Aunque el 8 de junio de 1904 el Senado de la República de Cuba aprobó este convenio que precisaba la jurisdicción cubana sobre la Isla de Pinos, no fue hasta poco más de 20 años después, el 13 de marzo de 1925, que la Cámara Alta estadounidense lo ratificó
Según han verificado historiadores nuestros, mucho antes de redactarse la Resolución Conjunta –la patente de corso que utilizó Estados Unidos en 1898 para intervenir en la Guerra del 95 y apoderarse de Cuba–, algunos miembros influyentes en los círculos gobernantes de Washington soñaban con establecer a miles de familias de su país en Isla de Pinos, poco poblada a finales del siglo XIX, para convertirla en una colonia.
Las aviesas intenciones del naciente imperialismo comenzaron a hacerse evidentes en el Tratado de París, suscrito entre España y el vecino codicioso del Norte con la total exclusión de los cubanos tanto en las negociaciones que le precedieron como en su firma. En el artículo segundo de ese convenio, se decía, con no poca ambigüedad, que España “cedía a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales”.
Muchos políticos y empresarios yanquis interpretaron, a la luz de esas palabras, que Isla de Pinos no formaba parte del territorio cubano y que -junto con Puerto Rico y Vieques- habían pasado automáticamente a ser posesión de Washington. Para colmo del desparpajo, un mapa publicado en 1899 así lo atestiguaba.
Ese mismo año, una decena de norteamericanos se estableció en Isla de Pinos, algunos de ellos mediante transacciones de dudosa legalidad. Aunque la prensa yanqui hablaba de unos 700 estadounidenses en la ínsula, según el censo de 1901 solo 14 residentes eran ciudadanos del país vecino. En cambio, en dicho padrón se consignaba la existencia de unos 3 000 cubanos como habitantes del actual Municipio Especial Isla de la Juventud e incluso 194 españoles.
Los siniestros planes de anexión continuaron. En la Enmienda Platt se estipulaba, en su acápite sexto, que la ínsula quedaba “omitida de los límites de Cuba propuestos por la Constitución, dejándose para su futuro arreglo por Tratado la propiedad de la misma”. En concordancia con lo anterior, la proclama del general Leonardo Wood al hacer en 1902 la entrega del poder al presidente cubano electo Tomás Estrada Palma puntualizaba: “Los Estados Unidos tienen entendido que el gobierno actual de Isla de Pinos continuará como un gobierno de facto, a reserva de resolver el dominio de dicha isla mediante un tratado”.
La respuesta de don Tomás constituyó una verdadera genuflexión diplomática: “Queda entendido que Isla de Pinos continúa de facto bajo la jurisdicción del gobierno de la República de Cuba, a reserva de lo que en su oportunidad convenga al gobierno de Estado Unidos y el de la República de Cuba”.
Numerosas personalidades de la política estadounidense promovían la anexión de la patria del Sucu Sucu a la Unión norteamericana. Orville Platt, el senador que prestó su apellido a la ominosa Enmienda, llegó a declarar: “Tengo la opinión que es de la mayor importancia que la isla [de Pinos] sea nuestra. Nos proporcionaría el punto más ventajoso para defender la entrada del canal de istmo”.
Durante la presidencia de Estrada Palma, diplomáticos cubanos gestionaron la firma del tratado que solucionara el “Limbo legal” en que estaba sumida la antaño insula de los piratas. El 2 de julio de 1903, el ministro cubano José María García Montes y el embajador yanqui Herbert Squiers firmaron un primer convenio donde Estados Unidos reconocía la jurisdicción cubana sobre la isla-municipio. Una cláusula estipulaba un límite de siete meses para su ratificación, pero el Senado yanqui dejó pasar el tiempo para que no tuviese validez.
Los cubanos siguieron insistiendo y el 2 de marzo de 1904 se redactó por su embajador en Washington, Gonzalo de Quesada, y el secretario de Estado del imperio norteño, el célebre Tratado Hay-Quesada mediante el cual Estados Unidos renunciaba a favor de Cuba todo tipo de reclamación sobre Isla de Pinos. El 8 de junio, el Senado cubano aprobó dicho convenio. Sin embargo, ese mismo año, la Cámara Alta estadounidense eludió debatir ese tema.
