El presidente Gustavo Petro apuesta por una consulta popular a fin de impulsar su iniciativa ante el bloqueo legislativo
Con la espada desenvainada del Libertador Simón Bolívar, dijo Gustavo Petro que iría al Congreso a presentar las 12 interrogantes que pretende someter a consulta popular, última carta para rescatar su reforma laboral.
El gobierno de Petro está acostumbrado ya a los bloqueos legislativos que dificultan la aprobación de reformas clave, como la laboral, la de salud y la pensional, cambios fundamentales prometidos durante su campaña y que duermen el sueño eterno en las gavetas del Senado.
La nueva maniobra exige un respaldo ciudadano firme y una organización electoral compleja, lo que complica la estrategia del gabinete y pone a prueba la capacidad de movilización del petrismo.
Las 12 preguntas en juego
¿Está de acuerdo con que el trabajo del día dure máximo ocho horas? Es la primera de las 12 interrogantes que se someterán a la aprobación de los ciudadanos y que buscan mejorar las condiciones laborales y promover la formalización del empleo.
Están diseñadas con dos únicas respuestas posibles: Sí o No. Abarcan temas como la formalización del empleo, la equidad laboral y la protección de los derechos de los trabajadores en diversos sectores.
La consulta, para ocurrir, primero tiene que pasar un filtro arriesgado en el Congreso: el voto del Senado, en el que no tiene mayoría. En ese escenario político fragmentado que reduce las probabilidades de éxito va Petro a presentarla el 1° de mayo.
Si la Cámara Alta no la avala con 53 de sus 105 votos, no habrá consulta popular.
El segundo filtro será la participación ciudadana. Para que sea válida al menos 13.6 millones de personas deben participar en la votación, más de los 11.2 millones que votaron por Petro en el balotaje de 2022.
De superar el umbral, las preguntas con respuestas afirmativas se harán realidad si obtienen la mitad más uno de los votos válidos.
“La consulta obliga -en menos de seis meses- a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el Congreso no las aprueba, el Presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, advirtió Petro en X e hizo estallar la ira de los mismos detractores que han rechazado la mayoría de sus proyectos.
Según argumentan, el mandatario en realidad intenta ganar electores para la izquierda con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley él no podrá buscar la reelección. Si así fuera, es perfectamente válido para quien desde agosto de 2022 ha gobernado de a poquitos y le han parado muchas iniciativas.
Esos viejos sectores hostiles también cuestionan la viabilidad y el costo de la pesquisa, estimada en alrededor de 700 mil millones de pesos colombianos. Además, impugnan que algunas preguntas carecen de precisión y podrían generar incertidumbre en su implementación.
Presión en las calles
Los últimos dos procesos de este tipo en el país fracasaron. Una “consulta anticorrupción” de 2018 promovida por políticos de centro-izquierda que no alcanzó el umbral necesario y el plebiscito de 2016 para aprobar el histórico acuerdo de paz con las FARC.
Convencido de conservar el apoyo popular que lo llevó a ser el primer presidente izquierdista de Colombia en 2022, Petro jugará ahora sus cartas en la consulta.
En varias ocasiones el mandatario ha convocado a sus seguidores a marchar en las calles a favor de sus reformas y en contra del constante bloqueo institucional en el Congreso. Esta vez les solicitó manifestarse el 1° de mayo en defensa de la nueva iniciativa y en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.
De aprobarse, la consulta popular podría celebrarse en septiembre u octubre próximos, y si la ciudadanía vota a favor el Estado deberá convertir las respuestas en leyes.
En este contexto, el ejercicio propuesto será una apuesta arriesgada, una prueba crucial que no solo desafía la inercia legislativa, sino que somete a Colombia a un ejercicio democrático inédito para forjar el futuro laboral del país y enrumbar derecho al oficialismo hacia 2026.
