Entre esfuerzos fragmentados y apatías, la vulnerabilidad agrieta transversalmente a la nación. Las políticas públicas han intentado siempre amparar a quien lo necesita, pero la raíz del problema sobrepasa los límites de las buenas intenciones: familias desintegradas, falta de apoyo efectivo, envejecimiento, crisis económica… Pese a ello, ¿estamos dispuestos a entender que aquellos en situación de calle no representan un hecho aislado, sino una consecuencia de una estructura social que necesita ser transformada? La respuesta, quizás, se encuentra en nuestra capacidad de empatía y acción. Porque en el fondo, la verdadera cura comienza cuando reconocemos que el sufrimiento del otro nos duele a todos

Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA, PASTOR BATISTA, IRENE IZQUIERDO, HÉCTOR A. CASTAÑEDA, ALEJANDRA MOREJÓN y TANIA RENDÓN

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Un silencio incómodo se cuela entre el bullicio cotidiano de los autos o de quienes se apresuran a cumplir con sus tareas diarias. Es un silencio que habla de la invisibilidad, de esas esquinas y parques donde algunos luchan por sobrevivir en una mañana cualquiera.

Allí, en el portal de una céntrica calle, varios buscan refugio entre cartones y bultos sucios, la única posesión que se percibe en una escena que duele. Rostros desmejorados, ropas desgastadas… Ellos se apilan en una esquina, discuten de vez en cuando por sus pertenencias y, a veces, también se nota los rastros de una vida dura –durísima–. Algunos los vemos hurgando en la basura. Sin responder a nuestras insistentes preguntas continúan con la mirada fija en la inmundicia, se limpian las manos en la vestimenta rota, ignorándonos.

No representan casos aislados, de los que pueden contarse con los dedos de las manos. En las cercanías de hospitales, bancos públicos y semáforos se observan a quienes también batallan contra las inclemencias del tiempo y la indiferencia. El panorama preocupa, pues más que un dato estadístico representa una realidad que atraviesa a todo el país, que, junto a la emigración y al envejecimiento poblacional, demanda atención prioritaria.

¿Errantes?

Se transformó radicalmente, cambiándose a sí misma en muchos sentidos. ¿En qué momento dejó de ser sujeto para pasar a ser un objeto tirado en la calle? Tal vez esa pregunta le rondará como preámbulo de un sueño suave en lecho de hierba y techo de cielo, pero sus quebraderos de cabeza seguro fueron más elementales: ¿comeré mañana, pasaré frío hoy? Una vecina del lugar se le acercó con susto y sin hablarle, porque le habían dicho que las personas como aquellas son agresivas.

Apenas unos minutos de mirada sostenida para comprender que esa mujer negra estaba perdida, atrapada en las redes del desamparo. No medió palabra, solo la sonrisa de ambas y el acuerdo tácito de respetar los espacios; una en el edificio, la otra en el contén de la acera. La vecina, sin embargo, no podía hacerse cómplice pasiva del abandono y llamó a la policía, la cual a su vez le dio otro número para reportar a “la deambulante”. La gestión parece haber sido fructífera –quiso creer quien vivía guarecida entre paredes– o simplemente la negra mujer, cubierta con absurdo ropaje de invierno, se mudó hacia otro árbol, otra esquina, otro barrio.  

La mayoría de las veces, al ver a alguien viviendo en las calles, abrazamos la indolencia, el voltear la mirada hacia las vitrinas en el bulevar o cambiarnos de banco en el parque y así evitar el hedor desprendido de uno aledaño, a consecuencia del dominio de un “vagabundo”, a todas luces alcoholizado. Años atrás, casos similares a los relatados eran muy esporádicos y solían tener un afrontamiento más efectivo y sistemático. En cambio, ahora, se arraciman en el paisaje urbano trasluciendo una desarticulación de mecanismos efectivos de prevención y tratamiento.

La conversación con Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desentraña los matices de esta problemática. De acuerdo con lo explicado, se maneja el término “deambular”, el cual es un modo de vida multicausal que no siempre responde a trastornos psiquiátricos o adicciones. Algunos, en su mayoría adultos mayores o incluso jóvenes, simplemente no tienen una familia que los acoja. Los bajos ingresos económicos, la desatención familiar y la inestabilidad emocional los empujan a buscar en la basura lo que puedan necesitar, como consecuencia de una cadena de olvidos y carencias.

