron a no participar. Aun así, más de 13 millones de personas acudieron a las urnas, una cifra que no alcanzó ninguno de los partidos opositores en los comicios federales de 2024.

El índice de participación, calculado entre 12.57 y 13.32 por ciento, ha sido usado como argumento para deslegitimar la jornada. Pero ese juicio es injusto e incompleto. Esta fue una elección sin precedentes, organizada en tiempo récord, con boletas complejas, miles de candidatos y una ciudadanía sin experiencia previa en este tipo de sufragios.

El hecho de que millones de mexicanos hayan superado estos obstáculos para votar por jueces y magistrados debe valorarse como un logro institucional, no como un fracaso. Además, la elección se desarrolló con normalidad en el 99.98 por ciento de las casillas. Se reportaron más de 1 700 incidentes, pero el 80 por ciento se resolvió satisfactoriamente, según el propio INE.

La transparencia, la legalidad del proceso y el respaldo de observadores internacionales avalan la seriedad del ejercicio.

Sheinbaum, al calificar los comicios como un “éxito democrático”, sostuvo que la reforma no busca controlar al Poder Judicial, sino devolverle su función como garante del Estado de derecho. “Si quisiéramos controlarlo, habríamos nombrado ministros por decreto, como en el pasado. Pero preferimos que el pueblo decida”, declaró.

A partir del 1° de septiembre, los nuevos titulares asumirán funciones. El país estará atento a sus decisiones. ¿Estarán a la altura del desafío? ¿Lograrán actuar con independencia, capacidad técnica y apego a la ley? El riesgo de que surjan actores sin experiencia, vulnerables a intereses ajenos a la justicia, existe. Pero también es cierto que el sistema anterior ya había demostrado su colapso ético y funcional. Cambiar era indispensable.

México, al implementar esta reforma, se coloca a la vanguardia regional. Ni Bolivia —único antecedente en América Latina— ni Estados Unidos han elegido jamás la totalidad de sus jueces por voto directo. Por eso, más allá de las cifras, este proceso inaugura una nueva etapa, una justicia más accesible, más ciudadana y menos elitista.

En una región donde el desprestigio judicial es constante, el caso mexicano se convierte en laboratorio y referencia, y el gobierno de Claudia Sheinbaum consolida una narrativa de continuidad transformadora que refuerza su legitimidad.

Los detractores podrán cuestionar los métodos, pero no el fondo: la justicia no puede seguir siendo un privilegio de unos cuantos. En México, ese ciclo comenzó a cerrarse el 1° de junio de 2025.