Así pasó en 1906, 1922 y 1924. Pero Quesada ya conocía a sus interlocutores y tuvo especial cuidado que en el documento suscrito en 1904 no se precisara la fecha límite para su caducidad, resquicio legal que permitía mantuviera su vigencia aunque transcurrieran los años.
Entretanto, para los colonos estadounidenses asentados en territorio pinero y los especuladores ávidos de enriquecerse, la actitud de los senadores yanquis constituía una señal muy clara. Según investigaciones del historiador pinero Roberto Unger, a finales de noviembre de 1905 se proclamó un gobierno yanqui en suelo pinero mediante una “revolución”. El levantamiento fracasó ante la movilización popular de la mayoritaria población cubana.
Varias publicaciones yanquis presentaron a Isla de Pinos como “la más reciente adquisición territorial hecha por el Tío Sam […], es parte del territorio cedido por España a los Estados Unidos”. Apoyaron esta campaña anexionista, además del embajador en La Habana, Herbert Squiers, senadores como Penrose y Carmack, así como el representante Crumpaker, quienes integraron un activo lobby en el Congreso del país norteño.
Los anexionistas yanquis, hay que admitirlo, fueron desalentados en su sedición por el gobierno de su país. Para Washington, la llamada Isla del Tesoro había perdido su importancia estratégica. Según estudios del Ejército yanqui, este territorio carecía de condiciones para la construcción de un puerto de aguas profundas. Incluso con la tecnología actual, tal proyecto constructivo es poco rentable.
Solo mantuvieron latiente la cuestión de la ratificación del tratado mientras le sirviera como elemento de presión y chantaje para la naciente república cubana, aherrojada por el imperialismo yanqui con diabólicos mecanismos neocoloniales.
Los diplomáticos cubanos acreditados en Washington, encabezados por los embajadores Carlos Manuel de Céspedes y Quesada y Cosme de la Torriente contrarrestaron el lobby anexionista en el Congreso yanqui ganando para la causa cubana a legisladores electos. Por otra parte, figuras destacadas de la intelectualidad cubana como Fernando Ortiz, Emilio Roig y Luis Machado Ortega, este último autor de un valioso texto movilizador contra la Enmienda Platt, promovieron comités cívicos patrióticos a los que se adhirió el entonces joven estudiante universitario Julio Antonio Mella. Hasta el teatro bufo se sensibilizó con el tema y en 1923 se produjo el estreno del icónico sainete de la autoría de Federico Villoch y Jorge Anckermann.
El 13 de marzo de 1925, el Senado estadounidense se dignó a debatir el Tratado Hay-Quesada. Hubo que encontrar el original de 1904, carcomido por las cucarachas, en un polvoriento archivo de la Biblioteca del Congreso yanqui. Tras un breve debate y dos modificaciones irrelevantes fue aprobado. Como el senado cubano no puso objeciones, las ratificaciones de ambas cámaras fueron canjeadas el 23 de marzo, en Washington. Y ya no hubo más intrigas: Isla de Pinos (hoy Municipio Especial Isla de la Juventud) es un territorio indiscutiblemente cubano.
Lamentablemente, el 20 de mayo de 1925 ascendió a la presidencia Gerardo Machado que instauró una sangrienta tiranía y construyó el tristemente célebre Presidio Modelo en la ínsula. Pero como gustaba decir al amigo Michael Ende, esa es otra historia.
*Periodista y profesor universitario. Premio Nacional de Periodismo Histórico por la obra de la vida 2021.
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Fuentes consultadas
Los libros Isla de Pinos y el Tratado Hay-Quesada, de Rolando Álvarez Estévez; Historia de la Enmienda Platt, una interpretación de la realidad cubana, de Emilio Roig de Leuchsenring; República de corcho, de Rolando Rodríguez; y La Enmienda Platt. Estudio de su alcance e interpretación y doctrina sobre su aplicación de Luis Machado Ortega. El artículo Isla de Pinos y el Tratado Hay-Quesada: Una historia que debe ser recordada, de Roberto Unger.