El fenómeno, nos dicen, tiene múltiples raíces. La inestabilidad en el hogar, la ausencia de esa red familiar sólida, la pobreza que no distingue edad ni apariencia; cada rostro en la calle cuenta su propia historia. La estrategia del Estado, con sus centros de protección social y equipos multidisciplinarios, intenta ofrecer una salida. Allí, un médico, un trabajador social, una enfermera y un fiscal evalúan, y diseñan caminos hacia la recuperación. Los que muestran signos de trastornos psiquiátricos se ingresan en centros especializados, con la esperanza de estabilizarlos y devolverlos a la comunidad. La tarea no resulta sencilla. La recuperación depende, en buena medida, del entorno familiar y social, de un seguimiento que en muchas ocasiones se ve obstaculizado por la escasez de recursos materiales.

Si bien el gobierno en cada territorio debe asumir políticas locales activas y específicas, y las recientes medidas publicadas en la Gaceta Oficial prometen un paso firme hacia un sistema más inclusivo, el contexto impone desafíos mayores.

El Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida abraza, junto a las actuales disposiciones, una estructura que, con un enfoque de género y derechos humanos, busca mejorar, ampliar y perfeccionar ese alcance necesario en personas con discapacidad, adultos mayores que viven solos y sus familias. Responsabilidades claras, funciones precisas y protocolos de actuación concretos… todo apunta a una oportunidad donde la rehabilitación y la reinserción, digna, sea posible.

Quizás lo más esperado fue la definición y regulación de la conducta deambulante: la nueva normativa se adentra en comprender un fenómeno con frecuencia mal entendido y abordado. Mas, el bienestar no debe escribirse únicamente en leyes y protocolos; también en respaldos y acciones concretas, con esa indispensable mirada de humanidad.

Algunos nortes

La problemática, compleja, podría confirmarse con una cifra discreta; se desconoce la estadística exacta: desde 2014 hasta septiembre de 2023 se habían identificado 3 690 personas con conducta deambulante (de ellas, el 75 por ciento se les ha dado algún tipo de solución), según lo publicado en Cubadebate.

Geydis Fundora Nevot, socióloga y profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, comentó a BOHEMIA las dimensiones sociales y estructurales de esta realidad, además de las tensiones y desafíos que enfrentan las políticas públicas (para concretarse), la comunidad y las familias en la búsqueda de respuestas humanas y efectivas.

Una de las primeras constataciones que nos hace Fundora Nevot radica en la escasa atención académica y social que ha recibido la temática en Cuba. Aunque existen tesis en sociología que han investigado la vulnerabilidad, el análisis profundo y multidisciplinario de las personas en situación de calle continúa siendo en gran medida invisible, en parte por la dificultad de su acceso y las implicaciones éticas de estudiarlas; una tendencia a tratarlo desde el ámbito observacional o a través de expertos, dejando de lado las voces directas de quienes viven tales circunstancias.

Si bien se reconoce oficialmente en Cuba que la denominación a emplear para referirse a esta situación debe ser “personas con conductas deambulantes”, aún persisten polémicas y debates –nacionales e internacionales– sobre cómo nombrar, entender y responder. La sociología revela que detrás de dichos términos existen perfiles determinados: individuos con discapacidad intelectual adquirida, adultos mayores y, en menor medida, perfiles masculinizados, pero sin un patrón racial o de género exclusivo. La diversidad de los grupos etarios, en los que antes predominaba los mayores, ahora se ve enriquecida por una gama más amplia de edades, evidenciando que la vulnerabilidad se ha expandido y diversificado.

Especialistas coinciden en que la raíz se encuentra en las estructuras familiares, en los conflictos económicos y en la organización del cuidado. Fundora Nevot señala con precisión que los factores estructurales –como la desintegración familiar, los intereses económicos sobre la propiedad y la vulnerabilidad social– constituyen determinantes en el proceso de abandono y su perpetuación. La familia, en tanto núcleo de cuidado y protección, ha visto debilitadas sus capacidades por la crisis económica que azota al país y por las dinámicas de violencia, desigualdad y fragmentación que han ido en aumento. La migración y el envejecimiento poblacional también juegan un papel en la reconfiguración de las redes de apoyo tradicionales y deja a ciertos sectores con grandes posibilidades de riesgo de exclusión.

Desde la perspectiva sociológica, la investigadora enfatiza que el abandono no puede justificarse; debe entenderse en un marco de derechos humanos, donde la protección social, la atención sanitaria y la inclusión laboral deben hallar lugares.

Asimismo, los centros de atención, que en el pasado operaban con una lógica restrictiva y poco respetuosa de la autonomía de las personas, han evolucionado para un cambio positivo, mas, aún existen retos en la implementación efectiva y en la articulación con las comunidades, instituciones religiosas y el sector privado.

