“Mi vida es un infierno”, asegura Yanira, una joven holguinera de 21 años y madre soltera de un pequeño de seis. “Cuando tenía 14 tuve relaciones sexuales con un muchacho de mi barrio mucho mayor que yo y, al poco tiempo de estar juntos, salí embarazada.

“Con el tiempo la barriga empezó a notarse; como él y su familia siempre han vivido a toda leche, mi mamá aconsejó que me casara para mejorar y criar bien al bebé”, confiesa la chica, quien tiene a su cargo, además de su hijo, el cuidado de dos hermanos menores –de 12 y 15 años– y de su madre viuda y con trastornos psiquiátricos.

Como tantas jóvenes en su situación, el maridaje le duró menos que un merengue en la puerta de un colegio. El día que cumpliría el primer aniversario de boda, la exsuegra ya andaba dando carreras, inmersa en los trámites del divorcio de su hijo “mal casado”.

Yanira no logró terminar la secundaria básica ni nunca ha podido emplearse de manera oficial; solo de vez en cuando gana algún dinero por uno u otro trabajo informal y aunque su familia recibe los beneficios de la seguridad social, sus posibilidades de progreso y desarrollo personal son nulas.

Circunstancias de diversa índole sustentan y promueven esta práctica denominada matrimonio infantil y que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define como la unión, formal o informal, de personas menores de 18 años, edad establecida como límite de la infancia por la Convención de los Derechos del Niño.

El nuevo Código de las Familias –todavía en proyecto– se propone eliminar este flagelo, derivado de la pobreza, la doble moral acerca de la sexualidad, los estereotipos de género, el subculturalismo, las costumbres y tradiciones asociadas a conceptos patriarcales que asumen al varón como proveedor material y horcón filial; así como sostenido en un marco legal endeble propiciador de esos fallidos enlaces.

Con la aprobación de dicho texto, Cuba pondría fin a la autorización excepcional del matrimonio infantil a partir de los 14 años en las féminas y 16 en los varones, como reconoce el Código de Familia vigente, el cual sustituyera en 1975 al Código Civil Español donde se establecía, como edades para la unión, 12 años en las niñas y 14 en los niños.

Resguardar a los más vulnerables

No es secreto para nadie el impacto nefasto de la covid 19 en los ámbitos económico, social y político de las naciones, cuyo alcance –aseguran expertos– podrían ser definitivos o tardarían décadas en revertirse.

Para la población infantil y adolescente, el escenario se torna complejo en lo referido al casamiento en edades tempranas de la vida; tanto es así que la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) anunció un incremento alarmante del matrimonio infantil como consecuencia de la pandemia, comportamiento que echa por tierra los progresos alcanzados en los últimos años, cuando se lograron evitar 25 millones de uniones.

La Unicef señala, asimismo, que en 2030 estarían casadas 10 millones de niñas, por causa del prolongado confinamiento, el cierre de los centros escolares, el embarazo precoz y no planificado, las condiciones de precariedad extrema, el deceso de los progenitores u otros parientes encargados del cuidado y manutención, entre otros factores.

Esta situación, además de poner a las féminas más jóvenes en estado de vulnerabilidad y dejar al descubierto desigualdades de género en pleno siglo XXI, perjudica el adecuado y normal desarrollo de las nuevas generaciones.

Si bien en Cuba la niñez, la adolescencia y la juventud están protegidas por ley, el actual Código de Familia entra en contradicción con lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño y el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, de la ONU.

Nuestro país, al concretar el nuevo Código de las Familias, aprueba y se adhiere a los esfuerzos emprendidos durante años por estos organismos internacionales; en cuanto cierra filas en la lucha por erradicar esta nociva práctica, reconocida como un lamentable rezago en el marco legislativo que afecta más directamente a la mujer, en lo relativo a su salud; y a ambos sexos en el plano psicológico, pues ocurre en etapas de la vida durante las que se consolidan la personalidad y cualidades físicas e intelectuales.

Según expresa el Anuario Demográfico de Cuba 2020, editado en septiembre del pasado año por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), solamente en 2020 se realizaron 656 matrimonios de adolescentes menores de 18, con parejas mayores que ellas e incluso, en varios casos, con hombres por encima de los 50 años de edad.

Añade la fuente que del total de uniones formalizadas, 29 ocurrieron en niñas de 14 años; 96 a los 15; 186 a los 16 y 345 a los 17. Aunque la incidencia en los varones es considerablemente menor, solo 89 entre 16 y 17 años, resulta imprescindible protegerlos también.

Las cifras hablan por sí solas y el nuevo proyecto de ley expresa la voluntad política del Gobierno cubano de proscribir este fenómeno que, de acuerdo con especialistas, representa una violación de los derechos de la niñez y la adolescencia, al limitar su autonomía y poder de decisión.

Estos vínculos precoces los perjudican en un momento de la vida en que no están aptos para formar una familia ni criar a la descendencia, debido a que carecen de madurez y responsabilidad para darle curso coherente a sus propias existencias. En la mayoría de las ocasiones causan deserción escolar, lo cual redunda en que su formación técnica y profesional se trunque; a esa circunstancia se suma que no cuentan con edad laboral para tener independencia económica.

En el caso de las muchachas, suelen quedar a merced del marido y se restringe su capacidad para expresar sus criterios, modelar y concretar sus planes y aspiraciones futuras. Muchas veces por estar relegadas al plano del hogar y los quehaceres domésticos, pierden su red social y se deteriora la autoestima al extremo de incidir en la crianza de sus hijos.

El matrimonio infantil es un serio problema que repercute en toda la sociedad y genera un saldo económico negativo en los hogares. Asumir el nuevo Código de las Familias, más que seguir una tendencia global, es abrir una brecha para legar aquello que por derecho siempre debió existir.