La nación bolivariana enfrenta una guerra de desgaste con leyes de EE. UU. y deportaciones forzadas, mientras busca diversificar sus alianzas

Desde el triunfo del presidente Hugo Chávez en 1999, la República Bolivariana de Venezuela ha sido sometida a una guerra de desgaste sistemático, continua y enérgica. Las grandes transnacionales de la comunicación, con el empleo de las plataformas sociales digitales, intentan menoscabar los esfuerzos y resultados demostrados, primero por el gobierno de Chávez y después por su continuador, Nicolás Maduro.

Alrededor de mil medidas de coerción ha impuesto Washington a Caracas desde el año 2015, cuando Barack Obama la declaró un peligro para la seguridad nacional de su país. La más reciente, dictada el pasado 24 de marzo, es una disposición de carácter extraterritorial que pretende apretar el cerco contra la nación bolivariana y que afectará a terceros.

En esa fecha, Donald Trump decidió gravar con aranceles de 25 por ciento los productos de países que compren el crudo y el gas venezolanos. En los últimos diez años, ninguna medida pretendió un alcance mayor, pues el propósito de Washington de coaccionar a terceros viola las leyes del comercio internacional, algo que ya China se lo recordó.

Poco después de conocer la nueva decisión trumpista, el gigante asiático le advirtió que las guerras comerciales no tienen ganador y exigió parar la interferencia brutal en los asuntos internos de Venezuela.

Junto a Beijing, Irán es otro de los principales socios de Caracas en este rubro, ambos sancionados también por la Casa Blanca. Fue la República Islámica quien proveyó renovación tecnológica e insumos a la empresa PDVSA para que volviera a refinar y exportar, luego de que el bloqueo estadounidense se lo impidiera.

Ambas naciones podrían verse afectadas seriamente por la decisión; incluso, el propio Estado sancionador es comprador importante del crudo venezolano. España, India, Rusia, Singapur, República Dominicana y Malasia se sitúan también entre los principales clientes.

No obstante, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió el lunes una prórroga a la empresa Chevron para que concluya sus operaciones con PDVSA y permitir el cumplimiento de los pedidos anticipados. La extensión parece indicar que el penalizador seguirá importando petróleo venezolano, mientras presiona y amenaza a otros países para que no lo hagan.

“No todo el mundo pertenece al Tren de Aragua”

El jefe de la Casa Blanca dice que tomó la decisión arancelaria porque Venezuela envió a su país, de forma deliberada y engañosa, a decenas de miles de delincuentes de alto rango, asesinos y personas de naturaleza muy violenta.

Para salir de ellos, echó mano a una legislación nacida en el siglo XVIII, durante los tiempos de guerra –la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798– y expulsó a más de 200 venezolanos y los encerró en una cárcel en El Salvador, sin ningún tipo de proceso judicial y pese a la orden en contra de un juez.

Según alegó el magnate republicano, son integrantes de la conocida banda criminal Tren de Aragua, desmantelada en el país suramericano en 2023. Pero lo cierto es que nadie lo ha probado y ni siquiera se conoce la identidad de los 238 migrantes, trasladados irregularmente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel que Nayib Bukele “le alquiló” a Donald Trump a cambio de favores políticos.

¿Cómo se llama eso? ¿Justicia? ¿Derechos humanos? ¿Democracia?, se preguntó Nicolás Maduro al denunciar los hechos. De acuerdo con las leyes internacionales, EE.UU. y El Salvador son dos países que cometen delito de desaparición forzosa y secuestro, reclamó el mandatario bolivariano, en una reciente alocución televisada.

Las madres, esposas y familiares, desesperados por conocer el paradero de los deportados, también denuncian el plan de Trump de limpiar al país de emigrantes y su apoyo en el hombro de Bukele.

El salvadoreño aseguró en X que Washington pagará una cuota muy baja por estos reclusos —que podrán permanecer en la cárcel por el período de un año—, pero que significa una muy “alta” para ellos.

A este respecto, Maduro instó a las organizaciones de derechos humanos internacionales y en territorio estadounidense a interponer sus buenos oficios para traer de vuelta a los conciudadanos.

Recordó que la oposición extremista del país sudamericano, liderada por María Corina Machado, Leopoldo López y otros impulsaron este ataque a la identidad nacional y propiciaron la construcción de un «relato falso” sobre el Tren de Aragua y la migración venezolana, oportunamente replicado por medios de Estados Unidos y América Latina.

Las deportaciones forzadas incluso desobedecieron la orden del juez Jamed Boasberg, que exigió el regreso de los aviones que los transportaban, aunque hubieran despegado y estuvieran en pleno vuelo.

Pero las aeronaves no regresaron y aterrizaron en la nación centroamericana. La Casa Blanca dice que actuó de manera correcta y no desobedeció la orden judicial. Los aviones ya sobrevolaban aguas internacionales cuando la instrucción llegó.

Aupado por el respaldo de su “padrino”, Bukele tuvo hasta el valor de mofarse del juez con un mensaje en redes sociales donde escribió, en inglés, “upa, demasiado tarde”, e incluía un emoticono de risa.

Mientras la comunidad internacional observa con preocupación el impacto que estas medidas tendrán en la estabilidad regional y el bienestar del pueblo de Venezuela, el futuro de esa nación está seguro en su capacidad para sortear este bloqueo y diversificar sus alianzas.

Por lo pronto, el mundo se enfrenta a la doble moral de una potencia que exige lo que no practica.