El tema de la salud mental, en particular, aparece como un elemento clave. El incremento de casos relacionados con trastornos mentales, agravados por un sinnúmero de factores, revela la necesidad de acciones preventivas.

La propia doctora en Ciencias Sociológicas reconoce que actualmente se ha debilitado una serie de estructuras comunitarias. Influye, por ejemplo, que las personas dividen su tiempo en el pluriempleo, además del envejecimiento de la población cubana y la migración…, aspectos que sin duda han obligado a reestructurar los cuidados, actualizados hoy en esa normativa y cuya eficacia dependerá de respuestas efectivas, del compromiso genuino con el otro, donde la solidaridad no se convierta en una excepción.

En consonancia con ello, la también Premio de la Academia de Ciencias de Cuba nos mueve, entre esos posibles nortes: “porque sí creo que es una cuestión de alianza público-privada que necesita activarse en aras de brindar soluciones, que esos presupuestos municipales puestos en función de la estrategia de desarrollo local, económica y productiva igualmente se activen en pos del desarrollo sociocultural, el cual existe, pero no en la misma proporción”, subrayó Fundora Nevot.

Las universidades tienen un rol esencial en visibilizar y profundizar acerca de esta problemática. La investigación social, orientada en la observación, la participación y los estudios cualitativos, puede aportar fundamentos valiosos para modificar –cuando se requiera– políticas públicas más acordes y preventivas.

Como un todo

En diálogo con Enrique Alemán, director del Proyecto comunitario Quisicuaba y de Vida Asistida, se conoció que “la causa número uno del habitante de calle en Cuba es la pérdida de la dinámica familiar. La familia es una estructura que tiene un funcionamiento propio, la cual hay que acompañar, respetar. Entonces la aspiración máxima de Quisicuaba es que puedan insertarse a su familia, proveerles una familia de hecho”, siendo esta una experiencia de digna imitación. Tal así –aunque con otros métodos, recursos y entornos–, se creó en 2015 el Centro para la Atención a Personas Deambulantes de La Habana. No obstante, el propio nombre de la institución nació distorsionado, ya que “deambulante” es una condición psiquiátrica propiamente dicha y la realidad social cubana dicta que las causas de vivir en la calle, tristemente ya se asemejan a las de otras latitudes: problemas con las viviendas, violencia familiar y de género, emigración, alcoholismo….

De acuerdo con Cubadebate, desde 2023 ha habido un incremento gradual de la plantilla de trabajadores sociales: de unos 7 327 en el segundo semestre del pasado año, a unos 17 000 en 2024. A pesar de ello, hay más de 3 000 circunscripciones sin trabajadores sociales. Justo aquí nos detenemos; la perspectiva pudiera variar teniendo en consideración que para el curso 2024-2025 fue aprobada la licenciatura en Trabajo Social. Pero esa fortaleza potencial, de no articularse adecuadamente, con todos y cada uno de los participantes en esta vasta cadena de la nación (incluyendo a la Federación de Mujeres Cubanas y a los Comités de Defensa de la Revolución) para –de verdad– no dejar a nadie desprotegido, habrá significado un desperdicio en dinero y esfuerzos académicos, implicados en su formación. El terreno dicta las pautas dialécticas de tratamiento, donde quedarse en la epidermis agrava, a la larga, la vida de los atendidos en un centro de acogida, que –al comprobar cómo seguirán sin resolverse el fondo de su situación– retornan a las calles en un círculo vicioso.

En reiteradas ocasiones las máximas autoridades del país han llamado a actuar con sensibilidad e integralidad. Se trata de trascender la frialdad de las estadísticas; son seres humanos con historias pasadas, presentes, ¿futuras?

A propósito de la licenciatura en Trabajo Social, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, ha insistido en “la profesionalización de la actividad para que estas personas ejerzan adecuadamente las acciones de prevención, claves en la seguridad social”.

Ese tipo de labor, desde la comunidad, debe ser punzante, como la realidad misma, sin los colores del maquillaje, convenientes a una fiesta. Es vox populi: impera una deficiente evaluación del efecto de las acciones desarrolladas a través de los indicadores aprobados, con un enfoque concentrado en atender “la cosa” una vez que estalla debido a insuficientes estrategias transformativas. El socialismo cubano en construcción, a contracorriente de un bloqueo estadounidense despiadado, cuenta con un robusto entramado institucional; tal vez sea necesario adecuar algunos lazos comunicantes respecto al tema en cuestión.

Para Alemán Gutiérrez, el respeto a la voluntad personal constituye uno de los pilares de sustento de todas las iniciativas nacionales de cuidado a quienes un día “sintieron que el techo se les venía encima”; “sufrir golpes del novio muy machote, avergonzado de amar a un “transgénero” o “escuchar eres demasiado vieja, aquí sobras”. El hecho de la reincidencia; de volver al contén de la acera o a los portales de una terminal de ómnibus, habla a las claras de un trabajo poco profundo, que no ahonda adecuadamente en el origen, propiciando esa “vuelta al libre albedrío”. Prender las cosas con alfileres solo complicará la existencia de quienes a todas luces pasaron de personas “normales” a “vulnerables”.

Revolucionar conceptos y estrategias

Al sumergirnos de nuevo en las fuentes periodísticas, Cubadebate por más señas, nos acercamos al criterio del sociólogo Luis Emilio Aybar Toledo, director del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello: “En la medida en que la crisis económica en Cuba se profundiza y las capacidades del Estado para garantizar con calidad y con todas las prestaciones esos derechos disminuyen, esos derechos también se deterioran […] el impacto de esa crisis, por tanto, inevitablemente se expresa en las calles, se expresa en el crecimiento de esos grupos que están en una situación más vulnerable […] son procesos que no se le pueden adjudicar solo al individuo, como si ese individuo actuara alejado de una sociedad, distante de una sociedad con sus estructuras y con sus condicionamientos”, insiste.

Por su parte, Mareelén Díaz Tenorio, investigadora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, en su escrito Familias en Cuba: Cambios y recomendaciones a la Política social, subraya: “Pensar en la familia como una estructura organizativa moldeable o inerte, conservadora o retrógrada, implica ignorar sus potencialidades y los efectos de su accionar en la sociedad con consecuencias en el plano individual, grupal y social. Se puede ser indiferente o no a esta realidad, mas ello no impedirá que las familias construyan, no solo su realidad objetiva y subjetiva, sino también las de la sociedad en su conjunto. Es imprescindible que la familia sea vista como refugio y muro de contención de dificultades, pero también en su rol de ‘constructora’ de la sociedad del futuro, y para eso no puede estar aislada del entramado social”.

A partir de las dos miradas anteriores, habría que plantearse una más adecuada definición de la categoría vulnerable y de borrar el término “deambulante” en el lenguaje y en el accionar institucional y comunitario de las personas en situación de calle: ver el fenómeno, en la praxis, desde la amplia dimensión sociológica, de la psicología social y de la política, permitirá una comprensión más cabal de las medidas antes que poner un “parche”. 

En momentos de redactarse el presente texto, muchas de las personas en situación de calle parecen haber sido trasladadas al Centro de acogida de La Habana, lo cual es excelente; una pregunta se impone: ¿Remediará esta acción particular los problemas de base? Ojalá puedan irse resolviendo cada particularidad, en comunión de estrategias entre el trabajador social, el ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Revolucionaria. En la propia voz de Marta Elena Feitó Cabrera, los trabajadores sociales “son los principales responsables según la ley de su seguimiento. El trabajador social es clave en esta atención, porque los grupos de prevención social están en las comunidades. Hoy contamos con grupos de prevención en cada Consejo Popular, lo que nos facilita la personalización de la atención”. Pero, algún resorte sigue sin engranarse correctamente.

Este tema tiene raíces profundas; si un trabajador social únicamente se atiene a “cuidar”, no a transformar, y encima la comunidad y las instituciones lo dejan solo, carente de respaldos y recursos, obtendrá un escaso resultado. La sociedad cubana, sumamente dinámica, cuenta con nuevos actores económicos a los que involucrar: nunca como obra caritativa, sino desde la responsabilidad colectiva. La empresa estatal también debe desempeñar su papel en el entorno circundante. De este modo, la validación de la recaudación del uno por ciento como contribución al presupuesto municipal debería pasar la prueba de la atención a los asuntos específicos de sectores demográficos y sociales determinados, dígase ancianos, niños, madres solteras, núcleos familiares disfuncionales. 

Los instrumentos jurídicos existen, el Código de las Familias nació y creció como resultado de la expresión democrática de esa voluntad, atemperada a una realidad cambiante. Entonces, una condición crucial para el reino de la dignidad debe pasar por conocerse los tipos de familias, desechando el trabajo epidérmico. ¿Dificultoso? Sin duda, esencialmente por ese supremo y noble concepto de justicia social cubana que se erige en el fundamento martiano de entrega a la causa más bella; hacer causa común con los “pobres de la Tierra”.

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